Hay indignación por el cierre temporal del piqueteadero Doña Segunda por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), luego de identificar que no se estaba llevando a cabo la facturación electrónica exigida para los establecimientos comerciales. La decisión de la entidad generó una ola de críticas por las afectaciones generadas a los trabajadores.
Doña Segunda, la dueña del famoso restaurante de picadas, ubicado en el barrio 12 de Octubre, en localidad de Barrios Unidos de Bogotá, lamentó entre lágrimas el cierre de su negocio. “Me parece injusto. Yo pago mis impuestos, pago todo lo que la Dian exige. Me parece que ahorita quedan 14 (se confirmó que son 15) personas sin sueldos tres días y de esas personas dependen familias con hijos”, señaló la mujer en conversación con varios medios de comunicación.
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A través de sus redes sociales, el restaurante informó a la ciudadanía y a los clientes que acatará la orden de la Dian y que, cuando sea posible retomar sus operaciones, garantizará a los consumidores la prestación del servicio.
“En Doña Segunda somos respetuosos de las decisiones de las autoridades y estamos comprometidos en el cumplimiento de las normas y obligaciones. Doña Segunda y sus colaboradores agradecemos las muestras de cariño recibidas ante los recientes eventos”, indicó el establecimiento en un estado de la red social Instagram.
La sanción de la Dian surgió luego de que funcionarios de la entidad visitaran 19 establecimientos comerciales en seis localidades de la ciudad. En esos lugares se identificó que no estaban cumpliendo con la facturación electrónica, por lo que también fueron clausurados de manera temporal. De acuerdo con un comunicado, en lo corrido de 2024 han cerrado 119 negocios por ese mismo problema.
Aunque la Dian sustentó las razones por las cuales las sanciones son válidas, varios políticos cuestionaron la decisión, sobre todo, por las afectaciones a doña Segunda y los empleados que tiene a su cargo. El concejal de Bogotá Daniel Briceño, por ejemplo, señaló al Gobierno del presidente Gustavo Petro de ir en contra de las personas trabajadoras del país.
“La regla general es la persecución a la gente buena y a la que genera empleo. El gobierno Petro premia a los delincuentes de la Primera Línea y persigue al piqueteadero de Doña Segunda. Quien produce es sancionado. Quien delinque es premiado”, aseveró.
El partido político Cambio Radical también se pronunció al respecto, indicando señalando presuntas contradicciones del Gobierno nacional con respecto a las promesas de campaña y las actuaciones durante la administración.
“Ahí está pintado el gobierno del @PetroGustavo: en campaña usó a los adultos mayores. Pero ahora la DIAN es implacable con Doña Segunda. Exaltar al delincuente y atacar al empresario es el “cambio” de Petro. Para ellos #UnPatrimonioEs el sombrero de Pizarro y no un sitio emblemático”, precisó la colectividad.
Por su parte, el excandidato a la Presidencia de la República Enrique Gómez señaló al Gobierno Petro de premiar a los jóvenes de la Primera Línea y a los “terroristas”. Incluso, indicó que se ha buscado beneficiarlos con subsidios millonarios.
“¿Queda claro que a este régimen no le interesan los más viejos? Le cierran el negocio a una leyenda de la comida típica colombiana, de los piquetes, atacan a Doña Segunda. Para los que trabajan, producen y generan empleo: persecución (sic) ¡Miserables!”, escribió Gómez.
Asimismo, el presidente de Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, insistió en que la falta de manejo de facturación electrónica no debe ser considerada una evasión, por lo que no tendría justificación los cierres ordenados por la Dian. Adicionalmente, indicó que las sanciones deben ser establecidas de manera proporcional, argumentando que una persona de la tercera edad como doña Segunda debe ser tratada dignamente.
“@FenalcoNacional ha sido el gremio que, por excelencia, ha acompañado a la @DIANColombia en la socialización y sensibilización con los afiliados frente a la implementación de la factura electrónica por eso sabemos que urge una reforma que evite que quienes aún no adoptan o están en proceso de implementación de la factura electrónica no sean perseguidos y sancionados como si hubieran cometido un crimen. Las autoridades administrativas deben obrar en consideración con las condiciones particulares de los ciudadanos”, añadió.