Por incremento en extorsiones en Medellín solicitan medidas al Gobierno nacional

Las autoridades locales y la empresa privada en Medellín se quejaron por el aumento en los casos de extorsión que se registran en la capital de Antioquia.

Durante el Congreso de Seguridad que se llevó a cabo en la ciudad, ambos sectores se refirieron a uno de los delitos que más impacta a la ciudad, a los habitantes y especialmente a la economía.

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Las autoridades locales y la Confederación Nacional de Seguridad Privada informaron de un alarmante incremento del 64% en los casos de extorsión.

Debido a este fenómeno que está afectado significantemente el desarrollo económico y comercial, no solo de la ciudad sino del país. Miguel Ángel Díaz, presidente de la Confederación, instó al Gobierno nacional a adoptar medidas urgentes para combatir este delito.

Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín, reconoció la gravedad del problema, señalando que la extorsión es uno de los delitos más comunes en la ciudad.

A pesar de lograr un aumento del 4% en las capturas relacionadas con este crimen en 2024, Villa destacó la necesidad de una atención continua para abordar este problema.

Desde la Secretaría de Seguridad de Medellín, se destaca un compromiso firme con la reducción de la incidencia de la extorsión y la protección del comercio. La administración local se ha comprometido a seguir colaborando estrechamente con los organismos de seguridad para mitigar este delito.

El Congreso de Seguridad reunió a diversos actores del sector de seguridad privada, quienes propusieron la implementación de soluciones tecnológicas para enfrentar la extorsión.

En particular, se destacó la vulnerabilidad de sectores como los restaurantes y los pequeños negocios. Carlos Abisambra, representante de Convivamos Seguridad Privada, explicó que el temor a ser víctimas de extorsión y otros delitos está impactando la vida diaria de los ciudadanos, quienes temen salir a realizar actividades cotidianas.

Miguel Ángel Díaz, presidente del gremio de seguridad privada, calificó el aumento de extorsiones como un freno para el desarrollo económico e industrial del país.

El representante aseguró que es indispensable que el Gobierno nacional tome medidas concretas para enfrentar este problema que afecta no solo a las empresas, sino también a los ciudadanos del común. Díaz se mostró especialmente preocupado por el impacto en los emprendimientos y pequeños negocios, que son los más susceptibles a estos delitos.

Las propuestas de las empresas de seguridad incluyen la utilización de tecnología avanzada para prevenir y contrarrestar las acciones extorsivas.

Entre las medidas sugeridas se mencionan sistemas de monitoreo en tiempo real, inteligencia artificial, y aplicaciones móviles de alerta. Participantes del congreso señalaron que la tecnología puede ser una herramienta clave para desbaratar las redes de extorsión y brindar tranquilidad a los ciudadanos.

La Confederación Nacional de Seguridad Privada, junto con otros organismos locales, está desarrollando informes y estudios detallados para evaluar el impacto de la extorsión en diversos sectores económicos. Los primeros resultados de estos estudios subrayan la necesidad de un enfoque integral y coordinado entre el sector público y privado para combatir este fenómeno.

Los impactos del delito de extorsión no solo en Medellín, sino en todo Colombia, ha generado preocupación en la ciudadanía que también exige una acción inmediata y decidida por parte de las autoridades y la industria de seguridad privada.

Funcionarios del Gaula de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá lograron la captura de un hombre de 28 años que se hacía pasar por miembro de la institución para estafar a ciudadanos en varios municipios de Antioquia.

El operativo de captura se conoció el miércoles 19 de junio, y se llevó a cabo en la Terminal de Transporte del Norte de la capital antioqueña, justo cuando recibía el dinero producto de una extorsión.

Según informaron las autoridades, con la fachada de miembro de la Policía Judicial, citó a la víctima en dicho lugar para obtener cuatro millones de pesos, a cambio de no ejecutar una supuesta orden de captura en su contra.