Analizamos cinco mitos de la reforma pensional: qué tan cierto es que “van a expropiar” el ahorro de las pensiones

El Congreso de la República aprobó el proyecto de reforma pensional presentado por el Gobierno nacional, un paso significativo que busca transformar el sistema de pensiones en Colombia.

Aunque la ley está casi lista, falta que pase la revisión de la Corte Constitucional, que decidirá si el contenido está de acuerdo con los principios que consigna la carta magna.

La nueva ley, que sería sancionada por el presidente Gustavo Petro el próximo 2 de julio en un evento en la plaza de Bolívar de Bogotá, introduce cambios sustanciales, como los cuatro pilares del nuevo régimen y, el más sustancial, la configuración de un único sistema en el que los fondos privados (AFP) ya no competirán con el régimen de prima media (el sistema del Estado).

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Por eso, Infobae Colombia recogió seis mitos sobre lo que indica el texto de la nueva ley; expertos explican qué es lo que realmente pasará desde el primero de julio de 2025, fecha en la que empezaría a regir esta reforma.

El texto de la reforma pensional dice que “todas las pensiones, incluyendo las que perciban los residentes colombianos provenientes del exterior, estarán exentas del impuesto sobre la renta. Estarán gravadas solo en la parte que exceda 1.000 UVT”.

Este fragmento proviene de un artículo similar establecido en la Ley 100 de 1993, por lo que no es algo nuevo. De acuerdo con Kevin Hartmann, abogado especialista en el tema pensional, “desde 1993, se ha entendido que este límite es mensual, por lo que se supone que el gobierno mantendrá la misma interpretación en adelante. No obstante, esta ambigüedad podría dar lugar a debates sobre si es adecuado o no cobrar impuestos a las pensiones”.

Las 1.000 UVT, equivalen a 47 millones de pesos. Jorge Llano, vicepresidente de Desarrollo de Mercados, indicó a este medio que “no es tan claro porque mil UVT puede ser al año o al mes”. Si fuera un límite anual, se trata de $3′600.000 por mesada pensional. “Hay una hipótesis de que se trata de un error, que eso se iba a ajustar en el debate de Cámara, pero que no se corrigió debido a que la reforma fue aprobada rápidamente”, expresó Llano.

Según Alejandro Espitia, economista y profesor de la Universidad Javeriana, esta reforma no amplía la cobertura pensional. El bono para adultos mayores, incluido en el pilar de solidaridad de la reforma, no equivale a una mesada pensional.

Es cierto que más adultos mayores en condiciones vulnerables recibirán un subsidio, pero este no alcanzará a toda la población que no ha cotizado, ni corresponderá al valor de una pensión, que por ley debe ser al menos un salario mínimo. Por lo tanto, no es cierto que todas las personas que no cotizaron recibirán una pensión. Tampoco hay una “cobertura universal”, como ha afirmado el presidente Petro.

La reforma establece que solo las personas clasificadas en un nivel de Sisbén inferior a C3, es decir, los 2,3 millones de ancianos más vulnerables, recibirán $223.000, tres veces superior al subsidio actual del programa “Colombia Mayor”, que es de apenas $80.000.

Otorgar tal bono a toda la población sin acceso a pensión sería imposible, ya que, según Asofondos, solo el 25% de los colombianos alcanza las semanas mínimas de cotización.

Daniel Wills, vicepresidente técnico de Asofondos, aclaró a este medio que las AFP no desaparecerán con la reforma. “Deberán seguir administrando los 420 billones de pesos que sus afiliados tienen ahorrados hasta alcanzar la edad de pensión. La edad promedio de los afiliados es de 35 años, por lo que tendrán que seguir trabajando para ellos al menos 20 años más”.

Además, una característica de esta reforma es que reduce las pensiones para las personas con ingresos medios y altos, por lo que las AFP ofrecerán planes voluntarios que complementen la pensión obligatoria. “Lo que sí es cierto es que, a medida que las personas se vayan pensionando, las AFP se irán volviendo cada vez más pequeñas”, concluyó Wills.

En el artículo 11 de la reforma se establece que las pensiones no pertenecen a la nación ni a las entidades que las administran, y que esos recursos no pueden ser destinados a ningún otro fin que no sea el de las pensiones.

Pero para evitar confusiones, la reforma asignó la administración de estos recursos al Banco de la República, una institución independiente del Gobierno. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha destacado que esta medida busca generar confianza y tranquilidad entre los ciudadanos.

Sin embargo, Espitia considera problemático que el Banco de la República maneje estos recursos, ya que su rol como garante de los fondos pensionales podría generar un conflicto de interés con su función de definir la tasa de interés.

“Si el Banco reduce la tasa de interés, disminuirá la rentabilidad del fondo de ahorro; si la eleva, afectará el crecimiento del ahorro. Esto contraviene la función principal del Banco de la República. Por lo tanto, lo ideal es mantener estas dos funciones separadas para evitar la politización de esta entidad independiente”, explicó Espitia.

La reforma fija una comisión para los fondo privados del 0,7% del ahorro. Con esto, explicó Wills, las AFP recibirán 1,4 billones de pesos en 2024. De acuerdo con analistas económicos, ese monto (1,4 billones) es equivalente a las comisiones totales recibidas por las cuatro AFP en 2023.

“Las administradoras cobrarán un porcentaje del saldo que deben administrar hasta la edad de pensión de los afiliados actuales. Por lo tanto, el 0,7% solo se aplicará sobre saldos que suman doscientos billones de pesos”, aclaró Llano. La comisión será sobre aproximadamente doscientos billones y no sobre los más de cuatrocientos billones del ahorro total, ya que se excluye el dinero de quienes ya están pensionados y de aquellos que están en el período de transición.

“A medida que los afiliados alcanzan la edad de pensión, la totalidad de su saldo pasará a Colpensiones, lo que significa que el monto sobre el cual se aplica el 0,7% disminuirá con el tiempo.”, indicó Wills.

Por su parte, Hartman aclaró que, contrariamente a lo que se ha dicho, no es el Estado quien paga esa comisión, sino los cotizantes (quienes superen el umbral fijado en 2,3 salarios mínimos). “Esto permitirá que, al menos durante el primer año, las AFP obtengan 1.4 billones de pesos anuales por menos trabajo, ya que tendrán que administrar menos dinero”.