
En un contundente pronunciamiento, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, ha acusado al Gobierno de Gustavo Petro de ser el responsable directo del aumento de la violencia en Colombia. Valencia sostiene que durante el mandato del líder izquierdista se ha evidenciado un crecimiento alarmante en los índices de secuestros, extorsiones y atentados, atribuyendo esta situación a la presunta pasividad del Estado frente al crimen organizado.
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Valencia, a través de sus redes sociales, ha expuesto cifras que describen un panorama preocupante. En el departamento del Cauca, más de 72 hechos violentos se han registrado en lo corrido del 2024, con municipios como El Bordo, Santander de Quilichao, Villarica y Cajibio alcanzando máximos históricos de homicidios desde 2010. Los secuestros, según la senadora del Centro Democrático, han aumentado un 52% en 2023, con más de 338 casos reportados, y en lo que va del 2024, el incremento respecto a 2021 es superior al 90%. La extorsión, añade, ha crecido un 13% en 2023 y un 53% en 2024, superando los 11 mil casos anuales.

La congresista de oposición también subrayó un incremento significativo en el asesinato de líderes sociales, con 188 víctimas en 2023 según datos de la Defensoría del Pueblo, y 36 asesinatos en el Cauca, un aumento del 56%. Además, 1.124 líderes sociales permanecen amenazados.
Uno de los temas más graves que Valencia resaltó fue el reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales. En 2023, se reportaron 184 casos, el 68% en el Cauca, con las disidencias de las Farc señaladas como los principales responsables. De acuerdo con lo señalado por Valencia el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) recibió 213 niños víctimas de reclutamiento en 2023, y 103 en lo que va de 2024.
La senadora argumentó que la ineficacia del Gobierno de Petro en este ámbito se debe a tres decisiones claves, que tanto ella como la oposición han cuestionado continuamente desde la llegada del exintegrante del M-19 a la Casa de Nariño.

El primer aspecto que señaló la senadora uribista fue la política antidrogas deficiente. Valencia criticó la renuncia a la erradicación de cultivos de coca, ya que en 2023 se erradicó solo el 15% de lo alcanzado en 2020. Según ella, esto ha llevado al país a máximos históricos de 246 mil hectáreas de coca. También cuestiona la efectividad de la interdicción, afirmando que, aunque el Gobierno presume de sus logros en este ámbito, las cifras de incautaciones no son significativas.
Otro de los puntos críticos que ha colaborado con el incremento de la violencia han sido los ceses al fuego que han permitido a los grupos ilegales tomar control de territorios y aumentar sus filas. En su publicación Valencia afirmó que Colombia tiene 16.767 hombres en Grupos Armados Organizados (GAO), superando las cifras previas al Acuerdo de Paz de La Habana. Además, hay 2.283 hombres en Grupos Armados Delictivos, un número que, según la senadora, podría llevar al país a una situación aún más precaria si el Gobierno no realiza ajustes inmediatos.

Finalmente, señaló como el tercer factor decisivo en la ola de violencia que azota a Colombia el debilitamiento de la Fuerza Pública, de acuerdo con la opositora el Gobierno ha tenido desacertadas acciones con los integrantes de las fuerzas armadas, poniendo un ambiente tenso que aprovecharon varias estructuras de crimen organizado.
La seguridad nacional, advirtió Valencia, está en una situación crítica. Según la senadora opositora, se deben tomar acciones concretas para combatir la violencia que está generando crisis humanitarias en diversas zonas del país, especialmente en la región del Pacífico.
Vale recordar que hace algunos días en el departamento de Nariño ocurrió una tragedia a causa de las acciones criminales de los grupos terroristas, concretamente de las disidencias de las Farc. El 21 de junio de 2024, en el municipio de Taminango, un ataque contra la estación de Policía dejó un saldo de 9 personas heridas y 3 fallecidas. Asimismo, los atentados con explosivos en el Cauca evidenciaron la situación de zozobra que viven miles de civiles en las zonas de conflicto armado.
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