“Colombia se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo para los defensores de derechos humanos”, aseguró la Cidh desde Washington

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha revisado exhaustivamente la situación de los derechos humanos en Colombia, especialmente en la reconfiguración del conflicto armado, las protestas sociales y la implementación del Acuerdo de Paz de 2016.

Este análisis incluye la violencia contra defensores de derechos humanos, comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, así como las amenazas enfrentadas por firmantes del Acuerdo de Paz y periodistas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Según el informe de la Cidh, Colombia ha sido testigo de un aumento en la violencia debido a la expansión de grupos armados no estatales que buscan controlar territorios y economías ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal. Desde la última visita hecha en 2012, la Cidh ha visitado el país en seis ocasiones y ha publicado diversos informes temáticos y de país, focalizándose en la protección de personas defensoras de derechos humanos, pueblos indígenas, personas afrodescendientes y campesinas.

Además, el informe describe cómo la extrema desigualdad, la discriminación y la pobreza en Colombia han permitido la perpetuación del conflicto armado.

La débil presencia del Estado en regiones dominadas por comunidades indígenas y afrodescendientes ha facilitado la reconformación del conflicto. Además, esta situación ha llevado a un aumento alarmante de asesinatos, amenazas, hostigamientos y casos de reclutamiento forzado de menores.

La Cidh destaca que el Acuerdo de Paz sirvió como una hoja de ruta para una transformación social, política y económica en el país. Sin embargo, la ejecución de este acuerdo ha sido lenta, lo que ha perpetuado la falta de acceso a oportunidades y recursos económicos para millones de colombianos. Situación que ha sido aprovechada por grupos armados que buscan expandir su control territorial.

El documento indica que Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos. En 2023, la Defensoría del Pueblo reportó 181 homicidios de defensores de derechos humanos y líderes sociales, mientras que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó de 233 asesinatos. La Cidh señala la necesidad de una política integral de protección y la mejora de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Asegura que persisten altos niveles de violencia sexual y reproductiva, especialmente en zonas controladas por grupos armados. Las mujeres y personas Lgtbiq+ enfrentan violencia exacerbada y exclusión en los procesos de paz. La Cidh subraya la urgencia de adoptar estrategias integrales para combatir la discriminación estructural y garantizar la igualdad de género.

Además, de acuerdo con el Cidh, Colombia se enfrenta a una crisis humanitaria debido a los desplazamientos forzados internos y la llegada de migrantes venezolanos. Según la Unidad para las Víctimas, más de 8.630.545 personas han sido desplazadas internamente. A pesar de los esfuerzos por atender a estas víctimas, persisten desafíos estructurales en el acceso a derechos básicos.

La Cidh encontró condiciones deplorables en las cárceles colombianas, incluyendo hacinamiento y falta de acceso a servicios básicos. En particular, preocupa la violencia intracarcelaria y la falta de datos oficiales sobre casos de tortura y malos tratos.

La violencia contra periodistas es otro foco de atención del informe. Entre 2022 y 2024, siete periodistas fueron asesinados, y las agresiones a medios locales aumentaron. La Cidh insta al Estado a robustecer la protección de periodistas y garantizar investigaciones efectivas para estos crímenes.

Añade que la pobreza y la desigualdad siguen siendo retos significativos. En 2022, la pobreza monetaria alcanzó el 36.6% de la población, mientras que la pobreza extrema fue del 13.8%. En las zonas rurales, donde habitan pueblos indígenas y afrodescendientes, estas cifras son aún más preocupantes.

Con base en lo anterior, la Cidh hace un llamado a fortalecer la implementación del Acuerdo de Paz y a adoptar medidas redistributivas para reducir la desigualdad. También urge al Estado a garantizar la seguridad y participación efectiva de todas las comunidades en la construcción de una paz duradera.

La Comisión finaliza con un conjunto de recomendaciones específicas para proteger a defensores de derechos humanos, promover la inclusión de pueblos indígenas y afrodescendientes, y asegurar la justicia y reparación para las víctimas del conflicto. Además, destaca la importancia de la colaboración interinstitucional y la participación activa de las comunidades en todas las etapas de implementación de políticas públicas.