El 13 de junio es confirmó que había diferencias por las que se rompió el acuerdo que había entre el Gobierno nacional y los partidos políticos de oposición sobre el proyecto con el que se busca una reforma a la educación.
Sumado a ello, también se registró una manifestación en la que los miembros de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) expresaron su descontento con esta propuesta, sobre la que desde el Ministerio de Educación indicaron que no retiraran el proyecto que será discutido en dos ponencias por la plenaria del Senado el 17 de junio.
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Estos aspectos, más los problemas que se han registrado con temas que conciernen a esta cartera en el país, hicieron que 200 representantes de la educación, entre los que resalta la presencia del exministro Alejandro Gaviria, emitieran una carta a la ministra Aurora Vergara —encargada de esta dependencia—.
El documento, que también fue enviado a los miembros del Congreso de la República, indica que no se trata de un señalamiento, sino una invitación para “respetar la esencia del acuerdo logrado”.
“El 5 de junio, la Comisión Primera del Senado alcanzó un acuerdo de fondo sobre el Proyecto de Ley Estatutaria de Educación (PLEE), con la participación de diferentes bancadas y el Ministerio de Educación Nacional, consenso que actualmente está siendo desconocido. Con motivado interés ratificamos nuestra invitación al Congreso de la República y al Ministerio de Educación a respetar la esencia del acuerdo logrado, para que se consolide un adecuado proyecto de ley que integre las necesidades sociales en materia de educación, siendo incluyente y pertinente para atender la realidad educativa colombiana”, es parte del texto.
Otros puntos mencionados por los líderes están enfocados en aspectos que provocarían vulneración y riesgos significativos, indicando que los ponentes (entre los que están los senadores María José Pizarro, Carlos Benavides o Julián Gallo) están mostrando un “desconocimiento de la autonomía universitaria, mediante la exigencia de modelos de gobernanza que favorecen intromisiones políticas y de gobiernos particulares”.
Estos son otros puntos que son cuestionados por los firmantes de la carta:
- “La falta de reconocimiento al sistema mixto, conformado por instituciones de educación oficiales y no oficiales, reconocido por la Corte Constitucional y que ha sido determinante en la estructura, funcionamiento y cobertura de la educación superior”.
- “La invisibilización de la educación terciaria, eje articulador de diferentes vías de cualificación para los ciudadanos, que pueda garantizar la pluralidad y la equidad en el acceso, así como anticipar y responder, ágil y oportunamente, a los enormes retos que enfrentan nuestro país y el planeta”.
Los firmantes indican que el proyecto no tiene en cuenta la viabilidad fiscal, afirmando que no hay garantías que comprueben que será sostenible su implementación.
“Asimismo, no se puede perder de vista la viabilidad fiscal de la ley, así como el estudio juicioso de los recursos necesarios para su desarrollo. Se señala una falta de garantías de financiación adecuada y sostenible para su implementación, lo que podría llevar a su fracaso práctico por falta de recursos. Desde el laboratorio de economía de la educación de la Universidad Javeriana, se ha estimado que solo la expansión de cobertura estatal para el año 2025, desde la educación inicial hasta la superior”.
Por último, en el documento indican que una posible aprobación del proyecto provocaría frustración en la ciudadanía, por lo que piden tomar las medidas necesarias para evitar que esto se registre.
“La aprobación de una nueva ponencia del gobierno, en su forma actual, generará frustración en miles de ciudadanos que ven en la educación superior un vehículo de movilidad social y laboral, además de lastimar los acuerdos y consensos co-construidos previamente con los actores involucrados en este proceso”, es como concluye la carta.