El 50 % de las mujeres detenidas en estaciones de Policía en Medellín fueron trasladadas a la cárcel El Pedregal

En medio de la búsqueda de soluciones para la crisis carcelaria en Medellín por parte del alcalde Federico Gutiérrez, se han implementado medidas inmediatas en la ciudad, según pudo conocer la emisora colombiana Blu Radio.

Actualmente, las estaciones de Policía de Medellín enfrentan un grave hacinamiento, con capacidad para 643 personas, pero albergando casi 2.000. Para aliviar esta situación, el 50% de las mujeres detenidas en estas estaciones serán trasladadas a la cárcel de El Pedregal, la cual no presenta hacinamiento.

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Pablo Yamid Ramírez Peña, director de la cárcel de El Pedregal, destacó la importancia de atender prontamente a estas mujeres, asegurando que el centro penitenciario está preparado para recibirlas y brindarles una atención adecuada.

“Va a recibir al 50% de las femeninas que hoy están en las estaciones de Policía para poderle brindar a esta población femenina con orden judicial una atención inmediata oportuna en el establecimiento de reclusión, con acceso a los servicios obviamente de oportunidad y calidad en alimentación”, indicó Ramírez, citado por Blu Radio.

Además, la Alcaldía de Medellín y la Personería Distrital están organizando brigadas de consultorías jurídicas intensivas durante junio, para definir la situación de los reclusos. El secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Alberto Arcila Valencia, subrayó la importancia de resolver la situación de quienes ya han cumplido su pena y pueden continuar su condena bajo arresto domiciliario.

“Vamos a avanzar en la situación jurídica y psicosocial de manera intensa, vamos a atender toda la situación de aquellas personas que ya han cumplido pena y que se hace necesario ir avanzando para lograr quemarme el hacinamiento”, manifestó Arcila.

Durante dos semanas, 30 profesionales llevarán a cabo estas brigadas en los centros penitenciarios, que actualmente tienen un hacinamiento del 38% en los pabellones masculinos. Estas medidas buscan no solo aliviar la sobrepoblación en las estaciones de Policía, sino también mejorar las condiciones de reclusión y garantizar una atención adecuada a los detenidos.

Mientras tanto, el alcalde Federico Gutiérrez continúa sus gestiones ante la Corte Suprema en busca de soluciones más amplias y duraderas para la crisis carcelaria que enfrenta Medellín.

La crisis de hacinamiento en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) de Bogotá no es nueva y en 2024 ha alcanzado niveles críticos. Una queja de la Personería de la ciudad ha vuelto a poner el tema en el tintero, inclusive, luego de que en 2023 la Corte Constitucional realizara inspecciones en centros de detención de la ciudad.

La información más reciente que publicó la institución indica que, en términos generales, el hacinamiento ha superado el 158,6% de su capacidad, según reveló el personero de Bogotá, Andrés Castro Franco. Esta situación pone de manifiesto la urgente necesidad de aplicar medidas para aliviar las condiciones de más de 3.174 individuos retenidos en espacios diseñados para 1.227.

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Esta circunstancia ha planteado serios cuestionamientos sobre el respeto a los derechos humanos y el acceso a la justicia en el sistema carcelario de la ciudad, dejando en entredicho la gestión de estos puntos de detención de las personas que no han sido enviadas a centros penitenciarios.

En primer término, el personero destacó varios puntos que han llevado al desbordado índice de hacinamiento. Uno de ellos es que en las estaciones de Policía hay una sobreocupación del 203%, que se traduce en cifras de hacinamiento de casos extremos como Usaquén (750%), seguido por Kennedy y Bosa, con porcentajes que ascienden a 517% y 511%, respectivamente. Estas cifras exponen una realidad muy desalentadora para los detenidos, que enfrentan condiciones inadecuadas.