“Gobierno Petro va mal en ejecución extrajudicial”: el curioso mensaje de Margarita Rosa de Francisco

“El gobierno de Gustavo Petro va mal en ejecución extrajudicial”, se lee en el post de Margarita Rosa de Francisco publicado en la mañana del 20 de junio. Lo que de lejos parece una crítica a la gestión del presidente, es un elogio que toma como referencia los ‘falsos positivos’, como se les conoce a las ejecuciones extrajudiciales.

Varios usuarios de la red social X le han respondido a través de críticas directas a la administración Petro, sobre todo en materia de ejecución de presupuesto.

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Con esto, la reconocida actriz y escritora Margarita Rosa de Francisco ha vuelto a expresar su apoyo al gobierno de Gustavo Petro.

A través de sus redes sociales, la actriz ha elogiado las políticas de inclusión social y la reforma agraria. Últimamente, la artista ha respaldado las reformas y ha dicho, en múltiples ocasiones, que es necesario alejarse del “privilegio” para entender las condiciones de quienes necesitan ayuda del Estado.

En su cuenta de X, Margarita Rosa ha publicado mensajes respaldando la reforma agraria promovida por Petro, argumentando que es una medida necesaria para acabar con la desigualdad en el campo colombiano. Sobre este punto, ha hecho énfasis en la necesidad de consolidar el Acuerdo de Paz con las Farc.

A propósito de la consolidación del Acuerdo con las Farc, y luego de que se hundiera en el Congreso la reforma a la educación, el primer mandatario fue enfático en la necesidad de sacar adelante la reforma rural.

Señaló que el principal mecanismo para contrarrestar la violencia en los campos de Colombia es darle completo cumplimiento al texto firmado en el Teatro Colón, cuyo punto principal es una reforma agraria integral.

“Mi gobierno ha llevado a cabo un mecanismo de reforma agraria pacífica con compras voluntarias de tierras, pero es insuficiente para cumplir con el punto uno del acuerdo de paz”, expuso.

El mandatario alertó que, de no cumplirse el acuerdo, podrían darse consecuencias sociales indeseables. Por eso, hizo un llamado a la oposición: “Ahora hay un ataque contra esta reforma agraria para impedirla. Tendría consecuencias impredecibles esta acción de la oposición. Espero que reflexionen”.

En una intervención el 19 de junio, el presidente colombiano señaló que, durante la administración de Iván Duque, supuestamente no se atendieron las necesidades financieras para la implementación del Acuerdo. Dijo que esos recursos habían sido invertidos en proyectos de infraestructura.

“Lo que tuvimos fue un presidente cuyos amigos dijeron ‘vamos a hacer trizas el Acuerdo de Paz’. Bueno, el Acuerdo de Paz está hecho trizas. Esa es la realidad. Por eso tenemos una nueva violencia. Ahora, no se trata de llorar sobre lo que ya pasó, sino de ir hacia adelante. Pero tenemos que saber qué pasó. Esos 80 billones de los PDET, que hoy serían 100, se los gastaron en obras públicas que tienen que ver con negocios del gran capital”, señaló.

El 17 de junio se conoció un texto firmado por Juliette De Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en el que se refiere a la actual situación de seguridad en Colombia.

“Estamos muy preocupados por el nivel de violencia que vive la población en Colombia, incluyendo el atentado de ayer contra el padre de la vicepresidenta; dos atentados la semana pasada en Jamundí, Valle del Cauca, que dejaron varias personas heridas; los ataques a estaciones de policía de Suárez y Cajibío, en Cauca, que afectaron viviendas y la salud de una bebé en un hospital; los combates en medio de la población civil en Madrigal -Policarpa-, Nariño; el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en diferentes regiones, como Cauca, Caquetá, Huila o Nariño; y el homicidio de personas defensoras y líderes”, expuso.

En el documento se lee que “el Estado, en su conjunto, autoridades civiles y militares, debe trabajar para recuperar la gobernabilidad y proteger los derechos humanos. Esto se puede lograr implementando la política de seguridad humana adoptada por el gobierno, que debe ser desarrollada en todos los niveles, civiles y militares, y acompañada por la política de desmantelamiento de la criminalidad, con investigaciones de fondo frente a las estructuras que favorecen la violencia. Esta acción conjunta y una estrategia territorial de protección de derechos humanos puede cambiar la situación que está viviendo Colombia. Colombia tiene la capacidad de cambiar la violencia por la garantía de derechos”.