Exsenador uribista se despachó contra la fiscal General y la acusó de “engavetar” procesos que salpican a Gustavo Petro

La decisión de la Fiscalía General de la Nación de abrir investigación contra el actual candidato a la Alcaldía de Medellín, Federico Fico Gutiérrez, por lo que serían aparentes irregularidades en la financiación de su campaña a la presidencia en 2022, generó una fuerte polémica entre los contradictores del actual Gobierno. En especial, entre los miembros del partido Centro Democrático, cercano al mandatario local.

Uno de ellos fue el exsenador de dicha colectividad, Carlos Felipe Mejía, que en su perfil de X lanzó duros cuestionamientos a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, a la que le criticó lo que para él es la falta de imparcialidad, además de agilizar los procesos que involucran a personajes que integran la oposición, y no los que salpican al actual presidente, Gustavo Petro Urrego.

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Para Mejía, resulta inadmisible que avancen a toda marcha casos como los del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que ya fue llevado a juicio, luego de que se produjera cambio del titular del órgano de investigación judicial. Y, ahora, uno que se abrió contra Gutiérrez, incluso con inspección al Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de las sospechas sobre presunta financiación ilegal.

En contraste, según el excongresista, que parece representar la voz de un grupo mayoritario de ciudadanos, por lo que se aprecia en redes sociales, resulta inexplicable que, por ejemplo, las investigaciones contra la campaña de Petro por posible financiación ilegal, que se encontraban listas para imputación y compulsa de copias a la Corte Suprema de Justicia, desde febrero de 2024, no progresan.

A su vez, no se entiende, de parte del exsenador, por qué no se ha hecho la imputación de nuevos delitos contra Nicolás Petro: hijo mayor del ex jefe de Estado, que se sumarían a los de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por contratos celebrados con el Estado. Lo anterior, pese a que se ha sabido que el fiscal Mario Burgos hizo el anuncio en mayo de 2024, por interés indebido en celebración de contratos.

A lo que se sumarían otros casos, como el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), escándalo en el que están implicados Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de riesgo de la entidad, y que no han tenido mayor trascendencia por parte de Camargo. Al igual que los casos de Laura Sarabia, directora del Dapre, y Armando Benedetti, embajador de Colombia ante la FAO.

“Fiscal tiene en el congelador los procesos de violación de topes y corrupción que involucran a Gustavo Petro, a su hijo, a su hermano, a (Laura) Sarabia, a (Armando) Benedetti, a Roa, a (Carlos Ramón) González, a Olmedo, a Sneyder (Pinilla), ministros, etc. Pero corrió con caso de Uribe y ahora va por Fico. ¡Muy grave!”, publicó Mejía en su perfil, acompañado de una postal de Camargo

De acuerdo con Blu Radio, una serie de delegados de la Fiscalía Especializada Anticorrupción llegaron a las instalaciones del CNE, en pro de investigar la contabilidad reportada por Gutiérrez ante el organismo. La diligencia se enfocó en recoger información sobre el grupo de ciudadanos que inscribió la candidatura de Gutiérrez, tanto a la consulta de la derecha como en los comicios del 29 de mayo de 2022.

Además, recolectaron datos sobre las cuentas reportadas por Gutiérrez y su partido, Creemos, que hasta abril de 2024 tuvo personería jurídica, luego de que un fallo del Consejo de Estado lo sacara del camino. Todo esto, por orden del coordinador de la oficina de delitos electorales, Elkin Ardila Espinosa, que ya habría abierto noticia criminal contra en este caso, en el ánimo de profundizar en las indagaciones.

Según el citado medio, Ardila Espinosa es el mismo que investiga a los no aforados en el proceso por supuesta financiación ilegal e irregular de la campaña del presidente Gustavo Petro, en 2022; que se abrió tras conocer las declaraciones de su hijo, Nicolás Petro, que salpicaban a miembros de su equipo, entre ellos el entonces gerente Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol.

Además del funcionario judicial que adelantó investigación que llevó a la imputación de cargos contra el excandidato presidencial Rodolfo Hernández y su esposa, Socorro Oliveros: acusados por financiación ilícita de la campaña presidencial en 2022. Lo anterior, mientras estaba acusado por el caso Vitalogic, del cual fue condenado a una pena de 64 meses de prisión.