Cancillería lanzó alternativa para regularizar migrantes tutores de niños en el país

El Gobierno colombiano introdujo un nuevo mecanismo de regularización para los migrantes, específicamente dirigido a los tutores de niños y niñas de Venezuela. Esta iniciativa, conocida como PEP Tutor, fue anunciada por la Cancillería de Colombia como una forma de proporcionar un Permiso Especial de Permanencia a los custodios de menores venezolanos.

Este nuevo permiso está diseñado para regularizar a los representantes legales de niños, niñas y adolescentes que ya poseen un Permiso por Protección Temporal (PPT), emitido antes del 12 de agosto de 2022, según explicó anteriormente la Cancillería. “Este decreto es un permiso especial de permanencia como los anteriores que busca integrar a los tutores de los menores de edad”, declaró Fernando García, director de Migración Colombia. Esta medida beneficiará a más de 270.000 menores venezolanos y sus tutores.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El PEP Tutor será sometido a revisión pública el miércoles 19 de junio, cuando se publicará el decreto para comentarios generales. Este proceso participativo permitirá que la sociedad civil presente sus observaciones y propuestas. “Este es un mecanismo participativo que está haciendo el Gobierno y que busca recoger las propuestas y observaciones que tenga la ciudadanía en general. Este es el primer paso en un proceso progresivo de reorganización que está estructurando una serie de medidas estratégicas que permitan de manera amplia garantizar la integración de poblaciones migrantes en igualdad de derechos”, explicó Solangel Ortiz, directora encargada de asuntos migratorios.

Colombia ha logrado regularizar a más de 2,3 millones de venezolanos que residen en el país, según el canciller Luis Gilberto Murillo. A pesar de esto, sigue siendo necesario desarrollar nuevas estrategias para facilitar la integración de los migrantes venezolanos debido a la continua llegada de personas desde Venezuela.

Fernando García resaltó la importancia de esta nueva medida, argumentando que inicialmente tendrá un costo muy bajo para el Estado, dado que muchos servicios como educación y salud ya se proporcionan a los migrantes. “Inicialmente, esto le costará al Estado muy poco. Hay unos servicios que el Estado entrega a los migrantes, como educación y salud, pero de otra parte Migración Colombia entrega un permiso para que las personas puedan regularizar su situación, que tengan una identificación”, comentó.

Este nuevo permiso también facilitará el acceso a servicios sociales y financieros, lo que contribuirá a la integración digna de la población migrante. García enfatizó que la regularización permitirá a los migrantes distanciarse de las redes ilegales y mercados informales. “La población irregular no tiene otra alternativa que moverse en los mercados informales. Esto es un triunfo de este gobierno”, concluyó García.

Al ser respaldados por un permiso legal, los custodios de menores venezolanos pueden buscar oportunidades en el mercado laboral formal y acceder a servicios financieros, reduciendo su dependencia de economías informales y actividades ilegales. Esto, a su vez, contribuye a una mayor seguridad y estabilidad en las comunidades locales.

Además, al proporcionar un marco legal para la permanencia de estos migrantes, Colombia reafirma su compromiso con los tratados internacionales y los derechos humanos. Esta medida no solo les da dignidad y protección a los migrantes, también fortalece la imagen del país como líder en la gestión humanitaria y migratoria en la región.

La regularización formal establece una dinámica positiva que potencia el desarrollo local y la estabilidad social, lo que puede ser un catalizador para el crecimiento económico. Además, mediante un modelo de política migratoria integral, se asegura que las acciones tomadas no solo aborden la regularización inmediata, sino que también promuevan el desarrollo a largo plazo y la cohesión social.

Por último, la implementación del PEP Tutor fomenta la equidad y asegura que todos los miembros de la sociedad, independientemente de su origen, tengan acceso a oportunidades justas y equitativas.