Escándalo en el Icfes: contrataciones “a dedo” y nepotismo generan controversia

En medio de una serie de controversias que sacuden al sector educativo nacional, se intensificaron las críticas hacia la dirección del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) bajo el liderazgo de Elizabeth Blandón, que asumió su cargo en agosto de 2023. Las acusaciones se centran en presuntas irregularidades en los procesos de contratación de la entidad, específicamente en contratos directos con empresas cuestionadas, como Infotic y Emtel, que generaron un ambiente de desconfianza y llamados a investigaciones profundas.

Una de las principales preocupaciones gira en torno a la contratación directa con Infotic, una empresa que previamente estuvo envuelta en controversias por supuestos casos de corrupción en diferentes ciudades del país. Esta empresa recibió un contrato por $7.600 millones en abril de 2024 para la implementación de una plataforma informática utilizada en la aplicación de exámenes profesionales requeridos por el Consejo Superior de la Judicatura.

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Dicho convenio se realizó sin seguir un proceso de licitación pública, lo cual levantó interrogantes sobre la transparencia y la equidad en la adjudicación de contratos por parte de la entidad.

El uso de la plataforma Plexi, contratada previamente por el instituto para la realización de pruebas masivas como Saber Pro y TyT, también fueron objeto de críticas. Según un análisis técnico interno, el soporte digital mostró deficiencias significativas durante las pruebas de 2023, lo que obligó a reprogramar las evaluaciones y generó sobrecostos operativos.

A pesar de estas fallas reportadas, la líder de la entidad defendió la contratación de Infotic, bajo el argumento de que Plexi, aunque capaz de soportar hasta 10.000 usuarios simultáneos, presentaba problemas de usabilidad que requerían una solución más amigable para los usuarios.

La respuesta de Blandón a las críticas fue variada. En entrevista con El Espectador, la directora del Icfes afirmó que las decisiones de contratación se basaron en estudios de mercado y se ajustaron al tema regulatorio de la Ley 80, que permite diferentes modalidades de contratación, incluida la directa; sin embargo, varios funcionarios de la entidad, bajo condición de anonimato por temor a represalias, señalaron para el diario citado que antes de la llegada de Blandón, el instituto prefería utilizar procesos competitivos como licitaciones públicas para garantizar la idoneidad y la equidad en los contratos.

Otra empresa mencionada en las críticas es Emtel, entidad mixta con mayoría de participación de la Alcaldía de Popayán, que recibió un contrato por $3.600 millones para proyectos de transformación digital en el Icfes. La compañía también fue contratada directamente, lo cual provocó comparaciones con las prácticas previas de la entidad en términos de transparencia y competencia en la contratación pública.

Además de las preocupaciones sobre la transparencia en las contrataciones, surgieron cuestionamientos sobre posibles vínculos políticos en la administración de Blandón. Funcionarios y contratistas con supuestos lazos con figuras políticas fueron designados en cargos clave dentro del Icfes, lo cual generó inquietudes adicionales sobre la independencia y la imparcialidad en las decisiones de contratación.

Por su parte, Blandón defendió las contrataciones de empresas como Rotorr-Motor de Innovación, vinculada a la Universidad Nacional y mencionada en el contexto de investigaciones sobre la gestión de esa institución. La directora del Icfes destacó que la contratación de Rotorr se basó en la experiencia de la empresa en innovación pública digital, subrayando la necesidad de renovar y diversificar las estrategias institucionales.

Las críticas fueron respaldadas por el sindicato del Icfes y diversas voces dentro del sector educativo, que pidieron a la ministra de Educación, Aurora Vergara, que considere la destitución de Blandón y que la Procuraduría General de la Nación inicie investigaciones formales sobre las denuncias de irregularidades en la entidad, de acuerdo con el medio citado.

Hasta el momento, desde el Ministerio de Educación se declaró no tener conocimiento de los hechos reportados, mientras que Blandón continúa en su cargo, enfrentando un ambiente de creciente escrutinio y demandas de transparencia.

Según informes de Cuestión Pública y recopilados por el medio mencionado anteriormente, al menos dos altos funcionarios nombrados por Blandón tienen conexiones con el exsenador Julián Bedoya, actualmente acusado de fraude por falsificación de su título de abogado.

Una de las personas señaladas es Ana Cecilia Valencia, que ocupa el cargo de subdirectora de Talento Humano en el Icfes. Documentos revelados indican que la funcionaria y sus hermanas realizaron donaciones significativas a la campaña política de Bedoya en 2014, lo cual provocó preocupaciones sobre posibles conflictos de interés en la contratación de personal dentro de la entidad. Entre las responsabilidades de Valencia está la emisión de certificaciones necesarias para autorizar contrataciones directas de servicios en el instituto.

Además de Valencia, otra figura mencionada es Blanca Irene Echavarría Lotero, designada como secretaria general del Icfes. La funcionaria, expersonera de Itagüí y de Envigado, es esposa del exdiputado Fabio Alexander Flórez García, que reconoció tener una estrecha relación con Julián Bedoya desde sus días en la Universidad de Medellín y durante su participación en la Asamblea Departamental de Antioquia.