Proceso penal contra exdirectivos de Chiquita Brands en Colombia estaría en riesgo de prescripción

El proceso penal en Colombia contra diez exdirectivos de filiales de la multinacional bananera Chiquita Brands está en riesgo de prescribir. La alerta fue emitida por el abogado de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que es víctima en este caso, según informó la cadena radial La FM. La comunidad acusa a los sujetos de supuestamente financiar a los exparamilitares en la región.

La empresa Chiquita Brands International aceptó haber pagado aproximadamente 1,7 millones de dólares a tres bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), según un comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos fechado en 2007. El documento señala que la compañía continuó realizando los pagos a pesar de que el Gobierno de Estados Unidos había designado al grupo paramilitar como Organización Terrorista Internacional (FTO).

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Por eso, la Fiscalía General de la Nación lleva a juicio a diez altos ejecutivos de las filiales de Chiquita Brands por actividades durante las décadas de 1990 y 2000. En septiembre de 2019, la entidad judicial ratificó su acusación por el delito de concierto para delinquir. Posteriormente, en 2021, el Tribunal Superior de Antioquia desestimó alegatos sobre una supuesta violación al debido proceso.

Uno de los acusados es Álvaro Acevedo González, que fue gerente general y representante legal de Banadex, la filial más productiva de Chiquita Brands en Colombia, entre 2001 y 2004. Según el escrito de acusación, durante este período se realizaron 18 pagos a las ‘convivir’ por más de 1.400 millones de pesos colombianos, incluidos 338 millones de pesos al paramilitar Carlos Tijeras en Santa Marta.

Cabe resaltar que las ‘convivir’ fueron grupos creados con el objetivo de prestar servicios de vigilancia y seguridad privada en forma remunerada a una comunidad, como parte de las AUC.

A lo largo de los años, la justicia reveló que las organizaciones Convivir fueron usadas por facciones de las AUC para legalizar los pagos de Chiquita Brands. El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso declaró que recibían tres centavos de dólar por cada caja exportada. En 2007, el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó la millonaria financiación de la multinacional a esta organización, considerada como terrorista extranjera.

La acusación de la Fiscalía también señala que desde la sede corporativa de Chiquita Brands en Cincinnati se aprobaron pagos a las AUC de Santa Marta a través de “Manager funds” vinculados al volumen exportado por las fincas de la región. Entre los acusados se encuentra Víctor Manuel Henríquez Velásquez, ex presidente ejecutivo de Banacol, empresa que la Fiscalía considera una filial de Chiquita, aunque la compañía lo niega.

Reinaldo Elías Escobar de La Hoz, exabogado de Banadex y miembro de la junta directiva entre 1995 y 1998, es otro de los acusados. Las pruebas indican que asistió a una reunión en 1997 en la finca Montecasino de Carlos Castaño, alias Comandante, donde se concretaron las entregas de dinero. Además, está acusado de aprobar pagos a ‘las convivir’como representante legal de Banadex, incluso después de que el gobierno estadounidense catalogara a las AUC como organización terrorista.

Así, los exdirectivos que están siendo juzgados incluyen a:

1. Charles Dennis, gerente de C.I. Banadex (1990-2000)
2. Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, abogado y miembro de la junta directiva de C.I. Banadex (1995-1998)
3. Víctor Julio Buitrago Sandoval, jefe de seguridad de Banadex S.A.
4. John Paul Olivo, contralor de Banadex (1996-2001)
5. Fuad Alberto Giacoman Hasbún, sucesor de John Paul Olivo
6. José Luis Valverde Ramírez, gerente general de C.I. Banadex (2000-2002)
7. Álvaro Acevedo González, gerente general de Banadex S.A.
8. Víctor Manuel Henríquez Velásquez, presidente ejecutivo de Banacol S.A. y miembro de la Junta Directiva hasta 2018.
9. Jorge Alberto Cadavid, vicepresidente financiero de C.I. Banacol S.A.
10. Javier Ochoa Velásquez, gerente de producción de C.I. Banacol S.A. desde 2004 hasta 2012.

Por esta razón, deberán compensar a un grupo de ocho familias, que sufrieron la pérdida de un ser querido a manos de paramilitares que, entre 1997 y 2004, recibieron una significativa suma de dinero de una empresa de renombre mundial. En Colombia, altos ejecutivos involucrados en el caso están siendo juzgados, pero la justicia en este país aún no ha emitido su veredicto y se rumora que hasta podría prescribir.