Fiscalía presentó un preacuerdo al exrepresentante legal de Centros Poblados, en el caso del millonario robo

La Fiscalía General de la Nación presentó un preacuerdo con Luis Fernando Duque, exrepresentante legal del consorcio Centros Poblados, en relación con el robo de 70.000 millones de pesos destinados al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC). Este acuerdo, que busca beneficios en la condena del apoderado, fue presentado ante un juez de la República para su validación.

Luis Fernando Duque enfrenta cargos por falsedad en documento privado, fraude procesal y peculado por apropiación en favor de terceros. Como parte del preacuerdo, Duque ha aceptado su culpabilidad en estos delitos. A cambio, la Fiscalía ofreció beneficios, incluida la reducción de su rol de coautor a cómplice. Esto resultaría en una pena de 52 meses de prisión, equivalente a cuatro años y tres meses, o menor.

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El preacuerdo también especifica que Duque no tendrá que devolver dinero al Estado, ya que no hay evidencia de que se haya beneficiado financieramente del anticipo.

Luis Fernando Duque, junto con Juan José Laverde y Emilio Tapia, fue responsable de gestionar las pólizas falsas que se presentaron a través de la plataforma Secop II. Estos documentos fueron utilizados para engañar al MinTIC y asegurar el anticipo de $70,000 millones. El exrepresentante legal admitió que estaba al tanto de la falsedad de estos documentos, lo cual confesó ante el juez durante las audiencias.

De acuerdo con el caso, desde el inicio del escándalo, estuvo dispuesto en cooperar con la justicia para aclarar los hechos. Además, Duque afirmó que toda su cooperación está registrada en los interrogatorios y documentos judiciales, y que no hay evidencia de que se haya quedado con parte del dinero que Emilio Tapia y otros involucrados sustrajeron.

Durante su intervención en la audiencia, Duque enfatizó que no tiene antecedentes penales y que nunca había representado a terceros en contratos con el Estado. Afirmó que conoció a Emilio Tapia solo después de que se presentó la oferta para participar en el contrato del MinTIC.

El empresario explicó: “No tenía ningún vínculo comercial ni personal con el señor Tapia, con el señor Cáceres, a pesar de que nos conocíamos. Mi experiencia y mi hoja de vida fueron la razón para invitarme a participar en el proyecto.”

El caso inició en junio de 2021, cuando se reveló que la Unión Temporal denominada Centros Poblados había presentado de manera fraudulenta garantías bancarias falsificadas con el propósito de asegurarse la adjudicación del lucrativo contrato otorgado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (MinTic), en cabeza de Karen Abudinen, ministra para ese momento. Este contrato tenía como objetivo proporcionar acceso a internet a poblaciones vulnerables en áreas rurales de Colombia, y estuvo acompañado de un adelanto financiero irregular por un monto de $70.000 millones.

Durante el proceso judicial se conoció el nombre de Emilio Tapia, el cual fue identificado como el presunto cerebro detrás de la trama corrupta, enfrenta graves acusaciones relacionadas con su participación en el desfalco millonario perpetrado a través de la adjudicación irregular del contrato a la unión temporal. Este empresario, reconocido por su influencia en las contrataciones públicas, fue señalado de haber orquestado una serie de maniobras fraudulentas para asegurar la obtención del contrato en cuestión.

El modus operandi de Tapia en este caso fue objeto de investigaciones por parte de las autoridades judiciales, que recopilaron evidencia sobre su participación en la manipulación de documentos y la falsificación de información para obtener ilegalmente beneficios económicos derivados del millonario contrato de internet para escuelas rurales. Según las indagaciones, el empresario creó una unión temporal ficticia, la cual fue utilizada como fachada para desviar fondos públicos y enriquecerse ilícitamente.

Las acusaciones contra Emilio Tapia incluyen la presunta apropiación indebida de más de $5.000 millones de pesos, así como su participación activa en la creación de la Unión Temporal Centros Poblados mediante el uso de empresas fantasma y la presentación de documentación falsa.