El 12 de junio, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) entró en paro indefinido por sus reparos a la aprobación del proyecto de ley estatutaria de de Educación, el 5 de junio, por la Comisión Primera del Senado de la República.
Al respecto, el viceministro de Educación, Óscar Sánchez, explicó a Blu Radio algunos puntos que tiene furioso a un sector del magisterio, entre ellos, el concerniente a la evaluación de los docentes.
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El funcionario enfatizó en que, al parecer, hubo una malinterpretación del artículo que se refiere a la evaluación docente, al señalar que esto se produjo por una frase de la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia.
“Todos los docentes y directivos docentes participarán de procesos de evaluación sin fines punitivos, para el apoyo y seguimiento continuo a su crecimiento profesional y personal”, afirmó Sánchez, y resaltó que este procedimiento se realizará de forma transparente y para ello se incluirán autoevaluaciones, coevaluación y heteroevaluación.
Sánchez destacó en la entrevista que las evaluaciones buscan mejorar la calidad educativa en Colombia, evaluando diversas áreas del desempeño docente, como capacidades pedagógicas, trabajo en equipo y liderazgo comunitario. No obstante, algunos sectores, incluido el sindicato de docentes, consideran reduccionista la inclusión de una evaluación basada en las calificaciones de los estudiantes.
“La frase desafortunada que metió Paloma Valencia en el último minuto no contempla todo lo que debería incluirse en la evaluación de un profesor”, enfatizó Sánchez al medio anteriormente citado.
Y es que la senadora del Centro Democrático ha afirmado que estas evaluaciones tendría como propósito identificar los malos profesores para tomar decisiones, lo que habría provocado la indignación de dicho sector.
“Qué significa evaluación, no conversar con los maestros, sino realmente poderlos evaluar de manera obligatoria y tomar decisiones para la formación de los niños (...) Metimos un criterio adicional que es el desempeño de los niños. Usted puede tener un colegio donde les va más o menos bien en todas las materias, pero hay una materia donde les va muy mal. Usted ya tiene una señal sobre qué le está pasando a ese profesor y que es un mal profesor”, indicó en un video.
Fecode, por su parte, rechazó que se implemente una evaluación docente. “(El Ministerio de Educación) incluyó inconsultamente el mandato de los organismos multilaterales de subordinar la evaluación docente a resultados que no dependen exclusivamente de la práctica pedagógica, sino de múltiples factores asociados a la educación que le corresponde garantizar al Estado, convirtiéndose de facto en perversa y punitiva, desconociendo su carácter pedagógico transformador y constructivo”, expuso la federación.
Este punto ha sido uno de los más polémicos, que incluso ha llevado a afirmar que a Fecode, según Valencia, no le gusta que los evalúen, “considera que eso tiene que ser una cosa pedagógica, porque el derecho a mantener el trabajo es más, más importante que el derecho a la calidad de la educación de los niños. Lo importante –como lo dice la Constitución– son los derechos de los niños”, afirmó a El Colombiano.
Los puntos flacos de la Ley estatutaria de Educación
En la entrevista con Blu Radio, Sánchez enumeró tres aspectos críticos a superar para la aprobación de la Ley de Educación: la evaluación docente, el destino de los recursos públicos y la cobertura de la educación preescolar. El viceministro puntualizó en la importancia de priorizar la educación pública en la distribución de los fondos, indicando que “los recursos públicos deberían ser prioritariamente para lo público”.
Sobre la educación preescolar, Sánchez reconoció la urgencia de ampliar la cobertura y mejorar la infraestructura. Informó que la ley destinará recursos para implementar preescolar de tres grados en las escuelas públicas y mencionó la contratación de 6.000 nuevas maestras para atender zonas rurales y dispersas.
En cuanto al presupuesto educativo, el viceministro explicó que la ley obligará al Estado a destinar el máximo de los recursos disponibles de forma creciente y no regresiva para garantizar el derecho a la educación. Se estima que para el año 2037 todos los niños y adolescentes en Colombia tendrán acceso a una educación de calidad. “Ya logramos con la reforma tributaria de este Gobierno, pasar de 55 a 70 billones de pesos hoy”, detalló Sánchez, lo cual ha permitido aumentar los recursos del Sistema General de Participaciones para la educación básica hasta 2029.
“El proyecto es muy bueno como salió de la Cámara y espero que la semana entrante se apruebe”, concluyó Sánchez.