Caso Chiquita Brands: presuntos responsables de financiación a paramilitares podrían quedar sin juicio en Colombia

La empresa Chiquita Brands International deberá pagar 38,3 millones de dólares a las familias de ocho víctimas por su responsabilidad en la financiación de grupos paramilitares en Colombia, según el fallo de un tribunal federal de Estados Unidos.

Pero esta sentencia, considerada histórica al ser la primera vez que una empresa multinacional es declarada responsable de estos actos en territorio estadounidense, aunque bajo un proceso civil, despertó el malestar de las víctimas del conflicto, tras los escasos avances que ha tenido la justicia colombiana en el caso.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Sebastián Escobar, abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo que representa a varias víctimas, expresó su descontento por los avances en Colombia. “El fallo en Estados Unidos manda un mensaje potente sobre la responsabilidad de empresas con el paramilitarismo”, señaló Escobar en una entrevista con Colprensa.

Y es que el juicio en Colombia investiga la misma financiación a grupos paramilitares entre 1997 y 2004, pero se ha concentrado principalmente en el delito de concierto para delinquir. “En Colombia, la justicia se ha enfocado en la financiación y no en la atribución de responsabilidad por los crímenes cometidos bajo dicho financiamiento”, añadió Escobar.

De hecho, la investigación en manos de las autoridades colombianas, iniciada en 2007, ha enfrentado múltiples obstáculos, empezando por la acusación a once directivos, tanto de Chiquita Brands como de sus filiales, que permanece estancada desde 2019.

“Han pasado casi cinco años desde que la acusación quedó en firme y el juicio aún no ha culminado”, indicó el abogado, quien también mencionó que la defensa ha requerido un “número bastante alto de testimonios” que ha ralentizado el proceso.

Incluso, el equipo defensor ha solicitado más de 50 testigos para la fase de juicio, generando una dilación en el proceso. “Es desproporcionado pretender introducir este número tan alto de testimonios en el juicio”, comentó el abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

Una preocupación adicional es la posible prescripción del crimen. Aunque los hechos están declarados como de lesa humanidad, lo que generalmente garantiza la imprescriptibilidad, existe un riesgo procedimental; es decir, que las personas vinculadas al proceso estarían próximas a quedar fuera del caso.

“Estimamos que se puede dar ese fenómeno en septiembre del año próximo. Al día hoy faltan cerca de la mitad de los testigos. Sí, hay un riesgo de prescripción”, agregó. De hecho, el togado aclaró que, a pesar de las condiciones bajo las que se investiga la presunta financiación, ninguna persona vinculada al caso puede estar sometido eternamente a investigación.

“En cualquier momento la Fiscalía puede seguir profundizando en las investigaciones de los crímenes que son declarados como de lesa humanidad. Sin embargo, una vez una persona es vinculada a un proceso, a esta no se le puede mantener subjudice bajo un proceso sin términos”, señaló Escobar a la agencia.

Los directivos en juicio, según informó Colprensa, incluyen a Charles Dennis, gerente de C.I. Banadex desde 1990 a 2000, Reinaldo Elías Escobar, integrante de su junta directiva de 1995 a 1998, y Víctor Julio Buitrago, jefe de seguridad de Banadex S.A., entre otros. Escobar, en representación de las víctimas, considera paradójico que “un juez extranjero tome una decisión primero”, siendo que los hechos ocurrieron en Colombia.

En cuanto a otros procesos similares, en Colombia se reconoce un vínculo entre ciertos sectores empresariales y grupos paramilitares. La región de Urabá es ejemplar de este fenómeno, incluyendo actividades de diversas fincas bananeras. “Entiendo que hay varias investigaciones en Antioquia relacionadas con la financiación de paramilitares por parte de empresas bananeras”, agregó Escobar, aunque no conoce en qué fase están las mismas.

Entretanto, el fallo en Estados Unidos es visto con esperanza, esperando que sirva como estímulo para que las investigaciones locales avancen. “Es un mensaje claro de que las empresas pueden ser responsabilizadas por financiar el paramilitarismo”, concluyó Sebastián Escobar.