Corte Constitucional pidió a la Fiscalía que investigue formalmente presuntos actos de espionaje

La fiscal Luz Adriana Camargo se enfrenta a una de las denuncias más graves desde que asumió su cargo: supuestas interceptaciones ilegales realizadas por la inteligencia del gobierno de Gustavo Petro a magistrados de la Corte Constitucional. La situación, revelada durante una reunión extraordinaria en la Corte, encendió las alarmas tras la difusión de un mensaje en WhatsApp que advertía sobre la intervención ilegal de comunicaciones.

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El presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, entregó a la fiscal Camargo una carta donde el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar relata cómo él y su esposa están siendo perseguidos, con chuzadas telefónicas y seguimientos permanentes. “Me permito informar que este teléfono y este chat han sido intervenidos ilegalmente por los órganos de inteligencia del Estado”, señala el mensaje que circuló a través de WhatsApp.

Según información recogida por Ibáñez, las interceptaciones afectan principalmente a su teléfono celular y datan de varios meses. En su carta de dos páginas dirigida al presidente de la Corte Constitucional, fechada el 14 de junio, el magistrado denuncia operaciones de inteligencia que, según él, se realizan sin autorización judicial y en coordinación con entidades como la Dirección Nacional de Inteligencia y la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda.

Además, Ibáñez asegura que las comunicaciones de sus magistrados auxiliares también han sido intervenidas. “Desde hace varios meses, mis comunicaciones, especialmente mi teléfono celular, han sido intervenidos y con base en información que he podido recaudar de varias fuentes, he llegado a la conclusión que lamentablemente ello obedece a operaciones de órganos de inteligencia oficial”, destaca.

La situación se agrava al considerar que la esposa de Ibáñez también ha sido objeto de perfilamientos. Según el magistrado, funcionarios “adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República” han realizado seguimientos con fines de perfilamiento a su esposa. Esta persecución se da, según Ibáñez, “por cuenta de su trabajo como magistrado en esa Corte”.

Camargo, que recibió la denuncia en la sala plena convocada por la Corte Constitucional, tiene ahora la responsabilidad de investigar estas afirmaciones. Personas cercanas a su despacho confirmaron a Semana que esta es una de las denuncias más serias que ha gestionado.

Ibáñez no descarta la posibilidad de que otros magistrados de la Corte Constitucional estén siendo víctimas de estas mismas acciones. “También he verificado que han sido intervenidas las comunicaciones de los magistrados auxiliares que trabajan en mi despacho (…) Es una situación absolutamente irregular y arbitraria”, añade en su relato.

Sobre la sesión reservada entre los magistrados de la Corte Constitucional y la fiscal Camargo ha sido un punto focal. Ella se habría comprometido a investigar dichas interceptaciones. Sin embargo, un alto oficial del Ejército le confirmó a Semana la existencia de interceptaciones telefónicas, señalando la participación de figuras clave como Carlos Ramón González, director de la DNI, y René Guarín, jefe de Tecnología y Sistemas de Información en la Casa de Nariño.

Asimismo, el senador David Luna ha denunciado que la inteligencia en Colombia ha sido centralizada por Petro en la Casa de Nariño, involucrando a varias entidades como la DNI, la UNP, la Dian, la Uiaf y la Policía.

El desmantelamiento de la inteligencia del Ejército, y la autorización limitada para la Armada y la FAC (Fuerza Aérea Colombiana) a manejar solo asuntos relacionados con el narcotráfico, ha generado inquietudes. Además, existe la duda sobre la participación de agentes de la Fiscalía en este grupo de inteligencia, y algunos oficiales indican que este bloque se está utilizando para interceptar y seguir las actividades de opositores y periodistas. Esto pese a que Petro dijo el 4 de junio: “Somos demócratas y no vigilamos a nadie”. También desmintió, desde Suecia, que estuvieran persiguiendo a los magistrados.

La relación entre el Gobierno y la Corte Constitucional se ha deteriorado, especialmente después de ciertos fallos desfavorables para el Gobierno en temas como la reforma tributaria y el Ministerio de la Igualdad. La respuesta del presidente no se hizo esperar, manifestando públicamente su descontento y solicitando al Ministerio de Hacienda un recorte presupuestario que afectaría a la Rama Judicial, lo cual fue interpretado por muchos como una injerencia indebida y una amenaza a la independencia judicial. Al respecto, sectores críticos calificaron esta decisión como “autoritaria y muy peligrosa”.

La llegada de Vladimir Fernández como magistrado del alto tribunal ha exacerbado las tensiones dentro de la Corte. Algunos magistrados consideran, presuntamente, que Fernández, previamente secretario jurídico de la Presidencia, podría estar actuando como un espía, transmitiendo las grabaciones de las sesiones de la Corte a la Casa de Nariño. Esto ha llevado a un clima de desconfianza creciente, entre rumores de que los magistrados se sienten vigilados y monitoreados continuamente.

El medio mencionado intentó obtener declaraciones del magistrado Ibáñez, que se limitó a decir que no se pronunciará sobre el tema, asumiendo que se trata de una investigación reservada en manos de la Fiscalía.

Los magistrados de las altas cortes en Colombia han manifestado su preocupación por presuntas presiones y seguimientos dirigidos desde el Gobierno de Gustavo Petro. Gerardo Botero, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, expuso en febrero de 2023 en una carta a la ONU que tanto el Poder Ejecutivo como algunos miembros del Legislativo han emitido expresiones que cuestionan y presionan las decisiones del alto tribunal. Botero también denunció amenazas y extraños robos en su vivienda.

Por su parte, Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia, reportó presiones tras el bloqueo del Palacio de Justicia durante la elección del fiscal general de la nación. Durante el suceso, el Gobierno minimizó los hechos, lo que generó mayor incomodidad entre los magistrados. Petro, en ese momento, afirmó que “la protesta del pueblo no es contra la justicia, sino contra la mafia que se toma la justicia.”

A mediados del año pasado, William Salamanca, director de la Policía, se reunió con los presidentes de las altas cortes para tratar el tema de la seguridad, luego de que un magistrado expresara durante una reunión de la comisión interinstitucional de justicia que “se pueden volver a tomar el Palacio de Justicia.” Esto removió recuerdos dolorosos del asalto del M-19 en 1985. Luego de la reunión, Salamanca se comprometió a reforzar los dispositivos de seguridad alrededor del complejo judicial.

Los magistrados del Consejo de Estado también han tenido tensiones con el gobierno y sus aliados del Pacto Histórico. Este tribunal ha emitido fallos contrarios a congresistas de dicha coalición, resultando en la pérdida de escaños para figuras como Roy Barreras y Alexánder López. Desde el Pacto Histórico se ha atacado continuamente a este alto tribunal por sus decisiones, acusándolos de una “arremetida jurídica y mediática.”

La JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) ha sido otro foco de la controversia. Roberto Carlos Vidal, presidente de este tribunal, denunció amenazas de muerte contra magistrados y funcionarios, las cuales llegaron a los correos personales de dos abogados y una psicóloga a través de un panfleto firmado por las Águilas Negras. Las investigaciones sobre estas amenazas aún no tienen resultados concluyentes.

La sensación de inseguridad en la JEP también responde a críticas de funcionarios del gobierno frente al proceso de paz con las Farc. El excanciller Álvaro Leyva afirmó en una entrevista que la JEP había perdido su rumbo. Esta postura fue respaldada por Timochenko y otros excomandantes de las Farc, quienes propusieron un tribunal de cierre que involucre a todos los actores del conflicto.