‘Falsos positivos’: JEP inició exhumación en cementerio de Valledupar para encontrar restos de personas desaparecidas

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en coordinación con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd), inició el 24 de junio de 2024 la intervención forense en el cementerio Jardines del Ecce Homo de Valledupar, que se realizará hasta el 5 de julio, con el fin de avanzar en la investigación de ‘falsos positivos’ en la costa Caribe.

La intervención pretende determinar los hechos en el asesinato de varias personas por soldados del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, entre enero de 2002 y julio de 2005, además de atender la solicitud de las familias de cuatro víctimas de desaparición forzada en la región.

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A la alcaldía de la ciudad también se le ordenó poner a disposición de las entidades encargadas de la investigación un espacio para almacenar los restos recuperados del cementerio y así avanzar en la toma de muestras para su identificación genética.

Para el tribunal, el proceso representa los esfuerzos y resiliencia de las familias que deseaban conocer cuál fue el verdadero destino de sus seres queridos: “Esta intervención es producto de un proceso que las familias de las víctimas llevan desde hace 22 años (cuando sus familiares fueron desaparecidos), y seis meses después de la medida cautelar”.

El martes 18 de junio de 2024, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz llamar a declarar a cinco generales del Ejército Nacional de Colombia encargados de liderar las arremetidas de las Fuerzas Militares entre 2005 y 2008 en la zona del Caribe colombiano.

En la solicitud, el órgano de control también ordenó a los presuntos responsables ampliar sus declaraciones voluntarias sobre las muertes ilegítimamente que se presentaron como bajas durante el combate, más conocidas como ‘falsos positivos’.

Los altos oficiales citados por la JEP fueron el general Óscar Enrique González Peña, que deberá responder por la diligencia de versiones voluntarias en relación con su liderazgo en el Comando Conjunto Caribe; Justo Eliseo Peña Forero y Luis Felipe Cadena tendrán que ofrecer detalles sobre masacres y otros hechos durante sus periodos de mando en esa misma unidad estratégica.

Igualmente, el general en retiro Hernán Giraldo Restrepo deberá especificar si lo que expuso en su versión voluntaria implica una aceptación de responsabilidad y, de ser así, en qué modalidad lo reconoce. Y Fabricio Cabrera Ortiz, cuya versión voluntaria quedó pendiente según la observación de la Procuraduría.

De acuerdo con el Ministerio Público, el fin de esta medida es robustecer las versiones de los militares para facilitar las investigaciones sobre el esclarecimiento de las prácticas de muertes ilegítimas como bajas en combate (Mipcbc) a nivel táctico y operacional para obtener la verdad sobre las decisiones y omisiones en el nivel estratégico.

Para Jairo Acosta, procurador delegado ante la JEP, “la estructura jerarquizada del ejército reclama establecer, de manera clara y precisa, las competencias funcionales de cada mando y las responsabilidades derivadas de las mismas”.

En paralelo, la Procuraduría instó a la entidad encargada de satisfacer el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, a recopilar los testimonios de los altos mandos del Ejército de la época y a buscar que estos entreguen documentos y material probatorio que justifiquen su accionar en las operaciones en la costa Caribe durante el periodo de investigación.

Ante la petición, el procurador delegado para la JEP afirmó que “no todos los militares ejercen actividades análogas dentro del Ejército; por lo tanto, a cada mando le corresponde asumir responsabilidad dependiendo de los marcos de competencias establecidos por las normas jurídicas y la doctrina militar”.