Presidencia anunció investigación interna por caso de presuntas “chuzadas” a magistrados de las altas cortes

En la mañana del 24 de junio se conoció que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República inició una serie de pesquisas frente a las denuncias de un magistrado de la Corte Constitucional sobre presuntos perfilamientos en su contra y la de su familia y equipo de trabajo.

“Desde que se hicieron públicas denuncias sobre una supuesta operación de perfilamientos e interceptaciones, se solicitó una investigación a control interno y la control interno disciplinario de la entidad con el objetivo de determinar circunstancias irregulares en los procesos y procedimientos que correspondan a las oficinas de Secretaría para las Comunicaciones y Prensa, y la Dirección de Tecnología de la Presidencia de la República”, se lee en el comunicado.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El Dapre añadió que el Gobierno está dispuesto a aportar todo lo necesario para establecer el origen de las denuncias y que trabajarán coordinadamente con las autoridades competentes.

“Es crucial aclarar que las actividades de la Dirección de Tecnología y la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa no incluyen prácticas como perfilamiento, seguimiento ni interceptación, todas ellas absolutamente condenables en una democracia. Este gobierno ha sido víctima en el pasado de tales actividades y se opone firmemente a ellas”.

El presidente Gustavo Petro negó cualquier posibilidad de que, desde su administración, se hayan ordenado interceptaciones para constreñir la independencia de la Rama Judicial o acceder a información clave.

Expuso que en la más reciente inspección que se hizo a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) se concluyó que allí ni siquiera se contaba con los dispositivos que permiten este tipo de intervenciones, lo que, de facto, constituye una prueba para descartar las denuncias.

“Desde el primer día de gobierno, la orden del presidente a los organismos de inteligencia es no usarla contra la oposición, prensa o cortes. He sido explícito en que la inteligencia del Estado se dedica a la persecución del gran crimen. En inspección a la DNI, se encontró que no cuenta siquiera con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada. Este gobierno no hace lo que sí hicieron otros en el pasado”, escribió en su cuenta de X.

Como parte de las repercusiones de la denuncia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, la Comisión de Disciplina Judicial pidió celeridad a la Fiscalía para que revele los resultados de las investigaciones por presuntas “chuzadas” ordenadas por el Gobierno para interceptar comunicaciones de magistrados de la Corte Constitucional.

La entidad hizo “un llamado para que las investigaciones anunciadas por la Fiscalía General de la Nación establezcan lo más pronto posible el origen y responsabilidades alrededor de esas circunstancias lamentables”, como se lee en el texto.

Asimismo, la comisión “exhorta a todos los sectores de la sociedad y el Poder Público en Colombia para que se garantice la independencia y la seguridad de la Rama Judicial y todos sus integrantes, quienes tienen la misión de proteger la democracia y los derechos de los ciudadanos a través de la Constitución y las leyes”.

El principal ente investigador de Colombia ya está investigando presuntas interceptaciones ilegales luego de que la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón haya dispuesto, para ello, a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia.

Esta polémica se originó con las revelaciones del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien denunció que él y su esposa estarían siendo víctimas de una persecución por parte de organismos de inteligencia estatal.

Según una carta revelada por la Revista Semana, Ibáñez Najar le escribió a José Fernando Reyes, presidente de la Corte Constitucional: “Desde hace varios meses, mis comunicaciones, especialmente mi teléfono celular, han sido intervenidas y, con base en información que he podido recaudar de varias fuentes, he llegado a la conclusión de que lamentablemente ello obedece a operaciones de órganos de inteligencia oficial que se realizan sin autorización judicial y por fuera de los marcos jurídicos”.

“También he verificado que han sido intervenidas las comunicaciones de los magistrados auxiliares que trabajan en mi despacho (…) Es una situación absolutamente irregular y arbitraria”, dice un fragmento de la carta.