El fuerte llamado de la JEP al Estado por falta de medidas para la búsqueda de personas desaparecidas

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SARV) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó a varias entidades del Estado presentar una ruta metodológica que facilite la coordinación de acciones destinadas a responder las solicitudes de las familias de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado

El paquete de medidas adoptadas por la Sección incluye la convocatoria para iniciar un diálogo interinstitucional entre entidades nacionales y territoriales el próximo 3 y 10 de julio.

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Además, se ha ordenado a las entidades de más alto nivel conformar tres mesas técnicas que desarrollarán estrategias para la búsqueda de personas desaparecidas. Entre ellas, se contempla diseñar un plan nacional para la toma masiva de muestras biológicas que permita agilizar su recolección.

Mediante la articulación a nivel nacional, la magistratura busca definir la ruta y los protocolos forenses necesarios para la salvaguarda y protección de los cuerpos de presuntas víctimas del conflicto armado en proyectos de infraestructura de transporte en el país.

Para la JEP, el desarrollo económico debe armonizarse con los diferentes procesos de búsqueda de las víctimas de desaparición forzada. En este sentido, la estrategia desplegada por la jurisdicción contempla la articulación que se llevará a cabo en sitios de interés forense distintos a cementerios.

Con este fin, la JEP ordenó una reunión el 3 de julio de 2024 con el objetivo de definir la metodología y objetivos de la mesa técnica que solicitaron las víctimas. En este encuentro se contará con la participación de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Vivienda y las organizaciones solicitantes, en el marco de la medida cautelar nacional adoptada para proteger los derechos a la memoria y la verdad de las víctimas de desaparición forzada.

Adicionalmente, el tribunal de paz dispuso que la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y Medicina Legal celebren una reunión con las mismas organizaciones solicitantes el 10 de julio de 2024. En este encuentro se explicará la metodología actual de identificación de personas dadas por desaparecidas y se aprovechará la oportunidad para recibir sus propuestas y articularlas con miras a mejorar el funcionamiento del Sistema Nacional de Búsqueda.

La activación de esta ruta metodológica permitirá avanzar en los trámites de 23 medidas cautelares que lidera la SARV para proteger puntos de interés forense en donde se podrían hallar víctimas de desaparición forzada.

Si bien estas decisiones tenían el objetivo de atender situaciones específicas en el marco de la medida cautelar a nivel local o territorial, la JEP ha encontrado que para resolver las fallas que no permiten responder con eficiencia a las familias buscadoras, “es necesario romper las dificultades estructurales que se han identificado”.

Hasta la fecha, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad ha adoptado 23 medidas cautelares para proteger zonas donde se podrían hallar víctimas de desaparición forzada. Esto ha permitido la exhumación de 1.265 cuerpos, de los cuales 94 han sido identificados y 61 entregados dignamente a sus familias.

Para amplificar este impacto y responder con la rapidez que demandan las víctimas de este crimen, la JEP está tomando acciones que atiendan las deficiencias transversales y estructurales diagnosticadas en el marco de los trámites cautelares, así como en la información allegada en el trámite de la medida cautelar nacional.

En ese sentido, la JEP ha encontrado los siguientes problemas:

• Ausencia de consolidación de los sistemas de información relacionados con el proceso de búsqueda e identificación.
• Dificultad en el acceso a la información por parte de las entidades a cargo de la búsqueda de personas en el país.
• Subregistro de víctimas de desaparición forzada debido, no solo a los problemas de acopio y consolidación de información mencionados, sino también a problemas socioculturales como el temor a denunciar, la desconfianza en las entidades estatales y las dificultades de acceso a la administración de justicia.
• Falta de articulación estatal que lleva a la duplicidad de labores entre las distintas entidades que se encargan de la búsqueda, identificación y entrega digna.
• Necesidad de fortalecimiento presupuestal y tecnológico de las entidades públicas vinculadas a los procesos de búsqueda, identificación y entrega digna.
• Falta de una política pública para el tratamiento de la problemática de desaparición forzada en el Estado colombiano, incluyendo la elaboración de estándares de carácter nacional y de obligatorio cumplimiento que garanticen la uniformidad y eficiencia de los procesos de búsqueda, custodia e identificación.
• Falta de masividad en la toma de muestras biológicas, lo cual dificulta el proceso de identificación de personas desaparecidas.
• Ausencia de una política pública sobre la custodia y preservación de lugares de inhumación.
• Precariedad en la infraestructura necesaria para la disposición y abordaje de cuerpos.