Procuraduría investiga presuntos hechos de corrupción en la versión 50 del Festival Folclórico de Ibagué

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación a funcionarios de la Alcaldía Municipal de Ibagué por presuntas inconsistencias en la contratación de la logística para llevar a cabo la versión 50 del Festival Folclórico Colombiano, que va del 15 al 30 de junio de 2024.

En este caso, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué investiga posibles hechos de corrupción que se habrían presentado en el bilateral suscrito con León Gráficas por $8.034′790.377, pues, al parecer, hubo falta de planeación e incumplimiento de los términos de las etapas del proceso, así como posibles sobrecostos.

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De acuerdo con el Ministerio Público, uno de los abogados del caso denunció “que existe un derroche y presunta corrupción (…) que se van a gastar más de $2.700 millones en tarimas y otros elementos, recurso que hubiera servido para comprar estos bienes” y que, respecto a la alimentación, “tenemos tamales desde $21.000, hospedaje por pareja de $1.300.000 entre múltiples circunstancias que generan un grave detrimento fiscal”.

De este modo, el ente de control también averigua si, de manera arbitraria, la administración municipal alteró el cronograma del proceso, quitando la posibilidad de que se diera cumplimiento al traslado legal del informe de evaluación que ordena la ley.

La entidad decretó la práctica de pruebas con el fin de verificar la posible ocurrencia de conductas irregulares, y determinar si son constitutivas de falta disciplinaria.

El Ministerio Público formuló pliego de cargos contra el diputado del Cesar Manuel Gutiérrez Pretel por presuntas irregularidades en un proceso contractual de 2021.

El ente de control investiga si el funcionario, en su condición de presidente del Concejo Municipal, suscribió un contrato para apoyar la administración, operación, coordinación y ejecución de un plan de medios, para el primer periodo de 2021, con la Casa Editorial del Caribe S.A.

Por lo tanto, la Procuraduría verifica las posibles inconsistencias en la suscripción del bilateral, ya que, al parecer, no cumplía con los requisitos técnicos correspondientes, además de no contar con la experiencia exigida en la invitación pública y determinados por la ley para llevarlo a cabo de manera adecuada.

Debido a esto, el ente disciplinario comprueba la posible transgresión del diputado a los principios de transparencia, selección objetiva y responsabilidad de la función pública.

La Procuraduría General de la Nación solicitó al Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas (Ipse) que revocara una licitación controversial. Esta situación puso al descubierto potenciales irregularidades en el contrato, cuyo valor asciende a 52.661 millones de pesos.

El proyecto tiene como meta principal mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales dispersas en el municipio de Manaure, ubicado en el departamento de La Guajira, a través de la construcción e implementación de proyectos energéticos sostenibles.

El Ministerio Público señaló que el concurso presentó problemas que afectan la transparencia del proceso. Por ejemplo, existe una falta de consulta previa y varias inconsistencias en el diseño y cálculo del indicador de capital de trabajo. Además, se cuestionó el puntaje entregado por experiencia en el sector, insinuando posibles errores y corrupción en el proceso de adjudicación.

“Para el Ministerio Público no se soporta válidamente en los documentos del proceso, la forma como la entidad estableció un requisito habilitante de orden financiero correspondiente a capital de trabajo en un porcentaje del 60%”, explicó Marcio Melgosa Torrado, procurador delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública.

Este criterio financiero podría excluir a varias empresas del concurso, ya que el pliego solicita que tengan más de 30.000 millones de pesos como capital de trabajo necesario para iniciar el proyecto.