La Contraloría General de la República destapó un nuevo y escandaloso capítulo de negligencia y mala gestión en varias cárceles del país, que pone en grave riesgo la salud y la integridad de las personas privadas de la libertad.
En una reciente auditoría, la Delegada para el Sector Justicia estableció 68 hallazgos con incidencia disciplinaria, principalmente relacionados con la producción de alimentos en cuatro centros penitenciarios: COBOG–Picota, EPMSC Cartagena–Bolívar, COIBA Ibagué-Picaleña, EPMSC Girardot–Cundinamarca y CPAMSEB El Barne-Cómbita.
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Según el informe, las condiciones insalubres y deficientes en la producción y distribución de alimentos no solo denigran la dignidad de los reclusos, sino que también representan una amenaza directa a su salud.
La ausencia de medidas higiénicas adecuadas, la falta de equipos y utensilios en condiciones óptimas, y la manipulación insegura de alimentos por parte del personal, ponen en peligro la inocuidad de los productos suministrados.
Además, se reveló un indignante presunto hallazgo fiscal en El Barne-Cómbita, donde no se entregaron 24.645 raciones de alimentos en diciembre de 2023, por un valor de $382.120.725. Este hecho no solo priva a los reclusos de su derecho fundamental a la alimentación, sino que también incrementa el riesgo de motines y asonadas dentro de los penales.
El componente de salud no queda exento de estas revelaciones alarmantes. En el establecimiento CPMS Cartagena, la falta de traslados oportunos ha resultado en la pérdida de citas médicas vitales, agravando las condiciones de los reclusos que requieren atención urgente.
De igual forma, en las cárceles de La Dorada–Caldas, Buga, El Barne Cómbita–Boyacá, Jamundí y Cali, se evidencian serias deficiencias en el abastecimiento de medicamentos y la manutención de equipos biomédicos. Este descuido repercute severamente en la salud física y mental de la población carcelaria.
La infraestructura penitenciaria también fue duramente cuestionada. Proyectos de ampliación y mantenimiento de los establecimientos de reclusión muestran serias deficiencias en su ejecución, incumpliendo estándares de calidad, seguridad y habitabilidad. Un caso emblemático es el del pozo profundo en El Barne Cómbita, una obra abandonada que no cumple con su propósito y por la cual se inició una indagación preliminar para determinar el daño y su cuantía.
Este explosivo informe de la Contraloría plantea tres debilidades estructurales críticas: alimentación, infraestructura y salud. Los hallazgos exponen un sistema penitenciario en crisis, donde la negligencia y la mala gestión prevalecen, afectando gravemente a la población carcelaria. Ante esta alarmante situación, se exige una respuesta inmediata y efectiva de las autoridades competentes para remediar estos atropellos y garantizar condiciones dignas y seguras para todas las personas privadas de la libertad. La confianza en el sistema penitenciario y en las instituciones del país está en juego, y la comunidad exige justicia y cambios profundos para erradicar estas prácticas deplorables.
En Colombia, las personas privadas de la libertad tienen una serie de derechos fundamentales que deben ser garantizados por el Estado, conforme a la Constitución Política de 1991 y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país. Estos derechos buscan asegurar que, pese a su condición de reclusos, los presos mantengan su dignidad y se les provean condiciones adecuadas de vida.
Uno de los derechos primordiales es el derecho a la vida y a la integridad física y mental. El Estado debe garantizar que los reclusos no sean sometidos a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además, deben recibir condiciones de seguridad dentro de los establecimientos penitenciarios para protegerlos de cualquier tipo de violencia.
El derecho a la salud es otro de los elementos cruciales. Las personas privadas de la libertad tienen derecho a recibir atención médica oportuna y adecuada, así como a disponer de los medicamentos necesarios para el tratamiento de sus enfermedades. Este derecho implica también el acceso a servicios médicos especializados cuando sea necesario y la disponibilidad de instalaciones médicas adecuadas dentro de los centros carcelarios.
Asimismo, el derecho a la alimentación adecuada y suficiente es fundamental. Los reclusos deben recibir una dieta balanceada que atienda sus necesidades nutricionales y, en casos particulares, dietas terapéuticas acorde a sus condiciones de salud. La inocuidad de los alimentos es esencial para prevenir enfermedades y mantener la salud de la población carcelaria.
Las condiciones de habitabilidad en los centros de reclusión también están garantizadas por el derecho a un trato digno. Los presos deben disponer de un espacio físico adecuado, limpio y seguro. Esto incluye acceso a agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas y un ambiente con ventilación y luz natural suficientes.
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