Alerta por baja ejecución presupuestal en el sector agropecuario: no llega ni al 7% en los primeros meses de 2024

En un reciente informe, la Defensoría del Pueblo alertó sobre la baja ejecución del presupuesto destinado al sector agropecuario en Colombia.

De acuerdo con la entidad, entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2024, únicamente se ha ejecutado el 6,48% del presupuesto asignado para inversiones. En el contexto actual, este sector cuenta con una apropiación de $8 billones para gastos de inversión, distribuidos entre siete entidades del orden nacional.

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Llama la atención que la Agencia Nacional de Tierras, que recibe la mayor parte del presupuesto con $4,9 billones, registra una ejecución de tan solo el 3,83% en el mismo período. Este hecho resalta aún más la ineficiencia en el uso de los recursos destinados a este importante sector. Según el informe, esta situación podría agravar problemas estructurales en la administración de tierras y la implementación de políticas agrarias.

Además, la Agencia de Desarrollo Rural presenta una ejecución del 5,26%, lo que también revela serias deficiencias en la implementación de proyectos destinados a mejorar las condiciones de vida y productividad en el campo.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, responsable de dirigir la política pública agropecuaria, ha ejecutado el 9,99% de su presupuesto en el mismo periodo. A pesar de ser la entidad con la mayor ejecución comparada con las otras dos mencionadas, este porcentaje aún es considerado insuficiente en relación con las necesidades actuales del sector.

La Defensoría del Pueblo ha identificado problemas significativos en la ejecución de tres proyectos clave de inversión dirigidos a garantizar los derechos de la población campesina.

El primer proyecto, que busca el incremento de la formalización de predios privados rurales, presenta un grado de ejecución del 23,42%. Aunque se trata del avance más significativo entre los tres programas, este porcentaje refleja un proceso más lento de lo esperado, afectando directamente a la seguridad jurídica y el acceso a la tierra de los campesinos. “El aumento de la formalización es esencial para proporcionar estabilidad a los agricultores,” destacó la Defensoría.

El segundo programa, enfocado en el fortalecimiento del ordenamiento social de la propiedad rural, ha alcanzado solo el 13,5% de ejecución. Esta iniciativa es primordial para estructurar un uso adecuado y equitativo de las tierras rurales; sin embargo, el avance limitado indica desafíos persistentes en la aplicación de políticas de ordenamiento territorial.

El tercer proyecto, mencionado por la Defensoría, es el dedicado al fortalecimiento del programa de reforma agraria y reforma rural integral. Este programa es especialmente crítico para corregir históricas desigualdades en el acceso a la tierra, no obstante, solo ha logrado un 1,95% de ejecución.

A la Defensoría del Pueblo también le preocupan los proyectos de inversión relacionados con la generación de ingresos para la población campesina y rural, así como el fortalecimiento del sector agro. Por ejemplo, el fortalecimiento cooperativo y asociativo del pilar Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC) a través del programa ‘Campo Emprende’, apenas tiene ejecución del 1%, y ese mismo fortalecimiento de la ACFC a través de sus alianzas llega al 3,01% de realización.

A esos dos programas se suman el apoyo para la estructuración y cofinanciación de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural, cuyo avance en su ejecución alcanza el 6,41%, y la implementación de estrategias de inserción de la población rural a procesos económicos, que llega a un 3,62%.

Los resultados de la ejecución presupuestal reflejan que no han sido destinados los suficientes esfuerzos para implementar de manera efectiva los programas y proyectos de inversión dirigidos a la población rural. Para la Defensoría del Pueblo, el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional exige de parte de las entidades del sector un ritmo de ejecución mucho más rápido que el que se tiene hasta el momento, especialmente en los programas bandera de Gobierno, entre ellos, la reforma agraria y rural y la potencialización agroalimentaria del campo.