Desenmascaran “negociazo” de patios y grúas en Bogotá: estas son las zonas donde más inmovilizan

En el Recinto Los Comuneros, el Concejo de Bogotá llevó a cabo, en Comisión Primera del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, un debate de control político al funcionamiento de los patios y grúas en Bogotá, en el que varios cabildantes evidenciaron el “negociazo” que hay detrás de los procedimientos de inmovilización de automotores.

El control político fue citado por el concejal de la bancada del Partido Nueva Fuerza Democrática Emel Rojas Castillo, que mediante presentación titulada ‘El negociazo de la inmovilización de vehículos en Bogotá” - Un gana, gana para el contratista y un pierde, pierde para Bogotá y sus ciudadanos’, expuso algunas falencias administrativas por parte de la Secretaría de Movilidad y de los operadores y/o contratistas de los parqueaderos y grúas en la capital.

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Rojas dio a conocer que el contrato firmado por la entidad distrital en 2018 con el Concesionario GYP SAS, estableció que el 82,3% de los cobros a los ciudadanos por concepto de Grúas y Patios de los vehículos inmovilizados será para el contratista y solo el 17,7% para el distrito.

A eso, sumó que en el periodo de abril 18 de 2018 a enero 31 de 2024 se recaudaron $163.324.221.613 por dicho concepto, de los cuales $134.415.834.388 fueron a lucrar el bolsillo del contratista, y solo un $28.908.387.226 ingresaron a diferentes programas del presupuesto de la Secretaría de Movilidad.

“Por supuesto que al distrito le sirve que haya inmovilizaciones, recaudos, derechos de tránsito, pero en la práctica, a más vehículos inmovilizados, mayor recaudo para la Secretaría de Movilidad y mayor recaudo para los contratistas”, afirmó el concejal Emel Rojas.

De igual manera, el cabildante exhibió que durante el período de enero 1 de 2020 a febrero 22 de 2024, fueron inmovilizados 331.188 vehículos, con un promedio diario de 219 y mensual de 6.624. Para Rojas, lo curioso del asunto y que está generando rentabilidad al negocio, es que de esa cifras, 193.444 corresponde a motocicletas, 91.140 a automóviles, 23.838 a camionetas y el resto, a otro tipo de vehículos.

”El negocio es llevarse las motocicletas, porque pueden transportar hasta siete en el espacio, que dentro del planchón de la grúa, ocuparía un automóvil (...) Las motos son el 64% de los vehículos inmovilizados en Bogotá. El mejor negocio es llevar motos, en promedio siete motos por grúa. No podemos comparar con los carros. Aquí está montado es un negocio para el concesionario, detalló Rojas.

Que además sumó durante su intervención que las localidades donde más se registra la inmovilización de vehículos por parte de las autoridades distritales son las más cercanas a los patios: Fontibón, Kennedy, Chapinero, Engativá y Puente Aranda.

Rojas presentó evidencias que señalan que durante enero 1 de 2020 a febrero 22 de 2024 en Fontibón se llevaron 45.169 vehículos, en Kennedy 34.523, Chapinero 32.428 y Engativá 31.231. “Extrañamente, localidades más grandes, pero más al sur y alejadas de los patios, reflejan cifras más bajas: Ciudad Bolívar 9.412, Usme 6.380, Rafael Uribe 5.049 y San Cristóbal 4.728. (...) Claro, la grúa no quiere hacer mucho esfuerzo y alejarse del sector de Álamos”.

Durante el control político, también participaron con sus aporte, los cabildantes Sandra Forero Ramírez, Daniel Felipe Briceño, Rocío Dussán Pérez, Juan Daniel Oviedo, Fernando López Gutiérrez, Clara Lucía Sandoval, José Cuestas, Juan David Quintero, Ángelo Schiavenato Rivadeneira, Rolando González García, Heidy Lorena Sánchez, Donka Atanassova, Andrés Barios Bernal, Rafael Amín Martelo, Diana Diago, Jesús David Araque, Quena Ribadeneira Niño y Julián Forero Castelblanco, cada uno con diez minutos de intervención.

Uno de los cabildantes, que anteriormente ha señalado las irregularidades por parte de las grúas, los patios y la Secretaría de Movilidad, aprovechó para sacar a la luz la corrupción, mafias y malos procedimientos de contratación que hay en Bogotá y que no están siendo reguladas por el distrito.

Julián Forero Castelblanco ‘Fuchi’, cuestionó a quién le pertenece las grúas. El cabildante denunció la presunta participación de uniformados de la Policía Nacional y de agentes de Tránsito, quienes serían los dueños de dichos automotores de carga de vehículos.

“Y al ser ellos los dueños de estas grúas, existe un cobro, que obvio no está en la ley, donde se les pagan a los operadores, y lo han dicho y tenemos registros; donde se les pagan por moto que suban o por carro que suban. Es una comisión, por moto o carro que suben, 8.000 o 10.000 pesos al conductor u operador y por eso es que ustedes ven como locos desesperados recogiendo carros y motos en Bogotá”, precisó Fuchi.

Sobre los protocolos que hay para la inmovilización por parte de las autoridades, Fuchi comentó que no se están realizando como lo estipula la norma, debido a que, y gracias a contenidos visuales, se logra observar cómo los operadores “cargan las motos como si fueran bolsas de basura como si el bien del conductor no les importara. El afán de recoger motos lo lleva a dañar los vehículos y al final, la pelea para que le respondan a los conductores de Bogotá”.

En ese mismo aspecto, Juan Daniel Oviedo comentó que si bien es cierto que en la capital la siniestralidad de las motos es 17,25 veces más que la de los vehículos livianos, “a la hora de las sanciones asociadas con inmovilización, Bogotá se la montan a las motos”.

Para el concejal, una moto que ocupa la cuarta parte de espacio que un vehículo liviano, paga casi la misma tarifa de grúa (cerca del 91%). Además, agregó inconsistencias en la tarifa de parqueadero de una motocicleta en los patios, en relación con la de automotores livianos, debido a que esta se incrementa exponencialmente para el segundo y tercer día, cosa contrario a las tarifas de los otros vehículos.

“Pensamos que es necesario hacer ajustes a estos incentivos (perversos) para favorecer una conversación entre los distintos actores de la movilidad en la ciudad”, añadió Oviedo.

Los cabildantes expusieron casos que demuestran una persecución contra los motociclistas, siendo este actor el más afectado en la ejecución de los procedimientos de inmovilización del automotor.

Uno de los ejemplos lo compartió Rojas, que explicó lo siguiente: “si un motociclista logra la hazaña de retirar su moto el mismo día, deberá pagar $40.300 por parqueadero y $182.000 por grúa, un total de $222.300 sin contar el comparendo. Pero si la retira al tercer día ya el valor se le incrementa y termina pagando en total $366.200. El negocio está diseñado para que el afectado se demore hasta tres días para retirar el vehículo”.

Ante de concluir su intervención, Rojas le solicitó a la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, cancelar el contrato con la firma GYP S.A.S., además de que avance con una tecnología que permita llegar a un sistema de Patio en Casa y la emisión de una norma distrital que regule el funcionamiento de las grúas.