Alerta por abandono estatal y contratación con las JAC: casi el 15% de la población está controlada por grupos armados

La violencia en Colombia, en medio de diferentes procesos de paz que adelanta el Gobierno del presidente Gustavo Petro con organizaciones armadas, está generando preocupación. El integrante del equipo negociador del Gobierno en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie Rivera, presentó datos del International Crisis Group (ICG) que evidencian la forma en la que operan los grupos armados en el país.

Por medio de una columna de opinión publicada en Contexto ganadero, Lafaurie, indicó que, en una reunión secundada por la embajada de Irlanda, la instancia internacional ICG hizo una descripción “descarnada” de la violencia en Colombia. Indicó que, en el país, casi el 15% de la población está viviendo bajo el control de las organizaciones criminales; allí no hay una verdadera administración del Estado.

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En esas zonas del territorio nacional abandonadas por el Estado, los actores armados utilizan dos estrategias para imponer su poder: la seducción y la violencia. Primero, se muestran entregando regalos a los niños y niñas, donan mercados a la ciudadanía más vulnerable, apoyan obras públicas con dineros ilícitos y generan empleo por medio de empresas ilegales. Incluso, se encargan de administrar justicia.

Esto ya se ha visto en varias oportunidades. En enero de 2024, las disidencias de las Farc entregaron útiles escolares en El Dorado (Huila); en febrero, también regalaron kits escolares en Nariño, los cuales tenían los rostros de excomandantes guerrilleros como el Mono Jojoy y Jesús Santrich; y en marzo, entregaron útiles a niños de Norte de Santander y grabaron a una menor de edad dando las gracias por ello.

En junio de 2023, tanto las disidencias de las Farc como el ELN inauguraron un puente y una vía en Norte de Santander. “Nosotros dimos la palabra, la comunidad no lo pidió y es la carretera que ustedes miran aquí, queríamos demostrar que sí es posible marcar la diferencia, cuando hay determinación y hay entrega”, dijo en su momento el comandante del frente 33 de las disidencias, Andrey Avendaño.

Sin embargo, estas acciones benéficas cesan en algún momento y empieza la “estrategia del miedo” contra los habitantes. Aunque todos pueden estar en riesgo, hay dos grupos vulnerables que se han convertido en su “blanco preferido”: las Juntas de Acción Comunal y las comunidades étnicas. Entonces, reclutan informantes y cooptan las juntas.

Las comunidades étnicas son un punto de ataque porque son propietarias de zonas ricas en minerales y de rutas de transporte importantes. Por su parte, las JAC influyen en la población y son útiles por su capacidad de contratación.

“Paradójicamente, se trata de dos grupos sociales protegidos por el Gobierno a partir de recursos que fluyen sin recortes. La ineficiente contratación mínima con las JAC para infraestructura básica siempre ha existido, pero el gobierno Petro pretendió volverla exclusiva para convertir a las JAC en “gestoras de la economía popular”, lo cual fue rechazado por el Consejo de Estado”, detalló Lafaurie en la columna.

Esto resulta preocupante porque algunas JAC están bajo el control de los grupos armados y, por ende, no es claro de qué manera se administrarán los recursos que el Gobierno Petro les ha entregado. “En año y medio, el Gobierno les entregó a 20 organizaciones la bicoca de ¡$198.237.808.986! en contratos para disímiles y extraños propósitos”, precisó.

En ese sentido, Lafaurie lanzó algunos cuestionamientos que giran en torno a cómo se ejercerá control sobre los recursos. “¿En medio de sus prerrogativas de autogobierno, que serán fortalecidas por un decreto anunciado por el DNP, esas minorías están sujetas al control fiscal? ¿A qué se destinan esos recursos, en un entorno de control de grupos armados en sus regiones?”, preguntó el negociador de paz en la columna.