La Procuraduría General de la Nación puso la lupa sobre un caso de presunto constreñimiento ilegal del que habría sido víctima una mujer en medio de un proceso de restablecimiento de derechos del que debía beneficiarse.
De acuerdo con el organismo de control, la ciudadana María Isabel Niño fue violentada en sus derechos cuando estaba haciendo los trámites necesarios con la Comisaría de Málaga (Santander) para que su hijo, que estaba en un hogar sustituto, le fuera devuelto.
En medio del proceso, presuntamente, la comisaria Sileidy Katherine Peña Palencia habría presionado a la mujer para que se sometiera a un proceso quirúrgico o, de lo contrario, no le regresaría a su hijo. Al parecer, la funcionaria le dijo que debía hacerse una ligadura de trompas para no tener más hijos y así garantizar el retorno del menor de edad.
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De acuerdo con Profamilia, la ligadura de trompas es un método de anticoncepción que se lleva a cabo por medio de una laparoscopia y que implica la cauterización de las trompas de Falopio para evitar que el óvulo llegue al útero. A pesar de que es un método definitivo, existe una manera de revertirlo: a través de la recanalización de las trompas.
Ahora bien, el acceso a este procedimiento debe ser consentido y voluntario, contrario a lo que habría pasado con la ciudadana María Isabel Niño. Por eso, la Procuraduría profirió pliego de cargos contra la comisaria en cuestión y continúa con la investigación para determinar las sanciones por presuntas faltas disciplinarias.
“El Ministerio Público verifica la posible vulneración de la servidora pública de los principios de moralidad, lo cual conlleva su responsabilidad por tener una conducta integra y respetuosa. De esta manera, la Procuraduría Provincial de Bucaramanga calificó la presunta falta de Peña Palencia como gravísima, a título de dolo”, indicó el organismo de inspección y vigilancia en un comunicado.
Cabe resaltar que la conducta de constreñimiento ilegal también está tipificada en el Código Penal Colombiano y se define de la siguiente manera: “El que, fuera de los casos especialmente previstos como delito, constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa”. Quien incurra en este delito, podría ser privado de la libertad entre 16 y 36 meses, de acuerdo con la normativa.
La anticoncepción forzada en el conflicto
El hecho de obligar a las mujeres a utilizar métodos anticonceptivos no es algo nuevo en Colombia. Durante el conflicto armado, varias mujeres fueron sometidas a la esterilización forzada que, según la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, es una de las formas de violencia reproductiva menos documentada en el país.
Diferentes grupos armados reclutaron a menores de edad que después fueron sometidas a intervenciones para que no tuvieran la posibilidad de quedar en embarazo. “Nos mandaban a capar para que no tuviéramos hijos. Y eso lo hicieron en el hospital. Se llegaba y se les pedía a las mujeres que iban a la jornada de desconexión, porque es que como nosotras éramos unas burras, unas perras pariendo. Saben que somos de pueblo y las mujeres de pueblo tenemos que tener nuestros hijos”, contó una lideresa de Santa Marta, cuyo testimonio fue recogido por el Centro Nacional de Memoria Histórica.
Según detalló la Comisión de la Verdad, el Centro de Derechos Reproductivos hizo una revisión de más de 60 informes públicos y encontró que el grupo paramilitar Autodefensas Campesinas del Casanare y el Bloque Norte fueron responsables de varios casos de anticoncepción forzada en Colombia. Además, las mujeres que ejercían trabajo sexual en diferentes zonas del país también fueron obligadas por los paramilitares a utilizar métodos anticonceptivos.
Por su parte, hombres armados del Bloque Norte de las AUC de Córdoba y Magdalena sometían a mujeres civiles a la esclavitud sexual y, cuando quedaban en embarazo, las hacían pasar por procedimientos de aborto forzado.