No paran los esfuerzos del Gobierno nacional por encontrar la paz con la mayoría de grupos armados y bandas delincuenciales del país, incluidos los que ahora adelantan a través del Ministerio de Justicia y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz con Andrés Felipe Marín, alias Pipe, el líder de la temida banda delincuencial La Inmaculada.
Ya existen avances de las negociaciones, pues el pasado 6 de junio se dio el primer encuentro entre el Gobierno nacional y la cabeza del grupo delictivo en una celda del patio de extraditables de la cárcel La Picota de Bogotá.
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Esta cita se produjo tras dos años de insistentes solicitudes del líder de la banda criminal La Inmaculada, que, desde prisión, ha mantenido un dominio criminal amplio en Tuluá, la segunda ciudad en importancia del Valle del Cauca.
Alias Pipe ha sido señalado de dirigir asesinatos, intimidar a guardias penitenciarios, gestionar extorsiones y amenazar a funcionarios de alto rango en Tuluá.
Según El Espectador, Marín logró la atención del Gobierno mediante una escalada de violencia en la zona que terminó en el encuentro en Bogotá. Durante la reunión, alias Pipe se comprometió a no ordenar asesinatos por un mes y a revelar avances únicamente a través de la emisora W Radio.
En contraste, el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, y su secretario de Desarrollo Institucional, Robert Posada, señalaron no tener conocimiento de ninguna propuesta formal de La Inmaculada.
Incluso, les sorprendió que el medio radial y el periodista Julio Sánchez Cristo dieran a conocer detalles de los supuestos compromisos del líder de la banda. “Toca esperar que el Gobierno nacional nos diga cuál es la idea que tiene La Inmaculada y hasta dónde están dispuestos a llegar con una banda de delincuencia común”, comentó Posada a El Espectador.
Según la propuesta de Pipe Tuluá publicada por La W, dentro de los compromisos se incluye la entrega de jóvenes y niños del grupo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), así como la disposición de ochenta armas a las autoridades. “Proponemos que se realice la feria de Tuluá para la cual garantizamos la seguridad y el bienestar de todos los asistentes”, indicó el borrador de alias Pipe, según explicó Sánchez Cristo.
Sin embargo, desde la administración local advirtieron que el alcalde Vélez ha sido uno de los principales objetivos de alias Pipe, quien confesó haber planeado su asesinato, así como el del concejal Carlos Arturo Londoño, el pasado 29 de abril.
Robert Posada señaló, además, que hay desconfianza hacia la banda debido a sus constantes actos de violencia. “Hay muchas víctimas de por medio y muchas familias destruidas. Ustedes no se alcanzan a imaginar lo que siente uno cuando vienen los ciudadanos y lloran en nuestra oficina, por culpa de La Inmaculada. No podemos poner a nuestro verdugo en el olimpo de los Dioses”, comentó al diario nacional.
Incluso, el secretario de Desarrollo aseguró que las negociaciones con Pipe Tuluá resultan ser de suma delicadeza, pues bajo su mando se perpetran fuertes asedios a la población del municipio, además de extorsiones a comerciantes y ha logrado hasta meterse en la Secretaría de Transporte de Tuluá, según revelaron investigaciones de la Policía Nacional.
Y es que la desconfianza de la Alcaldía hacia el líder de la banda no puede ser menor, pues en el mes de mayo habían pactado una tregua; sin embargo, terminó siendo el periodo más violento en lo que va del año con nueve homicidios, acumulando un total de 32 en 2024.
De hecho, alias Pipe mantiene su control desde prisión, siendo capaz de ejecutar asesinatos y controlar el microtráfico en Tuluá. En entrevista con La W, expresó que “los concejales asesinados están pagando el precio de lo que el alcalde Vélez hizo”, demostrando su poder y enemistad con las autoridades locales.
Las fuentes cercanas a la reunión, según El Espectador, coincidieron en que, por el momento, la posición del Gobierno es de escucha y evaluación de las posibilidades, estableciendo que lo máximo que podría procederse a favor de La Inmaculada sería un proceso de sometimiento, ya que el grupo carece de un fin político. Alias Pipe, sin embargo, busca más que eso, demandando la libertad para él y sus subordinados, además de “oportunidades” para reintegrarse a la sociedad.
Con toda esta situación, la ciudadanía de Tuluá permanece con alta expectativa y significativa preocupación sobre cada decisión gubernamental, anticipando un proceso de paz que aún no les ha sido explicado completamente.