Juristas y políticos piden celeridad a la Fiscalía por interceptaciones a magistrados de la Corte Constitucional

Luego de que la Corte Constitucional informó a la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, sobre supuestas interceptaciones ilegales realizadas por la inteligencia del gobierno de Gustavo Petro a magistrados del alto tribunal, las diferentes colectividades judiciales y políticas reaccionaron ante este nuevo escándalo que involucra al jefe de Estado.

Una de las primeras instancias en fijar una posición al respecto fue el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, liderado por el jurista Francisco Bernate, que sostuvo que esta denuncia es delicada para el poder judicial, al considerarlo como parte esencial de la democracia.

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“Nosotros acompañamos la petición del presidente de la Corte Constitucional para que se determine si es verdad que hay algún magistrado que está siendo interceptado ilegalmente, este tipo de circunstancias son muy serias. El poder judicial es muy valioso en una democracia, y que este tipo de situaciones se presenten es muy delicado. En el evento impensable de que eso sea verdad, pues que haya una investigación a fondo”, expresó el abogado en declaración a los medios de comunicación.

Por su parte, la Corporación Excelencia a la Justicia (CEJ) afirmó que Colombia estaría ante una seria amenaza contra la institucionalidad y comprometería la independencia de poderes. “Estos hechos, de confirmarse, representan una seria amenaza para la institucionalidad y para la democracia, comprometiendo gravemente la independencia y la autonomía judicial. La Corporación Excelencia a la Justicia insta a las autoridades a obtener resultados rápidos y eficientes para esclarecer estas lamentables circunstancias”, precisaron.

De igual manera, el abogado constitucionalista, Rafael Rodríguez-Jaraba, se sumó a las voces de indagar hasta las últimas consecuencias e indicó que “nunca como ahora, la supremacía de la Constitución había estado tan amenazada, como resultado de las arremetidas de un Gobierno que la desprecia, aborrece la democracia, asedia las altas cortes y hostiga a todo aquel que discrepe de sus entelequias”.

En el ambiente político, también manifestaron su preocupación ante este nuevo escándalo del Gobierno Petro. La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, calificó que este hecho es la prueba reina frente al manejo de presidencia con las altas cortes. “Estas son las chuzadas del régimen petrista. ¿Alguna prueba más clara que esta?”, escribió la congresista en sus redes sociales.

Entre tanto, el representante del mismo partido político, Andrés Forero, señaló que este no es el primer caso donde el Gobierno había interceptado las comunicaciones de un tercero con un fin común. “Es muy grave que los magistrados de la Corte Constitucional estén siendo interceptados ilegalmente. Empezaron “chuzando” a Marelbys y ya van en magistrados de la Corte Constitucional”, afirmó en su cuenta de X.

De otro lado, el senador David Luna (Cambio Radical) señaló que el gobierno de Gustavo Petro está repitiendo los errores que han causado anteriores administraciones nacionales. “Las chuzadas a magistrados de la Corte Constitucional no es paranoia. Están repitiendo los errores y crímenes del pasado. Hoy con certeza se puede hablar del peor gobierno de la historia de este país: chuzadas, corrupción y clientelismo en niveles insospechados. Vamos a proteger nuestra democracia con la ley y llegaremos al fondo de toda esta podredumbre”, mencionó.

Finalmente, el excandidato presidencial del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, recordó que, en el 2009, durante el mandato de Álvaro Uribe, “la Corte Suprema de Justicia fue víctima de chuzadas del DAS por sus investigaciones contra la para política; se repite la historia, pero contra la Corte Constitucional por garantizar el estado social de derecho, quienes tienen todo nuestro respaldo. Gobierno Petro debe responder: ¿por qué está chuzando a la corte? Están violando no solo la constitución sino la ley estatutaria de inteligencia 1621/2013”.

Cabe señalar que, la fiscal general Luz Adriana Camargo ordenó a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema para que adelanten las investigaciones correspondientes ante las denuncias de los magistrados del alto tribunal, quienes detallaron esta situación desde el pasado miércoles 19 de junio, respectivamente.