Gustavo Petro presentó una nueva propuesta para cumplir con los compromisos del acuerdo de paz con las Farc: mediante decretos

El presidente Gustavo Petro reiteró su compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, firmado entre el gobierno colombiano y las Farc.

Durante su discurso en la posesión del contralor Carlos Hernán Rodríguez, Petro subrayó la importancia de cumplir con todos los puntos del acuerdo, en particular aquellos relacionados con la reforma agraria y la entrega de tierras.

El mandatario sugirió que para alcanzar estos objetivos podría ser necesario el uso de decretos gubernamentales.

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“El acuerdo de paz en el centro de esa discusión dice: como declaración unilateral de Estado para cumplir sus objetivos y las altas partes contratantes harán un acuerdo nacional para que cambien las normas cuando se oponga”, enfatizó Petro.

El presidente aclaró que la implementación no significaría una Asamblea Nacional Constituyente, sino un cambio en las normativas si fuera necesario. “Esto significa cambiar las normas si es necesario y el cambio de las normas tiene diversas instancias, a veces eso es un decreto gubernamental”, explicó.

Petro hizo énfasis en la reforma agraria como uno de los puntos más críticos del acuerdo. “En el caso por ejemplo de la reforma agraria, o nos pasamos por la faja la declaración unilateral de estado creyendo que nuestro orden interno está por encima de la humanidad”, afirmó el presidente, subrayando que este es un tema de compromiso de Estado, no solamente del Gobierno actual.

El mandatario anunció que llevará el tema al Consejo de Seguridad de la ONU con el objetivo de presentar la situación actual de la implementación del acuerdo.

“Yo tengo la misión de hablar con el Consejo de Seguridad sobre el cumplimiento o incumplimiento”, dijo Petro, haciendo referencia a la importancia de honrar lo pactado. “Eso fue declarado unilateralmente, ¿lo vamos a incumplir?”

La discusión sobre la implementación del primer punto del acuerdo, que abarca la entrega de tierras, es crucial. El presidente Petro insistió en que la reforma agraria es fundamental para el desarrollo del país y que su gobierno está comprometido a seguir avanzando en la materia, incluso si esto implica cambios legislativos a través de decretos gubernamentales. Esta iniciativa, de acuerdo con el mandatario, busca asegurar que las normativas vigentes no obstaculicen el cumplimiento de los acuerdos de paz.

Petro aclaró que cumplir con el acuerdo no solo es una obligación del gobierno, sino del Estado colombiano en su conjunto. Con este enfoque, el presidente busca resaltar la necesidad de que todas las instituciones y organismos nacionales se alineen con lo pactado en 2016 para garantizar una implementación efectiva y duradera.

El énfasis en los decretos gubernamentales como herramienta para implementar el acuerdo de paz podría generar debates en distintos sectores de la sociedad y el Congreso. La posibilidad de modificar normativas a través de estos mecanismos sugiere una vía rápida para cumplir los compromisos asumidos, pero también podría encontrar resistencias y críticas de aquellos que prefieren un enfoque más deliberativo y colegiado.

Finalmente, el presidente Petro reiteró su compromiso de presentar la situación ante organismos internacionales, subrayando que el cumplimiento del acuerdo de paz es una responsabilidad que trasciende su administración y que implica al Estado en su totalidad.

La respuesta coarta a esa pregunta es sí, la implementación del acuerdo de paz de 2016 con las Farc a través de decretos es legal y está permitida por la Constitución de Colombia. El Acto Legislativo por la Paz o fast track, aprobado en el Congreso en junio de 2016, creó un procedimiento especial para tramitar las reformas legales y constitucionales derivadas de los acuerdos finales de paz. Además, otorgó facultades extraordinarias al presidente para expedir decretos con fuerza de ley, exclusivamente relacionados con el desarrollo del acuerdo de paz.

Este mecanismo fue diseñado para facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Sin embargo, el que esté permitido por la ley no significa que diversos sectores no vayan a oponerse a la idea, incluso si los organismos internacionales han insistido en la implementación.

Por ahora, resta esperar que el presidente de más detalles sobre cómo planea ejecutar tal idea y en caso de que se lleve a cabo, falta analizar en qué consisten y qué implican los posibles decretos.