Ordenan suspender la extradición de Aldemar Soto Charry, explosivista de las Farc y responsable del atentado contra Álvaro Uribe

La Sala de Amnistía o Indulto (SAI) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó a los ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores la suspensión del trámite de extradición a Estados Unidos de Aldemar Soto Charry, exintegrante de la Columna móvil Teófilo Forero de las extintas Farc.

La decisión se basó en cinco hallazgos relevantes entregados por Soto Charry que aportan a los procesos de verdad que investiga la JEP.

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De acuerdo con el tribunal de paz, Soto Charry entregó información crucial sobre el secuestro del senador Jorge Eduardo Gechem Turbay ocurrido el 20 de febrero de 2002, el atentado contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez el 14 de febrero de 2003 en Neiva, entre otros eventos.

También reveló detalles sobre una fosa en los Llanos del Yarí, donde se encontraría una persona desaparecida. Al respecto, la JEP señaló: “la extradición de personas a los Estados Unidos hace más difícil la realización de trámites judiciales”.

Además, Soto Charry declaró tener conocimiento sobre Juvenal Ovidio Palmera Pineda, conocido como Simón Trinidad, y la desaparición de un miliciano coautor de la inteligencia que condujo al secuestro de Gechem Turbay.

La SAI remitió el caso del compareciente a la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP para que aporte al caso 01 sobre secuestros y al caso 10, que investiga crímenes no amnistiables cometidos por las Farc-EP.

En diciembre de 2021, la Sección de Revisión de la JEP había negado la garantía de no extradición a Soto Charry debido a que su solicitud incluía hechos posteriores a la firma del Acuerdo Final de Paz. No obstante, la actual solicitud subraya la necesidad de garantizar la comparecencia del exintegrante de las Farc ante la jurisdicción para contribuir con información significativa sobre la estructura de la Columna móvil Teófilo Forero.

Según el tribunal de paz, con esta decisión también se busca garantizar la seguridad jurídica de los comparecientes, lo cual incluye la que aseguren su presencia ante las salas y secciones de la JEP, y en pro de satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición. En palabras de la sala, “el Estado colombiano, deberá valorar la conveniencia de suspender, de ser necesario, el envío del compareciente a una cárcel ubicada en los Estados Unidos”.

Además, la magistratura solicitó a la Fiscalía General de la Nación que inicie las investigaciones pertinentes basándose en una denuncia presentada por Soto Charry sobre irregularidades que derivaron en su solicitud de extradición. Esta denuncia coincide con observaciones de la abogada experta en derechos humanos, Antonia Urrejola, relatora de un informe solicitado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la resolución 53 de 2022, sobre los obstáculos para la implementación del acuerdo de paz firmado por el Gobierno colombiano y las extintas Farc.

Aldemar Soto Charry, conocido como el Ingeniero, fue capturado en agosto de 2019 por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Según informó el entonces fiscal encargado, Fabio Espitia, Soto Charry operaba una ruta de narcotráfico hacia Estados Unidos. Este corredor del tráfico de drogas comenzaba en Huila, proseguía por Caquetá y culminaba su paso por Putumayo, antes de ser enviada a Ecuador y finalmente llegar a los Estados Unidos.

El 14 de febrero de 2003 se frustró un atentado contra el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez. Una casa del barrio Villa Magdalena en Neiva, fue el centro de un evento trágico cuando explosivos destinados a un ataque terrorista contra el avión que transportaría a Uribe detonaron prematuramente.

Los explosivos, diseñados por alias el Ingeniero, estaban listos para ser lanzados desde rampas ideadas para el ataque. Sin embargo, la detonación anticipada en la vivienda causó la muerte de al menos 15 personas y dejó heridas a otras 66.

Una vez capturado, el Ingeniero enfrentó un juicio y fue condenado a 30 años de prisión por varios crímenes, incluyendo homicidio agravado, terrorismo y asociación ilícita.