Un hombre identificado como Néstor Luis Rivas González, de 33 años, fue enviado a la cárcel de manera preventiva luego de haber sido capturado en flagrancia el pasado 7 de junio por la Policía de Cúcuta. Rivas es acusado de asesinar a dos habitantes de calle en el desagüe conocido como Canal Bogotá, que atraviesa la ciudad de sur a norte.

En el momento de su captura, Rivas tenía en su poder una pistola, esa sería el arma que habría utilizado para cometer los homicidios. En su poder también tenía un celular con el que habría hecho una videollamada durante el crimen, a través de la cual, aparentemente, recibía instrucciones.

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De acuerdo con testimonios que conoció el medio local Noticias Cúcuta, Rivas vivía en Barinas (Venezuela), de donde es originario y, al parecer, habría viajado desde ese lugar hasta la capital de Norte de Santander para cometer el crimen.

Luego de mantener una breve conversación con sus víctimas, Rivas atacó a disparos a una pareja que se encontraba en el lugar. El hombre, de entre 20 y 26 años, recibió seis impactos de bala; mientras que la mujer, de entre 30 y 35 años, fue alcanzada por tres disparos. A pesar de ser trasladada a un centro asistencial, la mujer falleció debido a la gravedad de sus heridas. Minutos después del ataque, el hombre fue capturado por la Policía cuando intentaba huir de la escena.

De acuerdo con el reporte de la Policía, “una de las personas falleció en el lugar de los hechos mientras que otra fallece en el hospital. Haciendo las pesquisas de indagación se trata de, al parecer, un tema de estupefacientes”. Las autoridades no descartan que se trate de un caso conocido como “limpieza social”, una práctica en la que se asesinan a personas que pertenecen a sectores vulnerables de la población para generar terror.

“Las imágenes y videos llegaron a la central de radio de la Policía y, por la efectividad, logran la llegada del cuadrante y evita que esta persona también se lesione o lo haga a un tercero”, indicó el subteniente de la Policía de Cúcuta, coronel Leonardo Cárdenas.

Un fiscal de la Seccional Norte de Santander imputó a Rivas los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambos agravados. Sin embargo, Rivas no aceptó los cargos. Además, se le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad, ordenando su reclusión en la cárcel Modelo de Cúcuta.

Este caso ha generado preocupación en la comunidad de Cúcuta, especialmente entre los defensores de derechos humanos y organizaciones que trabajan con la población de habitantes de calle. Las autoridades locales han reforzado las medidas de seguridad en áreas vulnerables de la ciudad; este hecho ocurrió en el barrio El Callejón, una zona conocida por su alta incidencia de delitos. Entonces, la Policía busca prevenir futuros actos de violencia en esta zona.

A principios de junio de 2024, la comunidad del barrio Sevilla de Cúcuta se sorprendió porque alrededor de 30 casas fueron marcadas con grafitis alusivos al grupo ilegal Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo. Las marcas no solo tenían las siglas del EGC, sino que también marcaban la frase “limpieza social”. Más allá de generar pánico, los letreros pueden indicar una disputa entre bandas mediante amenazas e intimidaciones.

El EGC o Clan del Golfo es un grupo armado disidente de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia. Este ha sido históricamente uno que ha sembrado el terror en Cúcuta. Actualmente es considerado uno de los grupos armados con más presencia en el país.

Wilfredo Cañizares, líder social de la región y director de la Fundación Progresar, ha trabajado incansablemente por los derechos humanos en Norte de Santander. Cañizares le dijo al medio Rutas del Conflicto que este tipo de crímenes se remontan a los años 80, cuando las guerrillas ingresaban a sectores marginales con vacíos de poder y ausencia estatal. “Buscaban asesinar a los consumidores de drogas, mujeres dedicadas a la prostitución, ladrones, gente señalada por la misma comunidad como indeseada, para lograr tener control de la zona y apoyo de los habitantes”, explicó el líder social.

Desde 1999, con la presencia de paramilitares y el auge del conflicto en el departamento, esta modalidad de asesinatos conocida como “limpieza social” se volvió un método común para expandir el control territorial y establecer operaciones de microtráfico.