Venció el plazo para nombramientos de la Creg: la Procuraduría instó al Gobierno a dar soluciones urgentes

La Procuraduría General de la Nación lanzó una advertencia decisiva debido a la expiración del plazo fijado para los nombramientos en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). El llamado de alerta se produce tras el vencimiento del plazo determinado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ratificado por el Consejo de Estado el pasado 19 de junio mediante una Acción de Cumplimiento.

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La Creg, un organismo fundamental en la regulación del sector energético colombiano, tiene la responsabilidad de asegurar la eficiencia, transparencia y equidad en la prestación de servicios de energía y gas. Sin embargo, la falta de designación de sus comisionados, que debían ser nombrados por un período de cuatro años con dedicación exclusiva, ha generado inquietud en el sector. Según el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021, uno de los requisitos esenciales para estas designaciones es la publicación oficial de las hojas de vida de los nominados.

El presidente Gustavo Petro enfrenta la obligación directa de formalizar estos nombramientos, un proceso que debe cumplir con los requisitos legales establecidos. La Procuraduría no solo ha instado al Gobierno nacional a cumplir prontamente con esta tarea, sino también a documentar cada paso del proceso de nominación, incluyendo la publicación de las hojas de vida de los candidatos, conforme al Decreto 1083 de 2015.

La situación también está siendo supervisada por la delegada de la Procuraduría para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, que ha reiterado la importancia de garantizar seguridad jurídica y técnica en las decisiones relacionadas con la energía. “El Gobierno debe actuar con prontitud para completar los nombramientos exigidos por la normativa,” enfatizó la delegada.

La falta de comisionados en la Creg puede tener serias repercusiones en la toma de decisiones críticas sobre tarifas, inversiones y regulación. Esta situación de incertidumbre podría afectar no solo al sector energético, sino también a la economía nacional. Según expertos, resolver esta situación es imperativo para garantizar un espacio regulatorio sólido y confiable.

En adición a lo anterior, se ha denunciado penalmente a Omar Prias, el director de la Creg, por presuntos descuidos que han contribuido a incrementos en las tarifas de energía eléctrica en regiones como el Caribe colombiano y otras partes del país.

La Procuraduría, a través de diversos comunicados, ha subrayado la necesidad de diligencia y responsabilidad por parte del Gobierno en este asunto vital para el bienestar de los ciudadanos y la estabilidad económica del país. Han destacado que la Creg no puede permanecer sin dirección, dado su papel esencial en el desarrollo sostenible y equitativo de Colombia.

La Creg debía realizar seis nombramientos para completar su equipo de comisionados. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al Gobierno Nacional que gestionara estos nombramientos en un plazo máximo de 30 días.

Sin embargo, surge la duda sobre qué papel desempeñan los comisionados. Lo cierto es que tienen varias funciones. De hecho, cuando la competencia no es factible, la Creg regula los monopolios en la prestación de servicios públicos. Esto garantiza que las operaciones de los monopolistas sean eficientes y no abusen de su posición dominante. En otros casos, fomenta la competencia entre proveedores de servicios públicos. Busca que las operaciones de los competidores sean económicamente eficientes y de alta calidad.

En caso de no cumplir la orden judicial, la entidad podría quedar acéfala, es decir sin una cabeza que dé directrices, afectando decisiones sobre tarifas, inversiones y regulación.

En medio de este escenario, la mirada está puesta en el presidente y su capacidad para cumplir con el mandato judicial. La Creg, como hoja de ruta hacia la transición energética, no puede quedar en espera

La Procuraduría General de la Nación advirtió que la ausencia de designación de los comisionados ha impedido la implementación de medidas de política pública y regulación. Estas medidas están destinadas a promover el desarrollo de fuentes no convencionales de energía, sistemas de almacenamiento y uso eficiente de la energía.