A raíz de la ofensiva contra las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, y decretada desde el 20 de marzo de 2024 con el rompimiento del cese al fuego, han surgido diversas opiniones en la opinión pública que falsean la realidad. Así quedó plasmado en un comunicado conocido el domingo 16 de junio por el conocido Estado Mayor Central (EMC), en español, inglés y francés.
De acuerdo con esta organización al margen de la ley, algunas de estas interpretaciones han sido promovidas por el jefe de la delegación de paz del Gobierno en este proceso de negociación, Camilo González Posso, y otras, incluso, por el propio presidente de la República, Gustavo Petro. Y que estarían relacionadas con los señalamientos sobre actividades relacionadas con el narcotráfico.
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Ambas opiniones, se remarca en el extenso comunicado, parecen demostrar un desconocimiento del tema, aunque se sospecha que podrían ser justificaciones planificadas para mantener la guerra contra las disidencias, ante la falta de voluntad política para abordar este delicado tema. E hicieron énfasis en las declaraciones del jefe de Estado, en el que solo se restablecerá el diálogo si renuncian a las economías ilegales.
Disidencias de las Farc aclararon cuál es su papel con respecto a las drogas
La estructura insurgente indicó en la misiva que solo cobran una especie de impuesto por la circulación de ciertas mercancías, como la base de coca o la cocaína, en los territorios bajo su control y que no tienen otro papel en lo que denominaron una industria multinacional. Y añadieron que dichos tributos, utilizados para el sostenimiento de sus unidades, responden “a necesidades negadas por el Estado”.
La organización también acusó que algunos miembros del Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Policía son parte de los carteles del narcotráfico en las líneas de comercialización nacional e internacional del alcaloide. Y añadieron que los expresidentes, congresistas, banqueros, industriales y embajadores de Colombia y empresarios de Estados Unidos están involucrados en este negocio.
Con ello, indicaron que mantuvieron la industria ilegal para sostener altos precios y ganancias y financiando ejércitos contrainsurgentes y paramilitares en todo el mundo. “Nos piden que renunciemos al cobro de este impuesto, lo que poco o nada contribuye a superar las causas estructurales de estos cultivos”, indicaron, en relación con las acusaciones de que son colectivos narcotraficantes.
“Nos piden que nosotros renunciemos al cobro de este impuesto, lo que poco o nada aporta a la superación de las causas estructurales que determinan la existencia de estos cultivos. Consideramos necesario que se supere este debate distractor de las drogas, que busca (como en todos los Gobiernos, incluyendo el actual), justificar la guerra contrainsurgente en Colombia”, expresó el colectivo.
Para el EMC, durante décadas, han convocado a los Gobiernos de turno y la comunidad internacional a escuchar y vincularse a acciones para superar el mercado ilícito de drogas; e insistieron que las comunidades cultivadoras de hoja de coca, marihuana y amapola son las que poseen los cultivos, no las disidencias.
“Las Farc-EP no pueden negociar con algo que no nos pertenece. Nuestra voluntad de aportar en la discusión estructural del tema fue refrendado en los acuerdos suscritos entre nuestra delegación y la delegación del Gobierno nacional en el Acuerdo 3 ‘Lineamientos base para la elaboración de la agenda de diálogos y construcción de paz’”, precisaron en su escrito.
Al igual que en el Acuerdo 3, ‘Lineamientos del acuerdo especial para la transformación de territorios y superación de la dependencia de economías consideradas ilícitas’, y las actas y acuerdos confidenciales. “Acuerdos que hoy se desconocen por parte del Gobierno y que fueron traicionados al permitirse que la mesa fuera asaltada por fraccionalistas que no representan al EMC”, añadieron.
Arremetieron contra Gustavo Petro por encasillarlos como narcotraficantes
A su vez, la organización criticó a Petro por etiquetarlos como narcotraficantes para “justificar la guerra”, al asemejar su comportamiento al de Gobiernos anteriores que engañaban, según ellos, al pueblo y a la comunidad internacional, para adelantar políticas contrainsurgentes ordenadas por los Estados Unidos. Y resaltaron que las principales potencias buscarán controlar el mercado de la cocaína.
En esta crítica, destacaron que el verdadero debate debe centrarse en el “desarrollo rural en Colombia y el apoyo a la economía campesina, indígena y de las comunidades negras” a, con lo que acusaron a la delegación del Estado de reducir siempre el tema a los cultivos ilícitos. E insistieron que esta visión es consistentemente mantenida tanto por el gobierno actual como por la ultraderecha.
Las disidencias concluyeron con un llamado a discutir sobre el “tránsito de las economías ilegales, en relación con actividades rurales de producción, agrícolas y pecuarias” y enfatizaron que es crucial superar prácticas de despojo económico y cultural vigentes desde hace décadas, que han hecho de Colombia, desde su óptica, el mayor productor del alcaloide en el mundo.