Escolta de congresista de Comunes habría subido a la fuerza a una menor a la camioneta blindada de la UNP

Un conductor agente escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) fue capturado por un presunto caso de reclutamiento de menores.

El señalado fue identificado como Yerlin Andrey Giraldo Marín, de 36 años, “asignado al esquema de la señora Sandra Milena Morales integrante del partido Comunes”, indicó el documento revelado por el diario El Tiempo.

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Los hechos ocurrieron en la tarde del domingo 16 de junio en el puesto de control de la seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del Valle del Cauca, cuando “fue ubicado en el peaje de Betania, ruta Popayán (Cauca) - Tuluá (Valle), allí personal de la Policía procede a registrar un vehículo Toyota convencional de placa KWT962″, se lee en el reporte.

Durante la inspección del mismo, los uniformados por sorpresa hallaron a “dos personas llevando a una menor sin su consentimiento para ser entregada al parecer a un grupo al margen de la ley - (manifestado por la menor en el momento de la registro)”, detalló el informe conocido por el medio mencionado.

Al percatarse de la presencia de las autoridades, la adolescente aprovechó y expresó su incomodidad. Los agentes le solicitaron que bajara del vehículo, momento que aprovechó para denunciar que estaba siendo reclutada a la fuerza.

De esta manera, Yerlin Girlado fue capturado y presentado ante la Fiscalía General de la Nación por la legalización de captura e imputación de cargos. Un juez le dictó medida de aseguramiento en un sitio de reclusión.

Por su parte, la menor de 17 años que lo acompañaba, oriunda de Caldono (Cauca), y estudiante bachiller del grado décimo, fue aprehendida y quedó bajo custodia de la dirección de Infancia y Adolescencia de la Policía que en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), procedieron a la restauración de sus derecho.

En el departamento del Cauca, el reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales alcanza niveles alarmantes. Las denuncias de las comunidades locales indican que el 79% de los casos reportados en la región involucra a menores indígenas, de los cuales el 63% es captado de manera forzada.

Jimmy Alexander Casamachín, líder en Cauca, expresó en Noticias RCN su indignación ante la violencia que sufren sus comunidades y la utilización de niños en el conflicto armado. “Estamos cansados de esa guerra que no nos pertenece a nosotros (...) Por el poder de las rutas del narcotráfico y el departamento del Cauca es uno de los departamentos que, por un lado, colinda con el Valle que tiene acceso al mar Pacífico”, afirmó Casamachín.

El Cauca se ha convertido en un campo de batalla donde la vida de cientos de personas se ve truncada y donde los menores son arrancados del seno familiar para ser forzados a participar en actividades bélicas. Casamachín lamentó profundamente cómo la guerra les roba la inocencia a estos jóvenes. “Les han devuelto a los niños en bolsas plásticas en cajones, otras familias han tenido que enterrar a sus hijos sin siquiera poder verlos”, señaló.

La problemática se ha intensificado con el tiempo, especialmente en el norte del Cauca, donde viven aproximadamente 22 resguardos indígenas. Los grupos armados, aprovechándose de la vulnerabilidad de estas comunidades, interceptan a los menores no solo en sus hogares, sino también en sus lugares de estudio.

De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, en lo corrido de este 2024 se han registrado 125 casos de reclutamiento de menores. Los departamentos con mayor número de casos son:

• Cauca: 99 casos.
• Arauca: 8 casos.
• Nariño: 7 casos.
• Norte de Santander: 5 casos.
• Cundinamarca: 3 casos.
• Amazonas, Putumayo y Huila: 1 caso.

En marzo de 2024, se cuestionó la legalidad y seguridad de los esquemas de protección en Colombia tras una denuncia presentada por la periodista Amalfi Rosales. Rosales sostiene que sus escoltas, asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP), portan armas sin la documentación legal correspondiente.

Esta situación cobró relevancia después de que W Radio investigara el caso, revelando que no se trata de un incidente aislado, sino de un problema más amplio que afecta a la UNP.

La denuncia resalta un reciente cambio en las empresas contratistas responsables de las licencias para el porte de armas. Anteriormente, esta tarea era manejada por la empresa de seguridad Guardianes, pero ahora ha sido transferida a Alliance, compañía vinculada a Jorge Moreno, conocido como el “zar de la seguridad”.