Tras el fracaso de la ley de la educación, Gustavo Petro salió a defender la reforma agraria: “Es la forma de evitar la violencia en los campos”

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro compartió sus argumentos en defensa de una reforma agraria y su relación con el Acuerdo de Paz, firmado en 2016 por el entonces presidente Juan Manuel Santos y por Rodrigo Londoño, jefe negociador de las extintas Farc-EP.

Señaló que el principal mecanismo para contrarrestar la violencia en los campos de Colombia es dándole absoluto cumplimiento al texto firmado en el Teatro Colón, cuyo punto principal es una reforma agraria integral.

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“Mi gobierno ha llevado a cabo un mecanismo de reforma agraria pacífica con compras voluntarias de tierras, pero es insuficiente para cumplir con el punto uno del acuerdo de paz”, expuso.

Alertó que, de no cumplirse el acuerdo, podrían darse consecuencias sociales indeseables. Por eso, hizo un llamado a la oposición:

“Ahora hay un ataque contra esta reforma agraria para impedirla. Tendría consecuencias impredecibles esta acción de la oposición. Espero que reflexionen”.

Añadió que “la reforma agraria es el punto uno del acuerdo de paz. Es una declaración unilateral del Estado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y es un punto esencial del programa de gobierno y el plan de desarrollo”.

Fue insistente en que la sociedad civil y las comunidades rurales de Colombia deben participar activamente de este proceso: “los comités locales de reforma agraria deben organizarse en todo el país y construir la democracia y la paz en los campos de Colombia”.

En una intervención del 19 de junio, el presidente colombiano señaló que, durante la administración de Iván Duque, no se atendieron las necesidades financieras para la implementación del Acuerdo. Dijo que esos recursos habían sido invertidos en proyectos de infraestructura.

“Lo que tuvimos fue un presidente cuyos amigos dijeron ‘vamos a hacer trizas el Acuerdo de Paz’. Bueno, el Acuerdo de Paz está hecho trizas. Esa es la realidad. Por eso tenemos una nueva violencia. Ahora, no se trata de llorar sobre lo que ya pasó, sino de ir hacia adelante. Pero tenemos que saber qué pasó. Esos 80 billones de los PDET, que hoy serían 100, se los gastaron en obras públicas que tienen que ver con negocios del gran capital”, señaló.

El 17 de junio se conoció un texto firmado por Juliette De Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en el que se refiere a la actual situación de seguridad en Colombia.

“Estamos muy preocupados por el nivel de violencia que vive la población en Colombia, incluyendo el atentado de ayer contra el padre de la vicepresidenta; dos atentados la semana pasada en Jamundí, Valle del Cauca, que dejaron varias personas heridas; los ataques a estaciones de policía de Suárez y Cajibío, en Cauca, que afectaron viviendas y la salud de una bebé en un hospital; los combates en medio de la población civil en Madrigal -Policarpa-, Nariño; el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en diferentes regiones, como Cauca, Caquetá, Huila o Nariño; y el homicidio de personas defensoras y líderes”, expuso.

A propósito de los recientes episodios de violencia registrados en diferentes regiones del país, la ONU solicita al Estado colombiano mayor presencia en las regiones, con el fin de contrarrestar la influencia de grupos armados y estructuras ilegales al servicio del narcotráfico.

En el documento se lee que “el Estado, en su conjunto, autoridades civiles y militares, deben trabajar para recuperar la gobernabilidad y proteger los derechos humanos. Esto se puede lograr implementando la política de seguridad humana adoptada por el gobierno, que debe ser desarrollada en todos los niveles, civiles y militares, y acompañada por la política de desmantelamiento de la criminalidad, con investigaciones de fondo frente a las estructuras que favorecen la violencia. Esta acción conjunta y una estrategia territorial de protección de derechos humanos puede cambiar la situación que está viviendo Colombia. Colombia tiene la capacidad de cambiar la violencia por la garantía de derechos”.