A pesar de ser ponente de la reforma pensional, congresista del Pacto Histórico votó en contra y explicó sus razones

En un sorpresivo giro de los acontecimientos legislativos, la congresista Alexandra Vásquez, del Pacto Histórico, ponente clave en el debate de la Reforma Pensional en la Cámara de Representantes, generó controversia al votar en contra de la proposición para acoger el texto proveniente del Senado. Este decisivo movimiento se produjo durante el cuarto debate de la reforma el 14 de junio de 2024, lo que dejó al en el aire el futuro de una de las iniciativas más trascendentales para el sistema pensional en Colombia.

La sesión plenaria estuvo marcada por intensos debates y tensiones políticas, donde la propuesta de adoptar el texto senatorial encontró resistencia no solo entre los sectores de oposición y congresistas independientes, sino también dentro de la misma bancada oficialista. Con 150 impedimentos, 100 recusaciones y 800 proposiciones a 94 artículos, la jornada se vio afectada por la ruptura constante de quórum, lo cual desató críticas y amenazas de demandas ante la Corte Constitucional por supuestas violaciones de procedimiento.

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Uno de los objetivos de esta reforma es mejorar el respaldo financiero para adultos mayores que no cuentan con ingresos mensuales provenientes de la jubilación. Aunque muchos opositores se mostraron en contra de esta premisa y otros aspectos de la reforma, esta fue aprobada, desencadenando diversas controversias.

Pero lo que llamó la atención fue que unos parlamentarios del Pacto Histórico se opusieron a aceptar el texto del Senado, específicamente Alexandra Vásquez, Carmen Ramírez y Andrés Cancimance.

Frente a este actuar, la congresista Vásquez, al explicar su voto negativo, destacó que su decisión no se dirigía en contra de la reforma en sí misma, sino que reflejaba su profunda preocupación por el proceso legislativo seguido. Por medio de un comunicado, la representante destacó que el texto proveniente del Senado ignoraba el exhaustivo debate y los consensos alcanzados en la Comisión Séptima de la Cámara, donde ella misma participó activamente como ponente.

“Mi voto en contra de la proposición de acoger el texto del Senado responde a la necesidad de respetar el proceso deliberativo en la Cámara de Representantes. Desde el inicio, he abogado por una discusión detallada que garantice una reforma pensional robusta y justa para nuestros adultos mayores”, se lee en el comunicado.

Durante el debate, se destacó la importancia de ciertos puntos críticos del proyecto, como el artículo 85 que aborda el tratamiento tributario de las pensiones. Expertos, como el exdirector de la Dian Lisandro Junco, expresaron preocupaciones sobre omisiones significativas en el texto, bajo el argumento de que la claridad en términos tributarios es fundamental para evitar interpretaciones erróneas que podrían tener repercusiones financieras graves, de acuerdo con el comunicado de la congresista.

El tema de la doble comisión para las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), específicamente en el artículo 23, y la administración del Fondo de Ahorro por parte del Banco de la República, contemplado en el artículo 93, también fueron puntos de discordia discutidos durante las sesiones previas en la Comisión Séptima.

“Como ponente, hemos trabajado arduamente para mejorar este proyecto y asegurar que sea beneficioso para todos los ciudadanos. Es lamentable que no se haya permitido corregir ciertos errores antes de la votación final en plenaria”, agregó Vásquez.

La congresista hizo hincapié en la necesidad de respetar los tiempos y procedimientos establecidos, mencionando que aún quedaban días hábiles para realizar ajustes necesarios antes de la fecha límite. “El Congreso tiene la responsabilidad de garantizar que las reformas estructurales como esta sean implementadas de manera transparente y rigurosa, respetando los principios de publicidad y deliberación que son fundamentales para nuestra democracia”, señaló.

Con la aprobación de la reforma pensional en la plenaria de la Cámara, el camino hacia su implementación a partir de julio de 2025 parece estar asegurado, aunque con las críticas y observaciones de diversos sectores sobre la mesa.