Régimen especial de pensiones en Colombia desata preocupaciones fiscales

En Colombia, la reciente aprobación de la reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro en el Congreso de la República generó una amplia controversia debido a la introducción de un régimen especial de pensiones para diversas comunidades. Esta medida, propuesta a última hora en el Senado de la República por Richard Fuelantala, permite que alrededor del 30% de la población colombiana pueda pensionarse de manera anticipada bajo condiciones especiales.

El artículo que establece este régimen cubre a pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y campesinos. Este grupo representa a cerca del 30% de la población del país, lo que convierte a esta disposición en el régimen especial de pensiones más grande en la historia de Colombia. De acuerdo con datos revelados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en el país hay 3,7 millones de personas negras y afrocolombianas (7,17% de la población); 2,4 millones de indígenas (4,72%), y 40.000 raizales y palenqueros (0,08%) estos grupos étnicos suman alrededor de 6,3 millones de personas, un 12% de la población total, mientras que el segmento de campesinos asciende a 12,7 millones de personas.

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Al respecto, la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos) expresó serias preocupaciones sobre las implicaciones fiscales de esta medida. Santiago Montenegro, presidente de la entidad, señaló que el artículo no cuenta con el aval fiscal necesario y que podría representar un costo significativo para el sistema de pensiones existente.

Por su parte, Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, apuntó que cualquier modificación al sistema de pensiones debería hacerse por medio de un proyecto de ley en el Congreso de la República. Mejía también advirtió sobre el alto costo fiscal que podría implicar la implementación de este régimen especial, poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones.

El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), José Ignacio López, coincidió en que la aplicación de este régimen especial será complicada de concretar y planteará desafíos fiscales considerables. López sugirió que el artículo podría no superar una revisión de constitucionalidad. Tras su aprobación, la reforma pasará a revisión de la Corte Constitucional para asegurar que no haya violaciones a la Constitución Política de Colombia. El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas criticó el proceso de aprobación en la Cámara de Representantes, por lo que lo calificó como apresurado y con problemas de trámite.

La reforma también establece que el Dane calculará la diferencia de esperanza de vida entre la población general y los grupos beneficiados durante el primer año de vigencia de la reforma, entre julio de 2025 y julio de 2026. Con base en estos datos, el Ministerio del Trabajo definirá los años y semanas de cotización necesarios para cada grupo étnico. La introducción del mayor régimen especial de pensiones en Colombia ha generado un debate significativo sobre la sostenibilidad financiera y la equidad del sistema de pensiones en el país, con voces críticas que advierten sobre serios desafíos fiscales y legales.

El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, anunció que la edad mínima para pensionarse en Colombia podría aumentar en los próximos cinco a diez años. Dicha propuesta está en una “reforma paramétrica” que busca ajustar el sistema pensional a los cambios demográficos. Dussán indicó que al mejorar las condiciones de vida y estabilidad laboral de las personas, sería necesario considerar un alza en la edad de jubilación entre diez y 15 años. Además, contempló la posibilidad de ajustar las contribuciones de los trabajadores.

Estas declaraciones se dieron tras la aprobación acelerada del proyecto de reforma pensional del presidente Gustavo Petro en la Cámara de Representantes. La reforma plantea un sistema de cuatro pilares: semicontributivo, contributivo, solidario y de ahorro voluntario.

A partir del 1 de julio de 2025, la normativa obligará a quienes coticen con 2,3 salarios mínimos a hacerlo en Colpensiones y el resto en un fondo privado de su elección. El sindicato de trabajadores de Colpensiones, representado por William Rodríguez, expresó su preocupación sobre la capacidad de la entidad para asumir la responsabilidad adicional, pasando de atender a 6 millones a 17 millones de trabajadores. En respuesta, Dussán afirmó que habrá tiempo para adaptaciones tecnológicas y de personal.