Todo Rico y su estrategia para eliminar los sellos exigidos por el Ministerio de Salud: así lo lograron

Finalmente llegó la hora para todas las empresas de productos ultaprocesados pongan en sus empaques la advertencia de los posibles riesgos a la salud que pueden contener varias de las materias primas que son usadas en el proceso.

Así lo lo fijó la resolución 810 de 2021 del Ministerio de Salud, que fue modificada en 2022 por la resolución 2492 y que estableció que a partir del 15 de junio de 2024 todos los productos ultraprocesados deben incluir sellos octogonales de advertencia si exceden los umbrales de sodio, grasas saturadas, azúcares y grasas trans.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Sin embargo, una estrategia de la marca Todo Rico causó curiosidad entre los consumidores, pues es de los pocos paquetes de fritos ultraprocesados que no presenta los sellos frontales de advertencia de salud, requeridos por las normativas del país.

La particularidad estaría ocurriendo específicamente con su línea de Todo Rico Original, un paquete que contiene una mezcla de chicharrones, papas fritas y tajadas de plátano maduro y que, lejos de haber mejorado en términos de salud, ha sido reformulado para evadir las obligaciones de etiquetado.

Así quedó reflejado en una investigación del medio independiente Vorágine, pues la tradicional marca habría manipulado su contenido para introducir nuevas materias primas que no están reguladas en la norma. De hecho, según el experto en nutrición Juan Camilo Mesa, la marca aumentó el número de las calorías y añadió glutamato monosódico en lugar de sal.

Mesa destacó que la industria ha encontrado maneras de manipular los ingredientes de sus productos para evitar estos sellos. “Lo que hicieron ellos fue jugar con las calorías, pero le subieron por un lado que no los afectara”, comentó al medio, añadiendo que “por ejemplo, subirle a la proteína (en este caso, piel de cerdo) aumenta calorías y la ley no sanciona eso”.

Además, el experto expuso que la reformulación de Todo Rico incluye 31 calorías adicionales, sustitución parcial de grasas saturadas por insaturadas y el uso de glutamato monosódico para mantener el sabor anterior del producto.

“El glutamato monosódico es una sustancia que entre comillas reemplaza al sodio y es tremendamente estudiada, sabemos hoy en día que es un ingrediente que modifica o cambia la forma en que nosotros percibimos los alimentos, nos hace más o menos sensibles a los sabores”, comentó Mesa a Vorágine.

Y es que la marca de ultraprocesados habría cambiado todo su sistema de producción para agregar productos que no fueran castigados por la ley, como en el caso de carbohidratos y grasas insaturadas, además de usar diferentes cortes de proteína que, a pesar de contener mayor carga calórica, no los obliga a etiquetarlo en su empaque.

“Hasta con extracto de levadura, o sea, ¿por qué esto tendría levadura? ¿Por qué una formulación de este tipo tendría levadura si no es un producto que hornean? Se la ponen para subirle a la proteína y lograr este tipo de efectos”, comentó.

Y es que la medida del Gobierno nacional generó todo tipo de reacciones y, a su vez, estrategias para hacerle el quite a los sellos que es invasivo, justamente para evitar que los colombianos consuman alimentos que podrían generar problemas de salud a largo plazo.

Incluso, Mylena Gualdrón, directora de la organización internacional de derechos humanos Fian Colombia, ha observado que además de la reformulación, se ha visto la exhibición de productos ultraprocesados al revés en las góndolas, una táctica para evitar que los consumidores vean los octógonos de advertencia.

En paralelo, en la Cámara de Representantes, durante el debate del Presupuesto General de la Nación el 18 de octubre de 2023, surgieron propuestas para aplazar la implementación del impuesto a las bebidas azucaradas y ultraprocesados.

Aunque estas votaciones no tuvieron éxito, el Colectivo de Abogadas y Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) presentó una demanda contra tres congresistas por conflicto de intereses, ya que sus campañas fueron financiadas por empresas relacionadas con estas industrias.

En este contexto, el senador Carlos Abraham Jiménez y los representantes Adriana Carolina Arbeláez y Jairo Humberto Cristo, financiados por empresas como Postobón y Bavaria, intentaron posponer la entrada en vigor del impuesto a los ultraprocesados.

Jiménez intervino activamente en la suscripción de la proposición mientras Arbeláez y Cristo votaron a favor. Jiménez, según la información reportada por Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral (CNE), recibió 45 millones de pesos de Postobón y 81 millones de Bavaria. Arbeláez obtuvo 45 millones de Bavaria y 70 millones de Postobón, mientras que Cristo recibió 36 millones de Bavaria y 90 millones de Postobón.

Además, varios estudios, como el publicado por Salud Pública de México en 2019, señalan que las declaraciones nutricionales en los productos generan confusión en los consumidores. Este estudio indica que la presencia simultánea de advertencias sobre nutrientes críticos y supuestos beneficios nutricionales engañosos puede llevar a decisiones equivocadas de compra.

Asimismo, Redpapaz, una organización que defiende la alimentación saludable, ha argumentado que los impuestos a los ultraprocesados no tienen un impacto significativo en la inflación, un argumento que suele utilizarse para oponerse a estas medidas. En un análisis sobre la inflación desde agosto de 2022 a agosto de 2023, Redpapaz determinó que solo 0,2 puntos porcentuales corresponden a alimentos y bebidas ultraprocesadas.

Por otro lado, la encuestadora Cifras & Conceptos, en colaboración con Redpapaz, reveló en un estudio que el 54% de los colombianos considera útiles los sellos octogonales, aunque solo el 36% admite haber reducido la compra de ultraprocesados gracias a estos sellos. Además, el 76% de los encuestados manifestó interés en obtener más información sobre los impuestos saludables por parte de la Dian.

Para Adriana Torres, investigadora de Dejusticia, la implementación de la normativa ha sido complicada debido a la falta de seguimiento y capacidad operativa del Invima. “Hemos visto que en la implementación ha sido difícil el seguimiento y la evaluación de la política”, comentó Torres a Vorágine. Además, indicó que se han llevado a cabo esfuerzos pedagógicos en apenas 11 de los 1.103 municipios del país, dejando mucho por hacer en términos de educación y difusión sobre la normativa.