8 de cada 10 estudiantes con discapacidad no están caracterizados en el sistema educativo colombiano

Un estudio de la Contraloría General de la República reveló que existen barreras significativas que obstaculizan el acceso equitativo a la educación para las personas con discapacidad en Colombia.

La entidad de control fiscal realizó un análisis detallado enfocado en evaluar la implementación de las políticas públicas plasmadas en el Decreto 1421 de 2017, destinadas a garantizar una educación inclusiva para los estudiantes con discapacidad.

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Dentro de los resultados se evidenció que, a pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno, existen barreras significativas que obstaculizan el acceso equitativo a la educación para las personas con discapacidad en Colombia.

Por lo anterior, la Contraloría hizo un hace un llamado a los diversos actores involucrados a mejorar la implementación de la educación inclusiva para estudiantes con discapacidad en Colombia. Entre ellos, los Ministerios de Educación Nacional y de Salud y Protección Social, las entidades territoriales con sus respectivas secretarías de educación y de salud, las Instituciones Educativas, los rectores, docentes, padres de familia, entre otros.

“Después de conocer los resultados de este estudio nos llama poderosamente la atención la importancia de adecuar y mejorar la infraestructura que se habilita para la población estudiantil, sobre todo aquella que tiene discapacidad”, destacó el vicecontralor General, Carlos Mario Zuluaga, en la instalación del ‘Foro Sectorial Aciertos y Desafíos de la Educación Inclusiva en Colombia’.

Sostuvo que otros retos son mantener a los estudiantes con discapacidad en el sistema educativo y formar a los docentes que trabajan con ellos, para reconocer la diversidad e individualidad.

El estudio de la Contraloría arrojó diversas conclusiones y áreas de retroalimentación claves para mejorar la implementación de políticas públicas en materia de educación inclusiva:

• Ocho de cada diez estudiantes con discapacidad no están caracterizados dentro del Sistema Integrado de Matrícula (Simat), evidenciando que el servicio educativo de educación inclusiva no está siendo efectivo para la atención de las necesidades educativas especiales, lo anterior reforzado en que el 21% de los niños con discapacidad registrados en el Sistema Integrado de Matrícula, es decir, 38.067 estudiantes con discapacidad, cuentan con certificación del Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (Rlcpd), quedando un 79% por caracterizar, esto es, 162.280 estudiantes con discapacidad). Esto subraya la preocupación por la falta de certificación, ya que afecta la asignación precisa de recursos y la calidad de la atención educativa.
• Financiación insuficiente: La Contraloría destacó que, a pesar del 20% de recursos adicionales asignados para estudiantes con discapacidad, esta financiación podría no ser suficiente, especialmente considerando la alta prevalencia de discapacidad física. Señaló que los recursos adicionales no se estarían empleando de manera efectiva debido a las barreras de infraestructura, lo que podría comprometer la prestación adecuada del servicio educativo.

La entidad analizó los resultados de las auditorías de cumplimiento respecto a la implementación de la educación inclusiva y el Decreto 1421 de 2017, que se llevaron a cabo, en el 84% del total de entidades territoriales certificadas en educación del país durante el 2023, lo que representa el 97% del total de estudiantes con discapacidad registrados en el Sistema Integrado de Matrícula.

De acuerdo con estos hallazgos, se presentó afectación en el servicio de educación inclusiva a aproximadamente 77.691 niños, niñas y jóvenes con discapacidad, representado en un 55% por la región Centro Oriente; seguido de la región Caribe, con 15% y Pacífico, con 12%.

En contraste, las regiones que representan menor proporción de afectación son Llanos, con 7%, Centro Sur, con 6% y Eje Cafetero, con 5%. Otros problemas que halló la Contraloría fueron:

• Deserción escolar: El 5.19% de los estudiantes con discapacidad en el sector oficial abandonan la escuela; una tasa superior a la nacional, es decir, el 4.57%.
• Brechas educativas: El análisis detallado de los resultados de las Pruebas Saber 11 revela brechas educativas significativas de 40 puntos entre la población con discapacidad y la población general.