La Cámara de Representantes dio su visto bueno al Proyecto de Ley “Salud Mental y Bienestar Psicosocial”. Esta iniciativa, liderada por la Representante Olga Lucía Velásquez, busca transformar la atención en salud mental en Colombia. Más de sesenta organizaciones y cien representantes de la sociedad civil colaboraron en este proyecto.
El proyecto de ley propone la creación de una instancia directiva de salud mental dentro del Ministerio de Salud, que establecerá a la salud mental como una prioridad distinta de la salud pública. Otra medida destacada es la atención integral en salud mental para jóvenes de 14 a 28 años, priorizando su bienestar psicosocial a través de estrategias coordinadas por los Ministerios de Educación y Salud.
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Dentro del ámbito educativo, se prevé la formación de equipos interdisciplinarios en las instituciones educativas y entidades territoriales en educación, los cuales abordarán y sensibilizarán sobre problemas de salud mental entre estudiantes, docentes y padres de familia.
Además, se establecerá un sistema nacional de información exclusivo para salud mental, con registros individuales de prestación de servicios y otros determinantes sociales, para mejorar la prevención y atención en este ámbito.
El proyecto también asigna recursos directos para la salud mental en el Presupuesto General de la Nación, separados de los destinados a la salud pública. Se incluirán enfoques diferenciales en la atención, considerando factores como el desempleo, la pobreza, y la discriminación.
En el sector educativo, se integrarán medidas para la prevención de trastornos mentales, detección de personas en riesgo, y promoción del bienestar mental. Los trabajadores en salud mental tendrán derecho a la objeción de consciencia, siempre y cuando no vulneren la atención al paciente.
La ley también contempla la capacitación continua del personal en el área de salud mental, así como la creación de estrategias de comunicación masiva anuales para fomentar la salud mental y detectar tempranamente enfermedades y trastornos mentales.
Octubre se establecerá como el Mes de la Salud Mental, cuando se realizarán actividades articuladas en prevención y promoción del cuidado mental en todo el país.
El Ministerio de Salud y Protección Social, en colaboración con el Observatorio Nacional de Salud, dirige acciones para eliminar el estigma y la discriminación, además de prevenir el acoso escolar y el consumo de sustancias psicoactivas.
El enfoque diferencial en la atención en salud mental se garantiza a través de programas que consideran las particularidades de cada población. El Gobierno nacional deberá formular estos programas para asegurar el acceso equitativo y oportuno a los servicios de salud mental, incluyendo el soporte psicosocial y la formación de habilidades adecuadas, según el proyecto de ley.
Adicionalmente, la nueva normativa enfatiza la importancia del consentimiento informado para cualquier intervención médica, asegurando que las personas no sean sometidas a ensayos clínicos ni tratamientos experimentales sin su permiso explícito. Infobae destaca que estos derechos refuerzan la confidencialidad de la información y promueven el trato digno a los pacientes.
El Ministerio de Salud, junto con otras instituciones, tiene la responsabilidad de desarrollar y actualizar periódicamente protocolos y guías de atención integral en salud mental. Esto incluye la participación de pacientes, familiares y cuidadores en su formulación. Las medidas también priorizarán el diseño de programas complementarios para las personas con trastornos mentales graves y sus familias.
En el ámbito educativo y laboral, se establece que los niños, adolescentes y jóvenes con trastornos mentales deben recibir apoyo para su integración escolar y bienestar psicosocial, detalla Infobae. El Estado, la familia y la comunidad tienen el deber de lograr esta integración, y las entidades educativas deben implementar estrategias tanto de promoción de la salud mental como de prevención de trastornos.
El Ministerio de Salud y Protección Social deberá también coordinar con otros ministerios y entidades para desarrollar campañas de sensibilización y formación que promuevan competencias socioemocionales y reduzcan el estigma asociado a los trastornos mentales. Las instituciones educativas públicas y privadas están en la primera línea de implementación de estas iniciativas, según lo establece la nueva ley.
Para hacer efectiva la participación ciudadana y de otros actores sociales en la formulación y ajuste de políticas en salud mental, se garantiza la creación de espacios de veeduría y retroalimentación. Esto asegura una transparencia en la implementación de la legislación y una mejora continua de las políticas y programas que se desarrolle.
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