Fiscalía abrió indagación contra la campaña presidencial de Federico Gutiérrez de 2022

En la tarde del jueves 20 de junio, la Fiscalía Especializada Anticorrupción inició una diligencia de indagación en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral.

El propósito de la visita fue hallar material que permita identificar al grupo de ciudadanos que inscribió la candidatura de Federico Gutiérrez tanto para la consulta del Equipo por Colombia como para la Presidencia de la República, en 2022; así como su campaña de primera vuelta y las cuentas del partido Creemos, el cual tuvo personería jurídica hasta abril cuando fue anulada por el Consejo de Estado.

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Según lo informado por Blu Radio, basándose en las pruebas recolectadas, se investigará si hubo irregularidades en la campaña presidencial de 2022. Con este fin, la entidad judicial inició una investigación penal y designó como fiscal a cargo del proceso a Elkin Ardila Espinosa, coordinador de la oficina de delitos electorales de la Fiscalía.

Este podría ser otro revés para la trayectoria política del alcalde de la capital antioqueña, que aspiró a la Presidencia de Colombia en 2022, obteniendo finalmente el 23,87% de los votos, con lo que ocupó el tercer lugar.

De hecho, el 18 de abril de 2024, el Consejo de Estado dejó al Partido Creemos, liderado por el alcalde de Medellín, Federico Fico Gutiérrez, en una situación de incertidumbre tras la anulación de la personería jurídica de la agrupación política.

Esta decisión surgió a partir de una demanda que argumentaba que la adhesión de Creemos a la lista del partido Centro Democrático en las elecciones del Congreso de 2022 no le otorgaba el derecho para constituirse como un partido político independiente. La demanda, presentada por Luis Humberto Guidales, sostenía que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no podía otorgar la personería jurídica a Creemos, dado que las adhesiones y coaliciones están permitidas solo para partidos con personería jurídica, condición que Creemos no cumplía en ese momento.

“La resolución adolece de falsa motivación, toda vez que el legislador estatutario no ha permitido que los grupos significativos de ciudadanos puedan inscribir candidatos sin antes haber recolectado los apoyos suficientes, y menos aún que puedan adherir a otras candidaturas por las cuales no han recolectado apoyos”, se lee en la demanda reseñada por El Tiempo.

Los demandantes señalaron que el CNE carecía de una motivación adecuada. Según el documento de la demanda, Creemos no había informado previamente a sus simpatizantes sobre su decisión de participar en la consulta popular Equipo por Colombia, a pesar de haber obtenido los apoyos necesarios para inscribir a Gutiérrez como candidato presidencial.

Sin partido político, a Gutiérrez le corresponderá conformar o adherirse a uno nuevo para sus presuntas aspiraciones presidenciales en 2026, como lo dio a conocer en el Congreso Ceapi en Cartagena, donde habló de autonomía regional mientras se preparan para recuperar el país en 2026. “Nadie quiere derrocar al gobierno nacional, solo que dure cuatro años”, complementó.

El primer mandatario de los colombianos, Gustavo Petro, también es objeto de indagaciones, esta vez por el Consejo Nacional Electoral (CNE), debido a la presunta financiación irregular durante su campaña presidencial.

El 5 de junio, a través de una consulta interna, el tribunal electoral decidió no trasladar el proceso a la Comisión de Acusaciones, a pesar de los argumentos sobre el fuero presidencial que podrían exigir la intervención de su juez natural. La magistrada Alba Lucía Velásquez, propuesta por el Pacto Histórico, fue la única que discrepó.

En ese sentido, el CNE rechazó las recusaciones presentadas contra tres magistrados implicados en el caso y ratificó su competencia para llevar adelante la investigación.

El CNE se apoyó en fallos previos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, los cuales habían confirmado su competencia para revisar e investigar la campaña electoral de Gustavo Petro de 2022. Sin embargo, ambos órganos enfatizaron que los procesos relacionados con el presidente debían ser manejados por la Comisión de Acusación.

Además de la financiación irregular, la investigación del CNE extenderá sus pesquisas a las actividades proselitistas y la difusión de anuncios radiales que, según se señala, comenzaron antes del tiempo autorizado.