Por qué es importante la factura electrónica en Colombia y cuáles son las sanciones si no cumple con ella

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) intensificó sus acciones en 2024 para combatir la evasión fiscal y asegurar el cumplimiento tributario en Colombia, lo que ha resultado en el cierre de 119 establecimientos en todo el país. La falta de implementación de la factura electrónica ha sido una de las principales razones para estas acciones.

Desde 2015, la Dian ha estado promoviendo la transición hacia la factura electrónica, y en los últimos años se convirtió en un requisito obligatorio. Este método de facturación, que tiene la misma validez legal que la factura de papel, ofrece numerosas ventajas al ser generado, validado, expedido, recibido, rechazado y conservado electrónicamente, lo que lo hace más seguro y eficiente.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Para muchas empresas y establecimientos comerciales, la factura electrónica es una obligación crucial. La Dian busca con este sistema asegurar que todas las transacciones comerciales sean documentadas con precisión y en tiempo real, facilitando así la detección de inconsistencias y la lucha contra la evasión de impuestos.

Todas las personas jurídicas que venden bienes y servicios están obligadas a usar la facturación electrónica, así como las personas naturales con ingresos superiores a 3.500 UVT (equivalentes a 130 millones de pesos al año). Además, cualquier negocio que facture más de 10 millones de pesos mensuales, los responsables del impuesto al consumo, litógrafos y usuarios aduaneros también deben cumplir con esta normativa.

El incumplimiento de esta obligación puede resultar en sanciones severas. Según el artículo 13 de la Ley 2155 de 2021, hay dos tipos de sanciones principales. La primera es una sanción económica que implica que el infractor debe pagar el 1% de todas las transacciones realizadas sin cumplir adecuadamente con la normativa.

La segunda sanción es la clausura o cierre del establecimiento comercial, oficina o consultorio, como lo establece el Decreto Ley 624 de 1989 (Estatuto Tributario), el cual indica: “Quienes, estando obligados a expedir facturas y no lo hagan, podrán ser objeto de sanción, de clausura o cierre del establecimiento de comercio, oficina o consultorio, o sitio donde se ejerza la actividad, profesión u oficio”.

Los cierres pueden variar en duración, de 3 a 30 días, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida. La Dian dejó claro que continuará con estas medidas para garantizar que todos los establecimientos cumplan con las normativas vigentes, protegiendo así tanto la economía como la transparencia en las transacciones comerciales.

En un análisis reciente de Fedesarrollo, basado en cifras de la Dian, se evidenció una disminución significativa en el recaudo tributario hasta abril de 2024, con una caída del 10,3%. Este descenso contrastó con los incrementos moderados durante los años de la pandemia, que fueron de 1,3% y 4,8% en 2020 y 2021 respectivamente. En 2023 el recaudo tributario había alcanzado un aumento del 28,7%.

Esta caída del 10,3% en el recaudo es la más pronunciada registrada desde 2010, cuando se experimentó una disminución del 1,3%, una cifra que, hasta ahora, había sido la única caída significativa en los últimos 23 años.

El Comité de la Regla Fiscal (Carf) resaltó que la Dian recibió significativamente menos ingresos en los primeros tres meses de 2024 en comparación con el mismo periodo del año anterior. En marzo, la meta de la Dian era alcanzar un recaudo de 71,9 billones de pesos. Sin embargo, según estimaciones de Carf, el recaudo tributario, descontadas las devoluciones a empresas y personas por saldos a favor, fue de tan solo 67,2 billones de pesos.

Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, sugirió que para cumplir con la regla fiscal—una ley que establece límites de gasto al gobierno para evitar el endeudamiento excesivo—se deberían implementar recortes en el gasto público. “La ley debe ser cumplida y continuaremos siendo firmes; cualquier establecimiento que no cumpla con la documentación y los estándares mínimos de higiene y salud establecidos por la normativa será cerrado indefinidamente”, comentó.

Para entender mejor las cifras, es fundamental considerar el contexto de los últimos años. En 2020 y 2021, aunque el país enfrentaba los desafíos de la pandemia, logró cerrar los años con incrementos en el recaudo tributario. Sin embargo, la tendencia se ha revertido drásticamente en el primer trimestre de 2024. Este cambio ha generado preocupaciones tanto en el ámbito gubernamental como en el sector privado.

En 2023 Colombia logró una hazaña con un aumento del 28,7% en el recaudo, pero la caída actual ha puesto en alerta a las autoridades fiscales. Los desafíos para el cumplimiento de las metas de recaudo parecen más complejos para 2024.