Esta es la ley aprobada por el Congreso de Colombia que busca evitar que las empresas vayan a la quiebra

La Cámara de Representantes aprobó definitivamente un proyecto de ley que busca facilitar el acceso de las empresas a los procesos de insolvencia para evitar la quiebra y conservar empleos en Colombia.

La iniciativa, promovida por el senador liberal Mauricio Gómez Amín, fue votada positivamente por la plenaria en la noche del martes.

El proyecto de ley, que ahora pasará a sanción presidencial, incorpora de forma permanente mecanismos incluidos en los Decretos 560 y 772 de 2020, adoptados durante la pandemia de covid-19, con el objetivo de agilizar los procesos de insolvencia empresarial. Estos cambios están diseñados para ofrecer herramientas más eficientes a las empresas en dificultades financieras.

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Según el congresista Gómez Amín, “esta legislación fortalecerá el tejido empresarial nacional, que actualmente se encuentra en riesgo”. La normativa incluye medidas que permiten una reorganización más ágil de las empresas y ofrecen plazos de pago flexibles.

También se promueve la financiación del deudor y se establecen mecanismos de rescate para evitar la liquidación de las empresas al borde de la quiebra.

Billy Escobar, superintendente de Sociedades, ha explicado que la inclusión de estos decretos en la legislación busca proporcionar estabilidad y previsibilidad a las empresas en dificultades. Las disposiciones también están alineadas con recomendaciones de organismos internacionales para armonizar los marcos de insolvencia con estándares globales.

Entre las principales directrices del nuevo régimen de insolvencia se encuentra la creación de procesos expeditos de reorganización y liquidación judicial simplificada, además de beneficios legales específicos para pequeñas empresas. Adicionalmente, se priorizan métodos alternativos de solución de conflictos, como la negociación y la conciliación.

Saray Robayo Bechara, representante y ponente del proyecto de ley, señaló que la iniciativa contempla la posibilidad de acceder a crédito durante el proceso de reorganización y establece protecciones para compradores de inmuebles destinados a vivienda. La normativa también refuerza la lista de auxiliares de justicia para hacer más eficientes los procedimientos de insolvencia.

La aprobación unánime del proyecto en ambas cámaras es vista como un paso significativo para la preservación de empresas y empleos en Colombia. La iniciativa, que tuvo su origen en las medidas temporales adoptadas durante la pandemia, ahora se implementará de manera permanente para apoyar la recuperación económica del país.

La insolvencia en Colombia se refiere a la situación en la que una persona o empresa no puede cumplir con sus obligaciones financieras en los términos pactados. La Ley 1116 de 2006, conocida como la Ley de Insolvencia, regula los procesos de reorganización y liquidación de deudores con dificultades económicas.

Su objetivo es preservar empresas viables mediante la reestructuración de deudas y la negociación con acreedores, y también establece procedimientos para la liquidación ordenada de activos en caso de que la reorganización no sea posible. La Superintendencia de Sociedades es la entidad encargada de supervisar y tramitar estos procesos.

Al cierre de 2023, los datos de la Superintendencia de Sociedades mostraron un incremento significativo en los procesos de insolvencia, con más de 4.000 casos registrados. Esta cifra es mayor comparada con los tres años anteriores y destaca un panorama preocupante sobre la salud financiera de las empresas colombianas.

El Atlas de Insolvencia de la Supersociedades indicó que el 71,1% de estos casos correspondían a procesos de reorganización, una medida que las empresas buscan para evitar la liquidación y negociar acuerdos con los acreedores, según explicó el superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez. En contraste, los procedimientos de liquidación representaron el 28,9% restante.

En cuanto a las estadísticas, en 2019 hubo 218 empresas admitidas en procesos de liquidación. Este número disminuyó a 175 en 2020, pero en 2022 se observó un repunte con 186 empresas y un aumento a 211 casos en 2023. Además, la cantidad de empresas que buscaron protección en 2023 alcanzó un máximo histórico de 1.420, un aumento del 16,5% comparado con el año anterior.

Bogotá lidera con 2.089 casos de insolvencia, seguida de Medellín con 634 y Bucaramanga con 554, reflejando la concentración de actividades económicas y la presión sobre las empresas en estas ciudades.