Contraloría confirmó los problemas jurídicos y de dinero que tendrá Colombia por no exportar más carbón a Israel

El 8 de junio, el presidente Gustavo Petro anunció que Colombia dejará de exportar carbón a Israel “hasta que detenga el genocidio” contra Palestina. Esto, al mostrarse, una vez más, en desacuerdo con ese país por la respuesta que dio ante el ataque terrorista que recibió el 7 de octubre de 2023 por parte del grupo palestino Hamas.

La medida, según la Agencia Colombiana de Minería (ACM), así como otros expertos, le significaría a Colombia dejar de percibir USD450 millones en un momento difícil para la economía del país, en el que, precisamente, se informó de un recorte de $20 billones en el Presupuesto General de la Nación (PGN).

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La situación, por supuesto, generó todo tipo de reacciones y ahora fue la Contraloría General de la República (CGR) la que se refirió al hecho. Lo hizo por medio de un oficio al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho Morales, en la que detalló varias observaciones.

En esta, se lee que la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada de Minas y Energía hizo la evaluación al proyecto de decreto del asunto y preocupa la seguridad jurídica, en especial, de los compromisos asumidos a nivel internacional, como por ejemplo, los acuerdos de libre comercio, en este caso el que Colombia tiene con Israel desde el 2020.

Asimismo, apuntó que es probable que hay una restricción a la autonomía empresarial y se viole lo contemplado en el artículo 98 de la Ley 685 de 2001, que dice: “Disposición a la producción. El concesionario dispondrá libremente el destino de los minerales explotados y establecerá las condiciones de su enajenación y comercialización”.

Manifestó que si bien el Gobierno indica dentro de la parte motiva del proyecto de decreto que toma esta determinación debido a los ataques militares que Israel ha hecho a Palestina desde octubre de 2023, además señala entre otros argumentos que “debido a la naturaleza de urgente ejecución de las medidas que se adopten para prevenir y detener los actos de genocidio contra el pueblo palestino, y con el propósito de proteger la moral pública y los intereses esenciales de seguridad de la República de Colombia...”, no es menos cierto que Colombia, por medio de sus exportaciones, en especial de carbón, genera recursos para inversión en políticas sociales.

Entonces, recalcó el ente que “a pesar de que el decreto menciona las causas en las cuales no aplicaría la prohibición de exportación a Israel, la CGR considera que el proyecto de decreto causa inseguridad jurídica y un desincentivo a la inversión extranjera, ya que las hullas y briquetas (carbón) que se exporta a Israel es explotado por las empresas con capital extranjero, principalmente, por Drummond y El Cerrejón”.

De igual manera, anotó que según cifras de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), las exportaciones de carbón hacia Israel hasta octubre de 2023 ascendieron a 2,45 millones de toneladas, correspondientes al 5,3% del total de las exportaciones de carbón de ese mismo año, lo que correspondió a cerca de $650 millones en regalías, impuestos y contribuciones a la nación; y cerca de $100 millones destinados puntualmente a los departamentos de La Guajira y Cesar.

Así las cosas, de llegar a ser aprobado dicho decreto, la nación podría dejar de recibir recursos similares a los anteriormente mencionados, lo que afectaría los proyectos que están soportados bajo el Sistema General de Regalías. Por otro lado, la disminución en la explotación de carbón térmico afectaría de manera directa a la generación de empleo, tanto directo como indirecto, de las regiones productoras.

Sin embargo, la entrada en vigencia de este decreto no afectaría la economía de Israel, ya que países como Australia, Indonesia, India, entre otros, podrían suplir el vacío dejado por Colombia.

“Adicionalmente, es inquietante el mensaje que el Gobierno nacional está enviando al mundo, teniendo en cuenta que además de desincentivar la inversión extranjera se está dando a entender que la nación no cuenta con la estabilidad jurídica para garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas como vendedores de materias primas, no solo dentro del sector minero”, agregó la Contraloría General de la República.