Alcalde de Cali solicitó que se retomen bombardeos aéreos contra grupos armados

Alejandro Eder señaló que ante la ausencia de este tipo de acciones por parte del Ejército se le está dando una ventaja estratégica a los grupos armados en el suroccidente del país

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Fotografía de archivo de un supertucano, aeronave con la que históricamente el Ejército colombiano ha golpeado a las organizaciones ilegales. (Crédito: Colprensa)

Durante el encuentro de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) que se realizó en Bogotá durante la tarde del lunes 17 de junio, el alcalde de Cali solicitó que se retomen las acciones militares aéreas en contra de los lugares en los que tienen guarida los integrantes de los grupos armados ilegales que tienen injerencia en el suroccidente del país.

“Se tiene que revisar la política de bombardear los campos de estos grupos ilegales. Lo que se está haciendo es darle una ventaja táctica a estos grupos ilegales que, además, están reclutando menores a dos manos, porque lo entienden como su defensa aérea”, expresó en Noticias Caracol, el alcalde de la capital vallecaucana, Alejandro Eder, que, además, preside a Asocapitales.

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El mandatario local recordó que en el suroccidente del país están padeciendo por las acciones armadas de los grupos insurgentes como el Estado Mayor Central (EMC) que tuvo una arremetida armada con una serie de atentados desde finales de mayo, por lo que insistió en que se requiere contundencia en contra de esas organizaciones que tienen su principal fuente de financiación con las rentas ilegales.

“Hay que entender las dinámicas del suroccidente. Estamos otra vez con grupos terroristas y narcotraficantes actuando como tal. El 60 % de la coca que sembrada en Colombia está entre Cali y la frontera con el Ecuador, incluyendo el Putumayo. Eso lo que está generando es una dinámica de violencia”, afirmó.

Agregó que la subversión en esa zona del país está asfixiando la Vía Panamericana lo que tiene graves consecuencias en la economía formal en los departamentos de Cauca y Nariño.

Llamado para proteger la Vía Panamericana de bloqueos en protestas

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Fotografía de archivo de un bloqueo en la Vía Panamericana. (Crédito: Colprensa)

Precisamente sobre las situaciones que han ocurrido en ese importante corredor vial del país, desde Asocapitales anunciaron que interpondrán medidas de protección por todas las repercusiones que han tenido contra los departamentos de Cauca, Nariño y Valle.

“El presidente de Asocapitales y alcalde de Cali, Alejandro Eder, el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, y la directora ejecutiva de Asocapitales, Luz María Zapata, exigimos al Gobierno Nacional intervenir de manera eficaz y rápida las situaciones que se presentan en la vía Panamericana, haciendo uso de los mecanismos de negociación y diálogo que atiendan las pretensiones de los grupos poblacionales que acuden a vías de hecho para reclamar del Estado su atención”, exhortaron a la administración nacional a través de un comunicado.

Recordaron que en esa vía que conecta el centro con el occidente de Colombia se han registrado 29 bloqueos, según datos que les proporcionaron desde Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), lo que tiene en vilo a las economías departamentales.

Indicaron que esa solicitud al Gobierno Petro contaba también con el respaldo por Asointermedias (Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias), de la Gobernadora del Valle del Cauca, Dilián Francisca Toro; del Comité Intergremial de ese departamento, así como de la organización homóloga en Nariño.

“Nuestras ciudades capitales, cuatro departamentos (Cauca, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca), 156 municipios y más de 8.300.000 habitantes de Colombia, -la totalidad de la población del suroccidente del país-, ven directamente afectados sus derechos fundamentales con los repetidos bloqueos de la vía Panamericana”, agregaron en otro de los apartes del comunicado.

Y reiteraron que con esas acciones se estaba perjudicando “la movilidad, la seguridad alimentaria, el trabajo y el acceso a servicios públicos” bajo el pretexto de garantizar “el ejercicio de la protesta social”.

“Pese a estar protegida constitucionalmente, no puede violentar de manera irrazonable y desproporcionada el diario vivir de millones de personas, entre ellos miembros de comunidades (también) con especial protección constitucional”, concluyeron.

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