Juan Gabriel Villada, residente de Medellín, tuvo que ser internado en una unidad de cuidados intensivos del Hospital Fundación San Vicente de Paul. De acuerdo con Noticias Caracol, permaneció allí bajo estricto cuidado y observación durante 10 días. Tras su salida del hospital, debía someterse a sesiones de quimioterapia para tratar el sarcoma de kaposi que ha afectando su salud y el cual fue descubierto por profesionales de la salud en diciembre de 2023.
De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NIH por sus siglas en inglés), el sarcoma que aqueja a Villada se caracteriza por generar lesiones en la piel y en membranas mucosas de la garganta, la nariz y la boca, así como en otros órganos. Estas lesiones pueden encontrarse de manera simultánea en diferentes partes del cuerpo y son de color púrpura.
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“Sus signos son lesiones de color rojo azulado, planas o elevadas y con una forma irregular, el sangrado por las lesiones gastrointestinales, la dificultad para respirar por las lesiones pulmonares y el esputo con sangre también por las lesiones pulmonares”, añadió el Instituto Nacional de Cancerología de Colombia en su sitio web.
Ahora bien, debido a esta afección, el ciudadano se puso en la tarea de agendar la cita para programar sus sesiones de quimioterapia. Sin embargo, según detalló el medio citado, en su EPS le negaron la prestación del servicio porque, según su registro, fue declarado como fallecido. Esto pasó por un error del hospital en el que fue atendido, que terminó generando que la Registraduría Nacional lo enlistara en sus datos como una persona muerta.
Esta situación provocó otro problema: debido a la equivocación aparece en mora en los pagos por los servicios de salud recibidos, por lo que ahora debe costearlos por completo. El inconveniente persistió a pesar de que ya han pasado cinco meses de que se descubriera el error en los datos. De acuerdo con un comunicado del Hospital San Vicente de Medellín, la equivocación fue cometida por un médico el 9 de diciembre de 2023, cuando emitió un certificado de defunción con el nombre del ciudadano.
Sin embargo, ese mismo día se tomaron acciones de corrección: anularon el certificado en el Registro único de Afiliados (Ruaf) del Ministerio de Salud. La anulación se hizo efectiva el 11 de diciembre de 2023 y el paciente recibió un soporte al respecto. “En el hospital seguimos trabajando en la capacitación continua y la verificación constante del adecuado diligenciamiento de estos reportes.
A pesar de que se llevó a cabo la debida corrección, el usuario siguió presentando trabas para acceder a los servicios de salud, por lo que, por medio de tutelas, consiguió un fallo judicial en el que se ordena a la entidad promotora de salud afiliarlo nuevamente y permitirle el acceso a los tratamientos que necesita para enfrentar el cáncer que padece. Según informó Blu Radio, al parecer, dicha decisión no fue acatada a tiempo por su EPS, que lo reintegró como afiliado hasta el 19 de junio de 2024.
De acuerdo con Blu Radio, en medio de la situación no resuelta con la entidad, el ciudadano ha invertido más de $70 millones para cubrir la atención en salud que necesita. Incluso, se ha visto obligado a vender algunas cosas y un apartamento para poder recolectar el dinero que necesita para su tratamiento.
Este tipo de situaciones en Colombia no son nuevas. Un caso similar se registró en 2021, en Cali (Valle del Cauca). Allí, Belmer Alberto Ríos, un ciudadano de 68 años, se encontró con una sorpresa inesperada al intentar programar una cita médica en su EPS, Sura. Según relató al medio de comunicación NotiCentro de CM&, descubrió que oficialmente figuraba como fallecido desde el 8 de mayo de 2021, debido a un error administrativo en la Registraduría Nacional.
El origen de la complicación radicó en un error numérico en el último dígito de su cédula, lo que hizo que su documento apareciera vinculado a otra persona que sí había fallecido en esa fecha. Este hecho resultó en la suspensión de sus derechos y servicios médicos.
Para corregir esta situación, Ríos tuvo que iniciar un proceso administrativo para revalidar su cédula y otros documentos oficiales. De acuerdo con una funcionaria de la Registraduría a la que entonces consultó, el trámite para recuperar su estatus legal como persona viva podría tardar entre 15 y 20 días, en los que no le sería posible adelantar ningún otro proceso porque seguiría siendo una persona fallecida.
La funcionaria también le mencionó que este tipo de situaciones son bastante comunes, afirmando que la entidad maneja casos de ese estilo “por montones”.