Durante una intervención en el lanzamiento de Misión Cauca, en Popayán, el presidente Gustavo Petro se refirió al desarrollo de obras públicas en zonas de conflicto armado y manifestó estar preocupado por su ejecución. Aseguró que llevar a cabo un proceso normal de adjudicación de obras públicas en regiones en las que es más álgida la guerra, puede no funcionar.
“Las obras públicas en zonas de conflicto, que en realidad son zonas de economías ilícitas, tiene que hacerlas el Estado mismo, no se pueden contratar si no eso se condena a no hacer nada”, detalló el primer mandatario en el evento público.
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Esto ocurre, según el jefe de Estado, porque las organizaciones armadas están interesadas en quedarse con las utilidades de los proyectos. Puso como ejemplo lo que sucedería con la construcción de un hospital El Plateado (Cauca), donde podría quedar desierta la licitación para adelantar la obra o donde el contratista sería un empresario cercano a algún grupo armado. Y, esta persona, probablemente, no construiría el hospital porque “le toca pasar la platica”.
Teniendo en cuenta ese panorama, puso sobre la mesa la opción de un estado de excepción, que, de acuerdo con la Constitución Política de Colombia, puede declararse bajo tres circunstancias: guerra exterior, conmoción interior y emergencia económica, social y ecológica.
“Entonces, tenemos que trabajar en la situación real. ¿Ameritaría un estado de excepción? Discútanlo. A mí ya me tumbaron uno cuando los niños de La Guajira no tenían agua, pero discútanlo. ¿O dentro de la arquitectura actual normativa ordinaria, podemos movernos sabiendo cómo son las condiciones? Yo tengo ahí una propuesta”, aseveró Gustavo Petro.
En efecto, en octubre de 2023 la Corte Constitucional rechazó el Decreto 1085 de 2023, por medio del cual se declaró un estado de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira. Este decreto tenía como fin enfrentar la crisis humanitaria del departamento, en donde la población no tiene acceso a los servicios básicos para tener una calidad de vida.
Ahora, el primer mandatario propuso que se discuta establecer un estado de excepción para poder llevar a cabo las obras públicas en las zonas donde hay economías ilícitas. Su idea generó malestar en algunos políticos que criticaron su administración, que ha estado inmersa en varios escándalos relacionados con el manejo irregular de los recursos públicos.
“¿Estado de excepción? Es que el problema no es de un estado de emergencia, el problema es la robadera de su gobierno”, expresó la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal en su cuenta de X (antes Twitter).
El expresidente del Congreso de la República y exsenador Ernesto Macías también se pronunció al respecto, asegurando que declarar un estado de excepción en este momento, en el que el Gobierno nacional atraviesa por múltiples cuestionamientos e investigaciones por presuntos actos de corrupción, sería “entregarle una chequera en blanco al ladrón”. Asimismo, insistió en que el presidente estaría “a un paso” de declarar una conmoción interior.
Cabe resaltar que, el Gobierno está en el ojo del huracán por el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que involucra la desviación de recursos que presuntamente fueron a parar a las manos de congresistas. Los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, fueron señalados de hacer parte del entramado. Ambos han negado las acusaciones en su contra.
A pesar de las dudas que hay con respecto a la transparencia del gobierno, el jefe de Estado insistió en que un estado de excepción es una buena idea. A través la red social X, Gustavo Petro hizo énfasis en la propuesta, que está abierta a un debate, explicando que funcionaría para poner fin a la economía ilícita y la violencia en el sur del litoral pacífico.