Santiago Montenegro, presidente la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), negó haber tenido una reunión con el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, en medio del trámite de la reforma pensional.
“Es absolutamente falso afirmar que me reuní con el señor Andrés Calle. No conozco al representante ni jamás me he reunido con él”, escribió el presidente de Asofondos en una carta pública, respecto a los señalamientos de que supuestamente fue visto en un restaurante con el congresista liberal.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.
“En nuestro derecho los hechos negativos no son susceptibles de demostración porque es imposible demostrar que algo no se hizo”, agregó Montenegro, quien afirmó que no es posible exhibir pruebas sobre situaciones que no ocurrieron y que pueden afectar su buen nombre.
El representante de las AFP aseguró en entrevista con El Tiempo que respetan la decisión de la Cámara de Representante al haber acogido el texto aprobado en el Senado para dar por terminado el trámite de la reforma pensional. Sin embargo, esperan que la Corte Constitucional decida si se cumplió con la Constitución con esa decisión.
“Asofondos ha presentado en diversos escenarios su posición sobre la reforma pensional. Hemos reiterado, en todos los espacios y de manera consistente los problemas que tiene esta reforma para el país. Hemos defendido el ahorro de los colombianos y lo seguiremos defendiendo vehementemente”, manifestó Montenegro.
Para el líder gremial, el texto aprobado en el Senado es más “lesivo” que el que llevaba la Cámara de Representantes tras el tercer debate en la Comisión Séptima. No están de acuerdo con varios artículos que iban a ser objeto de conciliación, pero que con la estrategia del Pacto Histórico en el último debate, quedaron aprobados.
Por ejemplo señalan que el trato diferencial para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y campesinos fue aprobado por el Senado, pese a que no contaba con aval fiscal y en las cuentas de las AFP, el costo sería “descomunal”.
Así mismo, Asofondos había logrado en la Comisión Séptima de la Cámara que se mantuviera el reconocimiento de rendimientos para los ahorradores al momento de la devolución de aportes, en caso de tener menos de 300 semanas cotizadas. Una propuesta que finalmente terminó desechada porque el texto del Senado no la acogió.
Montenegro considera que el sistema pensional creado con la reforma es insostenible porque no tiene un umbral de cotización alto para Colpensiones y no tiene en cuenta el envejecimiento de la población. Por tanto sostiene que el ahorro público se agotará en 2062, lo que terminará por afectar a los jóvenes y a las personas de más bajos ingresos.
Incluso, de acuerdo con el presidente de Asofondos, asegura que en el trámite de la reforma el Ministerio de Hacienda advirtió que habría un aumento de la deuda pensional; la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, señaló que debía presentarse un nuevo proyecto en 12 años, mientras que Martha Alfonso, la congresista ponente, dijo tras la aprobación que debía presentarse otro texto el 20 de julio para corregir los errores de lo aprobado en el Senado.
El presidente de Asofondos también negó que los Fondos de Pensiones vayan a obtener una comisión mayor con la reforma pensional. “La cifra de $2,8 billones resulta de multiplicar 0,7% por el saldo de $405 billones, lo cual es totalmente incorrecto y sobreestimado debido a que la comisión de 0,7% NO aplica al fondo especial de retiro programado, ni a las cuentas de las personas que integrarán el régimen de transición, por citar los más relevantes”, señaló Montenegro.
Desde el gremio calculan que el ingreso será el mismo al obtenido en 2023 y que se irá disminuyendo a medida que se reduce el fondo. En cambio señalan que Colpensiones sí aumentará casi cuatro veces la comisión.
“Es función de la Corte Constitucional, no de Asofondos, determinar si hubo un vicio de trámite en la forma en que se aprobó la reforma pensional en la Cámara de Representantes y resalto, también, que el Gobierno debe respetar la eventual decisión que tome la Corte”, señaló Montenegro.