Las EPS están obligadas a proveer tratamientos a personas con discapacidad tras fallos judiciales

Después de una prolongada batalla jurídica, la Personería de Bogotá logró un fallo favorable para un grupo de personas con discapacidad en 10 acciones de tutela contra diversas EPS, de acuerdo con información obtenida por el medio de comunicación colombiano El Espectador.

Estas entidades ahora están obligadas a proporcionar tratamientos médicos, elementos ortopédicos y sillas de ruedas a los miembros de la Fundación Misioneros Divina Redención (FUMDIR), quienes habían sido privados de una atención adecuada y digna.

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Uno de los casos emblemáticos es el de Rosa Camila Alzate, de 25 años, quien padece insuficiencia renal crónica, dermatitis y parálisis cerebral espástica.

Necesitaba un aparato ortopédico y una silla de ruedas especial, pero su EPS había rechazado su solicitud. “El juez ordenó a la EPS el tratamiento integral, que incluye la entrega de los insumos solicitados, sin dilación alguna o trámite administrativo adicional”, afirmó Andrés Castro Franco, personero distrital.

Otro caso que ilustra la negligencia de las EPS es el de Julián Eduardo Dimate, de 21 años, quien sufre de parálisis cerebral y otras afecciones graves. Su EPS le había negado una silla de ruedas pediátrica y otros aparatos necesarios para su bienestar. Ahora, gracias al fallo judicial, Julián recibirá los elementos necesarios sin trámites burocráticos.

En 2023, la Personería de Bogotá recibió 16.747 solicitudes relacionadas con dificultades en el acceso a la salud. En respuesta, se presentaron 7.279 tutelas y 235 impugnaciones para proteger este derecho fundamental.

La Personería ha subrayado su compromiso de continuar trabajando incansablemente para garantizar los derechos de todos los ciudadanos, especialmente de aquellos en situaciones de vulnerabilidad.

“La Personería de Bogotá trabaja incansablemente para garantizar los derechos de los ciudadanos, especialmente de aquellos en situaciones de vulnerabilidad”, se destaca en el documento emitido por la entidad. Este esfuerzo refleja su dedicación a brindar auxilio a quienes más lo necesitan, asegurando que los derechos a la salud sean respetados y cumplidos.

Esta serie de decisiones judiciales marca un precedente significativo en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad en Bogotá. La intervención de la Personería ha sido crucial para asegurar que las EPS cumplan con sus obligaciones y proporcionen el cuidado necesario a aquellos que dependen de sus servicios.

La Asociación Colombiana de Nefrología lanzó una advertencia frente a la situación en la que se encuentran alrededor de 3,5 millones de pacientes renales que existen en el país, debido a la incertidumbre que hay actualmente en el sistema de salud y de cara al futuro.

Expertos han mencionado que el sistema atraviesa la peor crisis financiera de los últimos 30 años. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) valoró el déficit de toda la cadena de valor en 9,6 billones de pesos y, al parecer, la situación está lejos de mejorar, según el gremio.

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En este caso, Colombia tiene cerca de 3,5 millones de personas con algún grado de daño renal; 1.5 millones de pacientes reportados a la cuenta de alto costo. Las cifras incluyen a 1.100.000 hipertensos o diabéticos con enfermedad renal crónica, 45.000 en diálisis y 8.000 trasplantados que necesitan atención permanente. Además, cabe resaltar que alrededor de 6.000 personas están esperando un trasplante riñón.

El presidente de la Asociación de Nefrología, Luis Ramón Barros, emitió un comunicado alertando al Gobierno nacional, al Congreso, a las EPS y a todos los prestadores de servicios, ya que no solo los pacientes renales son en su mayoría de alto riesgo, sino que además no pueden parar sus respectivos tratamientos.

Pese a las dificultades en los últimos meses, la asociación, que agrupa a más de 400 nefrólogos, no ha suspendido la atención a los pacientes, aunque mantienen el temor por la intervención de las EPS, el desabastecimiento de medicamentos, el retraso de pagos a los prestadores de servicios y la lentitud en algunos procesos del Invima.

La situación empieza a extenderse a otras asociaciones de médicos que esperan una pronta solución. Esto debido a que, en las condiciones actuales, el sistema se enfrentará a una desfinanciación en 2024 de 9,9 billones de pesos y al no haber corregido los faltantes históricos estimados, el total ascendería a $26,5 billones.