María Elisa Morón, vicepresidenta de gestión corporativa en Colpensiones, fue llamada a juicio por la Fiscalía General de la Nación. La acusación se centra en el presunto direccionamiento de un contrato destinado a la defensa jurídica de la entidad, que aumentó inexplicablemente de 4.142 millones a 12.455 millones de pesos.
Por tal motivo, el ente acusador presentó cargos por posible celebración indebida de contratos y peculado contra Morón, según informó la misma entidad.
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El contrato en cuestión, cuyo objetivo era proporcionar apoyo en la representación jurídica de Colpensiones, fue adjudicado a la firma Lupa Jurídica SAS sin aparente competencia. Según la acusación, no se presentaron cotizaciones competitivas, y la contratación se basó en un análisis de precios concertado con el beneficiario. Carlos Orozco, fiscal a cargo del caso, indicó que “Colpensiones realizó un análisis de precios y condiciones de mercado con el fin de determinar el valor estimado del futuro contrato”, lo cual descalificó irregularmente a la firma Icarus SAS., como informó Semana.
“Usted no verificó el contenido de los estudios previos, los cuales reflejaron el valor del contrato producto de una cotización concertada con el contratista Lupa Jurídica SAS”, señaló un extracto de la acusación, que permitió evidenciar una falta de estudio de mercado transparente que reflejara el presupuesto adecuado del contrato.
De hecho, la Fiscalía sostuvo que se vio beneficiada indebidamente a Lupa Jurídica SAS mediante la provisión de información privilegiada que les habría permitido ajustar la cotización y asegurar el contrato.
El fiscal Orozco presentó pruebas que sugieren que las adiciones al contrato se hicieron sin justificación clara y violaciones a las normativas de contratación de Colpensiones. El documento acusatorio indica que María Elisa Morón permitió la salida de recursos por más de 8.300 millones de pesos adicionales al contrato original, sin cumplir con los procedimientos y recomendaciones necesarias. “Usted, señora Morón, lesionó sin justa causa el bien jurídico de la administración pública”, aseveró la Fiscalía.
Las investigaciones iniciaron a finales de mayo
Tres semanas atrás, la misma Procuraduría había advertido que iniciaría investigaciones en la entidad del Estado encargada de las pensiones de los colombianos. El 28 de mayo del 2024, el Ministerio Público informó que, además del contrato para la defensa jurídica, habría otros contratos para los puntos de atención al cliente “se ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra la vicepresidenta de Colpensiones, María Elisa Morón Baute, y tres directivos más, por los presuntos sobre costos en que se incurrió para proveer los servicios de atención multicanal (contact center) y los suministros de trabajadores en misión”. La senadora Paloma Valencia fue quien inicialmente denunció esta situación, y calculó que las adiciones incrementaron los contratos de 26.000 millones a 65.000 millones de pesos sin la debida justificación.
Inclusive, la institución afirmó que “la Tercera Delegada para la Contratación Estatal señaló que, según denuncias que dieron a conocer medios de comunicación, los funcionarios habrían participado en la suscripción de contratos a los que se les hicieron prórrogas y en los que en algunos casos se adicionaron recursos que superaron el 50 % del valor inicial, sin que aparentemente existiera justificación”.
Mientras tanto, la reforma pensional aprobada recientemente en el Congreso continúa generando preocupación entre los colombianos, ya que el manejo de los ahorros de millones de ciudadanos ha sido puesto en manos de Colpensiones.
En línea con el análisis que emitió Semana al respecto, hay cierta relevancia en la aprobación de esta reforma y los escándalos de presunta corrupción. De hecho, la reforma se produjo en medio de debates controvertidos y tácticas legislativas que habrían envuelto a los congresistas a votar el texto sin suficiente discusión, como la oposición ha señalado en el Congreso.
En repetidas ocasiones el medio intentó obtener una declaración de Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, y de María Elisa Morón, sin éxito. Sin embargo, indicó en declaraciones anteriores que “en la entidad no se usa la plata de los pensionados para gastos administrativos. Esos recursos son intocables, no solo por mandato constitucional, sino porque nosotros somos éticos”.