Julián Bedoya estaría detrás de la dirección de la Ugpp: lo acusan de recibir contratos “a dedo” y otras irregularidades

La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (Ugpp) es una entidad del gobierno colombiano creada hace 14 años, encargada de verificar que las empresas cumplan con el pago de las obligaciones de seguridad social para sus trabajadores. Maneja un presupuesto de 289.000 millones de pesos y es una oficina de cargos técnicos donde los honorarios del director pueden llegar hasta 37 millones de pesos mensuales, siendo el tercer salario más alto en el sector público en Colombia; pese a su perfil técnico, está en el centro de una controversia política.

La revista Cambio publicado una investigación que señala prácticas de contratación irregular, sueldos elevados y clientelismo en la entidad bajo la dirección de Luciano Grisales Londoño, nombrado por el Gobierno de Gustavo Petro.

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Todo comenzó con el nombramiento de Luciano Grisales Londoño como director de la entidad, al ser el primer político en ocupar ese cargo en la historia de la unidad, pues en los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque, los directores tenían perfiles netamente técnicos.

El político del Partido Liberal, fue designado director de la Ugpp en junio de 2023. Anteriormente, fue representante a la Cámara por el Quindío durante dos períodos consecutivos (2014-2022). Su nombramiento se produjo después de que se descartara su candidatura para presidir el Fondo Nacional del Ahorro, a pesar del respaldo del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, debido a su cercanía con el político liberal Julián Bedoya.

Tras su nombramiento, el director reemplazó a gran parte del personal técnico de la entidad, introduciendo a personas con vínculos políticos y sin experiencia en la materia. Según Cambio, estos nuevos funcionarios provienen principalmente de Antioquia y Quindío, regiones de influencia de Bedoya y Grisales, respectivamente, y de la administración del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

En junio de 2023, Luciano Grisales asumió como nuevo director de la Ugpp. A partir de ese momento, se produjo una desbandada de funcionarios técnicos y se dio paso a la contratación de amigos y conocidos políticos para cumplir favores y acuerdos. Julián Bedoya aseguró su influencia en la entidad, al entregar hojas de vida de personas cercanas para ocupar cargos directivos con sueldos altos, sin la experiencia necesaria.

Entre los nombres destacados está Jorge Alberto Isaza Garay, principal asesor del despacho de Luciano Grisales Londoño, sin experiencia en temas pensionales; Edwin Muñoz Aristizábal, nombrado director de Gestión de Tecnología de la Información, tiene una investigación abierta por presuntas irregularidades durante su gestión en la Empresa de Seguridad Urbana (ESU) de Medellín; y Marelbi Verbel Peña, directora de Soporte y Desarrollo Organizacional, también tiene antecedentes políticos y falta de experiencia técnica.

La contratación de personal político no es lo único en lo que se destaca el director de la entidad, de acuerdo con la investigación de la revista citada. A principios de 2024, comenzó a entregar grandes procesos contractuales de forma directa a través de contratos interadministrativos, sin licitaciones abiertas que garanticen la competencia.

Aunque el proceso de gestión documental siempre se había hecho con licitación, esta vez se utilizó un contrato interadministrativo. Funcionarios de la Ugpp advirtieron al director que esa figura no procedía, pero se siguió adelante. Una denuncia llegó a la Casa de Nariño y al Ministerio de Hacienda, advirtiendo que se dilató deliberadamente la posibilidad de abrir una licitación, lo que llevó a la contratación directa.

Uno de los cuatro importantes contratos que caducan en 2024 ya fueron designados de manera directa. Este contrato, valuado en unos 25.000 millones de pesos, se refiere a la gestión de documentos de la entidad y fue otorgado a Rotorr de Innovación en abril, una empresa asociada a la Universidad Nacional.

Entre julio y agosto de 2024 se vencen los contratos para normalización pensional, atención al ciudadano y la infraestructura tecnológica. En los tres casos, no se abrieron licitaciones y el tiempo está en contra. El contrato de infraestructura tecnológica, valorado en aproximadamente 69.000 millones de pesos, se prorrogó por unos meses más debido a demoras y la falta de tiempo para abrir un proceso de selección.

La revista Cambio revisó los números de la Ugpp en materia de ejecución presupuestal, por lo que evidencio un aumento exagerado en el rubro destinado al pago de nóminas. En 2022 y 2023, se destinaron entre 90.000 y 95.000 millones de pesos para ese propósito. En 2024, la cifra aumentó a 145.000 millones de pesos, lo que reflejó un crecimiento en contratos de prestación de servicios, que equivalen a casi la mitad del presupuesto total de la entidad para esta vigencia.

La revista citada consultó a Luciano Grisales sobre la situación en la entidad que lidera, sobre todo en el cambio de funcionarios técnicos a políticos, y él explicó que solo el 5% de las personas son de libre nombramiento y remoción, al destacar que la entidad es poco proclive al clientelismo. Justificó los relevos en el personal directivo debido al cambio de gobierno y la visión diferente del proyecto político del presidente.

En cuanto a la falta de experiencia e idoneidad de los nombrados, Grisales manifestó que algunas personas son de su entera confianza y otras responden a la visión del proyecto político del presidente. Sobre el aumento de sueldos, indicó que es producto del ajuste determinado por el decreto salarial (0301 del 5 de marzo de 2024).